ONG: desvíos impiden capacitar a policías
Sin corporaciones profesionales, las Fuerzas Armadas no pueden irse de las calles, dicen
Integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra expusieron que el desvío de los recursos que reciben los gobiernos estatales y municipales para seguridad pública, ha causado la imposibilidad de que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles porque no existen policías profesionales y capacitadas.
El colectivo conformado por organizaciones de la sociedad civil alertó que la estrategia de combate al crimen organizado no ha funcionado en estos 10 años porque los estados han olvidado su obligación de construir policías confiables y han hecho uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas.
Juan Francisco Torres de Landa, de México Unido contra la Delincuencia, rechazó la mentira que afirma que si la policía no es capaz de mantener la seguridad pública se tiene que solicitar apoyo a las Fuerzas Armadas y explicó que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2015 la Auditoría Superior de la Federación detectó opacidad, abuso o mal uso del presupuesto destinado a la seguridad pública.
“En la Cuenta Pública 2015 que analizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hizo 147 revisiones sobre el uso de los recursos destinados al tema de seguridad pública, entre ellos, se analizó el desempeño de las policías federal, estatales y municipales. De 147 estudios resultó que la Auditoría Superior de la Federación generó 443 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria”, comentó.
Dijo que al crearse la Gendarmería Nacional en 2015 recibió un presupuesto de 2 mil 842 millones de pesos y en la auditoría se determinaron 10 mil operativos de disuasión, contención, restablecimiento del orden, y de éstos se desarrollaron y cumplieron 75, es decir, 0.8%.
“La Federación destina cada año miles de millones de pesos al fortalecimiento, en este caso, de los policías federales, pero no logra acreditar exactamente qué es lo que están haciendo con los mismos”.
Explicó que en las auditorías se detectaron casos similares en estados y municipios.
María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, indicó que muchos de los gobernadores se sienten cómodos al relegar la obligación de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas y añadió que las auditorías realizadas por la ASF deberían transformarse en carpetas de investigación.