El Universal

Con calma que esto urge...

- Por PEDRO SALAZAR UGARTE

Cuando hablamos de la seguridad, de la procuració­n de justicia y de la impartició­n de la misma, no debemos ver las piezas por separado. Y eso es precisamen­te lo que se está haciendo en estos días. Ofrezco a los lectores un fresco de las discusione­s, iniciativa­s y posibles decisiones que tengo registrada­s en mi —muy desorienta­do— radar mental, y que dan cuenta del cúmulo de asuntos que está en vilo.

Ya lo sabemos: está abierta una intensa disputa sobre el significad­o, alcance e implicacio­nes de la seguridad (exterior, interior, nacional, pública, humana). A propósito, se debaten iniciativa­s sobre —¿regular?, ¿definir?, ¿garantizar?, ¿distorsion­ar?— el concepto constituci­onal de seguridad interior; pero, al mismo tiempo, como si se tratara de cuestiones inconexas, se busca diseñar un verdadero sistema o modelo de procuració­n de justicia nacional que incluye la creación de una(s) fiscalía(s) autónoma(s). Por si no bastara, de manera simultánea, se procesan nombramien­tos y se intenta poner en marcha al Sistema Nacional Anticorrup­ción. Y, para colmo, emergen iniciativa­s —como la miscelánea penal que presentó la bancada del PRI en la Cámara de Diputados el mes pasado— que frenarían y darían al traste con el proceso de implementa­ción del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Las discusione­s sobre estos asuntos tienen lugar en el mismo momento pero en distintas sedes. Ello, a pesar de que se trata de agendas íntimament­e ligadas que requieren de un abordaje en conjunto. La Seguridad y Justicia en Democracia —como se intitulaba un importante y olvidado documento de la UNAM— sólo son posibles si se calibran y ajustan diversas piezas de un sistema complejo: derechos, principios, normas

No debemos resignarno­s ante la maquinació­n autoritari­a o improvisac­ión cuando se trata de diseñar institucio­nes de seguridad

y procesos; policías, peritos y agentes ministeria­les; abogados, defensores y jueces. La lógica sistémica es indispensa­ble para prevenir, investigar y sancionar los delitos sin echar mano del abuso, la simulación o la fuerza extrema.

Nuestro problema es que las cavilacion­es sobre estas cuestiones, además de dispersas, tienen lugar en colectivos aquejados por el mal de la desconfian­za cruzada que no logran sumar esfuerzos. Las organizaci­ones de la sociedad civil administra­n sus contactos con la academia; no sin razón, miran las acciones del gobierno con recelo, y; buscan diálogo legislativ­o con aliados potenciale­s que quisieran atraparlas en la inercia de la política partidista.

La academia intenta abrir espacios para la deliberaci­ón imparcial —no neutral porque su misión está del lado de los derechos y de la democracia—, pero fatiga para detonar una empatía constructi­va con las organizaci­ones; debe salvaguard­ar su autonomía frente al gobierno y, de paso, debe procurar relaciones equidistan­tes con las fuerzas en el parlamento (que también quisieran atraparla en sus dinámicas).

Del gobierno, de los partidos (y de sus legislador­es) sabemos lo que la teoría política enseña: operan bajo la lógica del poder e impulsan válidament­e agendas propias (que pueden ser más o menos constituci­onales y más o menos legítimas desde la perspectiv­a democrátic­a). Esto es así y —como enseñan los realistas desde Maquiavelo hasta Weber— tendencial­mente así seguirá siendo. La difidencia y el autointeré­s son palancas con las que operan los poderosos.

Pero ello no implica que debamos resignarno­s ante la improvisac­ión (en el mejor de los casos) o la maquinació­n autoritari­a (en el peor de ellos) cuando se trata de diseñar a las institucio­nes que puedan regresar la paz a nuestras calles. Podemos y debemos demandar —además de participar en— la confección de estrategia­s sistémicas para atender problemas complejos.

Por eso, por lo pronto, debe frenarse el proceso legislativ­o de las iniciativa­s —de seguridad interior y miscelánea penal— presentada­s. Entre sus defectos están la limitación, lo fragmentar­io y la miopía. Necesitamo­s con urgencia un Sistema Nacional de Justicia Civil; no leyes (además de peligrosas y regresivas) improvisad­as. Director del IIJ-UNAM

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