Una impugnación regresiva
Resulta extraño, absurdo, que después de que la Constitución Política de la Ciudad de México fue aprobada y votada por todas las fuerzas políticas, sea impugnada y la metan en la ruta de las controversias constitucionales. Esta acción la hubiera imaginado si los constituyentes hubieran sido sólo de izquierda, pero con el consenso plural resulta difícil entenderlo. Hay al menos siete fuentes de impugnación: la Presidencia de la República, la PGR, el Senado, el TSJDF, la CNDH, Morena y Nueva Alianza.
El debate que se ha abierto entre los impugnadores y los constituyentes resulta interesante. Aparentemente se trata de una pelea entre técnicos, los que objetan, y políticos, los que defienden. Como en toda nueva regla siempre hay asuntos que se pueden mejorar. Algunas voces críticas han dicho que el documento tiene un exceso de derechos, pero no se hace cargo de su viabilidad, de señalar de dónde van a salir los recursos necesarios para hacer realidad esos derechos. Otras críticas dicen que se trata de un texto desordenado de buenas intenciones.
A pesar de las críticas y descalificaciones que le hacen, hay que reconocer que esta carta constitucional es resultado de una victoria de la izquierda progresista, en donde se logró poner por delante los derechos y esfuerzos ganados en la ciudad, pero que no tenían una jerarquía constitucional. Esta Constitución expresa una visión actualizada y vanguardista, en donde se plantea un marco de derechos y obligaciones para vivir en una ciudad capital gobernada por la izquierda; una ciudad global, como dice Saskia Sassen. Tiene avances muy significativos sobre las constituciones de los estados y también sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya cumplió 100 años, y aquí están las razones de fondo de la impugnación.
La controversia centra sus argumentos en una invasión a las facultades del Congreso de la Unión, como legislar sobre agua, sanciones penales, reinserción social, regulación de justicia para adolescentes, migración, monumentos, materia laboral y educación. Otras impugnaciones van en contra de la ampliación de derechos sobre diversas materias, en donde sobresale el uso terapéutico de la mariguana. Algunos más van contra la supuesta invasión de facultades del Congreso en materia de salud y educación. También están a los que no les parece bien los cambios al Poder Judicial de la ciudad o la visión sobre los derechos humanos. De Morena destaca su inconformidad porque no se sometió a referéndum y el Panal por las facultades de las alcaldías (EL UNIVERSAL, 14/III/2017). Existe un gran conservadurismo en contra de derechos como matrimonio igualitario y aborto.
Los constituyentes han expresado algunas opiniones que es necesario considerar, dice Porfirio Muñoz Ledo que: no hay invasión de atribuciones porque se toma el criterio de las facultades residuales de la Constitución, es decir, “todo aquello que no está expresamente atribuido a los poderes federales queda reservado para las entidades federativas” (EL UNIVERSAL, 14/III/2017). Hay muchos avances que no están en el marco federal, como la revocación de mandato, derechos laborales más avanzados, el uso terapéutico de la mariguana y muchos más. También se puede destacar lo que dice Alejandro Encinas: “Se trata de (…) dar marcha atrás a los temas de educación sexual, dar marcha atrás al matrimonio igualitario, a una vida y a una muerte digna” (EL UNIVERSAL, 15/III/2017). Tal vez por eso el presidente de la Asamblea Constituyente dice que se trata de un “federalazo”.
La Constitución de la Ciudad de México es un documento del Siglo XXI, contiene una nueva generación de avances democráticos hacia los que tendría que ir el país para salir de la crisis actual. Por eso tiene razón Muñoz Ledo cuando afirma que: no han impugnado errores, que los puede haber, sino de lo que se trata es de “detener el proceso democrático del país” (EL UNIVERSAL, 14/III/2017). Muchos años pasaron para tener una Asamblea Constituyente y sería ingenuo pensar que a la primera se lograría tener una nueva generación de derechos democráticos. La lucha por una ampliación de derechos va para largo y la Suprema Corte tiene la palabra… Investigador del CIESAS. @AzizNassif