Un futuro incierto tras la ruptura
La negociación para que Reino Unido abandone la Unión Europea sólo puede comenzar una vez que Londres active el Artículo 50 del Tratado de Lisboa. Éste, en vigor desde 2009, se limita a plantear indicaciones básicas.
La incertidumbre es total. El proceso dura dos años, pero las partes pueden prolongarlo. Durante ese tiempo (hasta abril de 2019, si se activa este marzo), las leyes europeas se siguen aplicando en Reino Unido, y éste sigue siendo un miembro con posibilidad de participar en todas las decisiones, excepto las referentes al Brexit. Por eso Londres puede mantener europarlamentarios y un comisario en la UE, Julian King, responsable de Seguridad.
Una metáfora de taberna planteada por un portavoz de la Comisión sirve para explicar cómo Londres quedará sujeto durante años a los caros compromisos que ya asumió: “Es como si vas al pub y pides una ronda de cervezas para 27 amigos. No te puedes ir de la fiesta hasta que llegue el final y pagues tu ronda”. Ivan Rogers, el ex embajador británico ante la UE, ya había advertido que a su país le costará 60 mil millones de euros el divorcio por proyectos e inversiones que ya tiene pactados: desde lanzamientos de satélites europeos a la pensión de los parlamentarios. El gobierno británico rechaza estas cuentas: decidir qué ocurre con ese dinero será uno de los puntos calientes del divorcio.
Activar el Artículo 50 inicia un proceso de negociación que lleva pendiente desde el día después del referéndum de salida, el 23 de junio de 2016. En ese momento el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció: “No habrá negociaciones secretas. Sin notificación, no hay negociación”.
Las dos gigantescas delegaciones europea y británica tomarán Bruselas en la próximas semanas. Por la UE liderará la negociación Michel Barnier, ex comisario europeo y ex ministro francés de Exteriores y Agricultura. Frente a él, David Davis, ministro británico para el Brexit.
El acuerdo que se alcance deberá ser aprobado por la Comisión, el Europarlamento y el gobierno de cada uno de los 27 Estados que sigan en la UE. Cualquier país pequeño podría frenarlo. Reino Unido lo votará también en su Parlamento, pero no influirá en la decisión de la UE.
Romper los acuerdos existentes es sencillo; lo difícil es crear los nuevos que regirán la relación entre Londres y Bruselas. Los expertos aseguran que fijar protocolos tomará al menos cinco años. El gobierno británico tiene que ejecutar tres operaciones a la vez: cerrar el acuerdo con la UE, enviar a encargados de negocios por todo el mundo para firmar pactos comerciales, y modificar sus leyes para que el país asuma competencias que ahora pertenecen a Bruselas.
El Daily Telegraph asegura que “sustituir la legislación europea resultará en una avalancha de nuevas leyes en el Parlamento británico”. Serían decenas de normas cada año durante décadas, referentes a temas de salud, competencia, seguridad, servicios financieros y empleo.
Ni siquiera está garantizado que se alcance un acuerdo. Los tratados europeos dejarán de aplicarse automáticamente a los dos años de invocar el artículo y, si no hay pacto, los lazos británicos con la UE se disolverán, las fronteras se cerrarán y los beneficios comerciales serán los mismos que se aplican a cualquier otro socio de la Organización Mundial del Comercio: un desastre para Londres. El miedo a ese vacío explica que el gobierno de Theresa May se tomara nueve meses para preparar las conversaciones.
Mientras los cambios legales al día siguiente de la invocación del Artículo 50 serán mínimos, los sicológicos parecen importantes. La policía británica anunció un plan para contener un repunte de la violencia contra los extranjeros. Hay millones de ciudadanos en la UE (continentales en Reino Unido y británicos en el continente) que no saben qué ocurrirá con sus vidas.