Rechaza TEPJF queja por elección de rector
La impugnación fue presentada por académica de la UAGro Tribunal pide resolver los conflictos desde la autonomía Rector.
GUERRERO
Chilpancingo.— El jueves en un hotel de Acapulco, Javier Saldaña Almazán festejaba su reelección, junto con ex rectores y ex guerrilleros. No había necesidad de esperar los resultados porque cualquier número lo daba como ganador pues, otra vez, compitió solo por la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
Ese día la jornada se llevó a cabo sin contratiempo, pero hubo expresiones de inconformidad. Denunciaron acarreo, entrega de dádivas (tacos y refrescos), presión de profesores para que los estudiantes votaran; en las redes sociales llovieron los memes.
El proceso fue el colofón de la reforma a la Ley Orgánica de la UAGro, conocida como Ley Saldaña. Es una enmienda que le dio ventaja a Saldaña Almazán. En el artículo 10, fracción II, inciso c del Reglamento Electoral de la UAG estuvo el mayor candado para el que quisiera competir: “Acreditar el reconocimiento y aval de 40 consejeros universitarios o los consejeros académicos de al menos 20 unidades o 150 consejeros”.
En los hechos este artículo se convirtió en un muro. La Comisión Electoral le negó el registro como candidata a Silvia Alemán Mundo porque no cumplió con el requisito. La académica presentó un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La tarde del jueves, el TEPJF declaró improcedente el juicio por considerar que la UAGro tiene que resolver sus conflictos desde su autonomía. Un opositor. Ramón Ibarra Flores es la cabeza visible del Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense, la única expresión opositora a Saldaña Almazán. Javier Saldaña compitió solo por la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero. El jueves pasado festejó su reelección.
Dice que la fracción 6 de artículo 78 del estatuto general y el artículo 10 fracción 2 inciso c del reglamento electoral son inconstitucionales, porque establecen requisitos para ser candidato a rector que no están en la Ley Orgánica y, violan el principio de jerarquía de leyes. “En 2014 se reformó la ley para permitir que el alcalde y los diputados se reeligieran, pero dijeron que no aplicaba para ellos porque eso sería conflicto de intereses. Tienen más ética la clase política que un universitario”, dice.
Ibarra Flores considera que el cumplimiento de esos requisitos sólo lo podrá lograr el candidato que ponga el rector o el rector mismo. “Sólo el candidato oficial va poder”.
Señala que se le “ha dado vida a un cacicazgo, porque quién nos asegura que no va proponer una reforma para que continúe. Sólo el que el rector quiera lo podrá lograr. Ese es el punto central y eso es una dictadura”.
Indica: “El problema es cómo funciona la UAGro. Yo di clases el jueves y vi cómo maestros estaban presionando a los estudiantes para que fueran a votar por lista. Es el control el problema. Los profesores y los estudiantes están controlados por el estómago. Porque los maestros tienen planteamientos en la parte laboral: una categoría más, tiempo completo”.
Resalta que el gobierno del estado “tiene el control de la universidad”. Revela que el ex mandatario Rubén Figueroa lo buscó, le dijeron “que el estado tenía muchos problemas como para buscar uno más”.
Declara: “En el equipo de Saldaña un grupo de jóvenes priístas le organizó la guerra sucia. La hicieron gacho: imagínate que dijeran que eres depravado sexual, que vendes calificaciones”.
Ramón Ibarra apunta que el mandatario le envió emisarios ofreciéndole convertirlo en magistrado en Tribunal Superior de Justicia del Estado o en consejero en el Congreso local.
El mismo emisario le llevo tres propuestas de Saldaña Almazán. Una: un millón de pesos. Dos: la Secretaría General Académica de la UAGro y tres: convertirlo en el abogado general de la universidad en el siguiente periodo. El universitario asegura haber declinado a todas las propuestas.
Saldaña Almazán comenzará su segundo periodo como rector con dos pendientes: su inacción ante el asechó de la delincuencia organizada en contra de los universitarios —en un año 10 han ocurrido asesinatos— y la falta de comprobación de 170 millones de pesos que le observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante 2015 y 2016.