Ayotzinapa no se mueve un milímetro de la hipótesis inicial
Hace unos días el subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El tema fue Ayotzinapa. Uno tendría que estar ciego y tendría que estar sordo, o tendría que ser demasiado cínico, para negar que Campa ha acompañado, tal vez como ningún otro funcionario del gobierno federal, las peticiones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sobre el tema de la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el fatídico 26 de septiembre de 2014.
Campa es quizá el único funcionario que ha declarado que el caso Ayotzinapa muestra las carencias y los retos del sistema de seguridad y procuración de justicia de México.
Campa admitió que Ayotzinapa está vinculado de manera precisa con la inseguridad que se vive en el país.
Fue el funcionario que abrió, hace varios meses, la puerta al mecanismo de seguimiento de las medidas cautelares emitidas por la CIDH: Campa impulsó que los integrantes de esa comisión, y no las instituciones del Estado mexicano, supervisaran las acciones de búsqueda de los normalistas.
Mientras Ayotzinapa ha sido una de las peores piedras en el zapato para el gobierno de Enrique Peña Nieto —con el Ejército, la Policía Federal y la PGR bajo sospecha—, el subsecretario señaló que “ningún caso en la historia de México ha tenido un escrutinio internacional de esta magnitud”. Aún más: aseguró que “probablemente en la historia mundial hay pocos asuntos criminales con tanta vigilancia internacional”. Nadie lo desdijo. Y tampoco nadie pidió su renuncia.
Campa continuó siendo un interlocutor confiable frente a los padres de los normalistas desaparecidos, y también ante los activistas que han llevado su causa, en particular el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Por lo menos, hasta el momento, nadie ha dicho otra cosa.
Y de pronto, en Washington, ante la CIDH, Campa dijo que 30 meses después de la desaparición de los alumnos no se ha consolidado otra hipótesis distinta a la inicial.
Señaló que “todas las líneas de investigación y de búsqueda se han trabajado” y que “todos los indicios se han atendido”.
De acuerdo con Campa, estas búsquedas se hicieron, algunas con los mismos padres, y otras con los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI.
“No hay ningún indicio que diga que el responsable es el Estado. Fue el crimen organizado coludido con policías municipales”, le dijo Campa al columnista Francisco Garfias.
En septiembre pasado, el gobierno mexicano había atendido 93% de las 941 peticiones de investigación del GIEI. Había cumplido 34 de las 47 observaciones que, sobre el caso, emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH.
Al escuchar las palabras de Campa, según la crónica de la revista Proceso, el director del Centro Agustín Pro, Mario Patrón, preguntó indignado: “O sea, ¿la hipótesis del Estado sigue siendo la del basurero?”.
El micrófono del activista fue cortado por la CIDH.
Animal Político informó ayer que después de gastar 600 mil pesos en equipos láser de alta tecnología, la PGR identificó 128 puntos, en los alrededores de Iguala, Guerrero, en los que se pensaba que podrían existir fosas clandestinas.
Se trataba de la famosa tecnología LIDAR, la más avanzada, “fabricada en Rusia y Alemania”.
El sistema LIDAR había permitido a la PGR “contar con imágenes tridimensionales, infrarrojas, térmicas y de curvas de nivel”, obtenidas por aeronaves que sobrevolaron los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco, fotografías que luego fueron revisadas, cuadrante por cuadrante, por expertos.
De acuerdo con el portal, después de revisar los perímetros de Iguala y Cocula en los que se pensaba que podrían existir fosas clandestinas, “en realidad no se encontró nada”, según reveló la dependencia en respuesta a una solicitud de transparencia. “Los resultados fueron negativos”, informó el portal.
Campa dijo que “se han investigado otras líneas, realizado cientos de búsquedas, se ha estado totalmente abierto a cualquier indicio de información, y podemos decir que hoy no se ha consolidado otra hipótesis, otra línea de investigación”.
En síntesis, para él no existe hasta el momento una prueba que permita variar un milímetro la hipótesis inicial del caso Ayotzinapa. Lo que falta entonces son pruebas. ¿Dónde están?