Negocios son negocios
A despacho de la máxima que señala negocios son negocios, business are business, el Senado analiza en comisiones un punto de acuerdo en exigencia de que el gobierno vete como proveedor a toda empresa o persona física nacional o extranjera que participe en
Impulsado este por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, la exposición de motivos señala que la muralla implica un golpe a la relación bilateral.
A la letra el texto señala que el gobierno en sus tres niveles se abstenga de contratar o adjudicar bienes o servicios a quienes participen directa o indirectamente en la obra.
El exhorto se planteó justo cuando Cementos Mexicanos se ubicaba en el ojo del huracán tras enviar a la Bolsa Mexicana de Valores un comunicado en el que señalaba como factores para impulsar su crecimiento en el país del norte la reforma fiscal que plantea el presidente Donald Trump, la construcción del muro fronterizo y la recuperación del sector energético.
Al fragor de éste las acciones de la cementera en el mercado Nasdaq de Estados Unidos saltaron 2.3% en su cotización, en tanto caían las de las similares del país vecino.
Lo cierto es que, denostada en las redes sociales, la empresa no se inscribió en el listado de posibles proveedores.
Quien lo hizo, momentáneamente, en cambio, fue una pequeña firma con sede en Puebla de razón social Ecovelocity, con la intención del colocar la iluminación del muro… pero solo del lado mexicano.
La compañía es propiedad de un ciudadano egipcio llamado Theodore Atalla, quien llegó al país hace 20 años.
Los materiales con los que trabaja los importa de China.
La razón de la empresa para exponerse al linchamiento mediático, hablaba de una oportunidad de crecer frente al muro que representa la corrupción en México.
Sin embargo, ante el ruido provocado la compañía decidió retirar su solicitud.
Otra firma que manifestó desde el anuncio su interés en proveer a las constructoras del muro es Cementos de Chiahuahua de la familia Terrazas, por más que tampoco se inscribió.
En el paréntesis la firma había señalado que siendo un productor importante a nivel internacional, no podría ser selectivo.
Ésta, al igual que Cemex, tiene plantas en Estados Unidos.
En el escenario, de 600 empresas que han validado su inscripción, 60 son de origen hispano, ya peruano, chileno, brasileño o puertorriqueño; cuyo común denominador es su pequeño tamaño.
Ninguna de ellas tendría capacidad para pelear en México contratos de infraestructura.
El problema, de aprobarse el punto de acuerdo y, naturalmente, de que el gobierno, dada su condición de simple exhorto, llegaría si en la adjudicación final de contratos se ubican grandes constructoras españolas que acaparan licitaciones en el país.
Ahora que en el fervor nacionalista contra las políticas de Trump, Cementos Mexicanos y Cementos de Chihuahua quedarían otra vez en la picota de participar en las obras de infraestructura que ha ofrecido impulsar la Casa Blanca.
Sembrado el odio hacia la causa de México por el Efecto Trump, llegó el Efecto Boomerang.
¿Negocios son negocios? Balance general. Ubicado como detonante de un pleito entre el magnate Carlos Slim y Televisa, que luego se extendió a Televisión Azteca, la negativa de éstas de aceptar las condiciones que imponían las empresas de telecomunicaciones del primero para contratar pautas publicitarias, al fragor del veto impuesto, Telcel presentó una denuncia contra la firma de Emilio Azcárraga Jean.
La querella, sembrada ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones planteaba supuestas prácticas monopólicas en la comercialización de espacios publicitarios. Concretamente se señalaba que se le negaba la posibilidad de anunciarse en los Juegos Panamericanos para darle el espacio a Iusacell, entonces propiedad conjunta de las televisoras.
Bien, pues el caso es que el organismo acaba de ratificar que la querella carecía de sustento.
El caso es que el pleito tardó cinco años en su travesía, dado que saltó a los tribunales al ampararse Telcel contra una primera resolución.
La paradoja del caso es que las relaciones entre Telcel, Telmex y Televisa prácticamente se han normalizado. Vamos, las firmas regresaron a la pauta publicitaria de la televisora. Pliego petitorio. Desestimada por el CitiBanamex la denuncia colocada en las Cortes de Nueva York por Oceanografía, en reclamo de haber sido acusada en falso de un fraude por más de 5 mil millones de pesos por la supuesta falsificación de algunas de las 160 facturas expedidas por Pemex en aval de 12 préstamos de factoraje, la firma está solicitando una indemnización multimillonaria.
Aunque el monto no se cuantifica, en la documentación entregada se señala que al estallido del escándalo que llevó a la cárcel a su presidente, Amado Yáñez, la firma estaba valorada en 3 mil 500 millones de dólares… y hoy se cotiza en sólo 100.
La querella se planteó el 28 de febrero pasado. Tiro por la culata. Recomendado, en la precariedad presupuestal que podría golpear las participaciones federales, por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el que los municipios intensifiquen el cobro del impuesto predial, el tiro podría alcanzar al pie.
Hete aquí que la Asociación Nacional de Alcaldes está exigiendo piso parejo, lo que implicaría eliminar la exención del tributo local para los 100 mil inmuebles que tiene el gobierno federal al interior del país.
De pasadita, se colocaría tabla rasa a los 120 mil que tienen los gobiernos estatales en los municipios.
La medida implicaría un ingreso de nueve mil millones de pesos a las tesorerías municipales.
El régimen de excepción, empero, se mantendría para escuelas y centros de salud. Palo a Rivada. Finalmente un tribunal colegiado de alcance federal ratificó la determinación de un juez de negar la suspensión del proceso de adjudicación de la red compartida en una solicitud de amparo planteada por el consorcio irlandés Rivada.
Como usted sabe, el contrato se le adjudicó a otro consorcio denominado Altán, tras descalificarse a Rivada por no presentar en tiempo un depósito de garantía de seriedad de mil millones de dólares. Bola negra. La noticia es que la directiva del Club Campestre Churubusco le negó la posibilidad de membresía a dos políticos. Uno de ellos es el dirigente del PRI, Enrique Ochoa. El otro es el diputado local perredista y ex delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo.
La unanimidad se rompió con un solo voto a favor de los solicitantes.