¿De qué está hecha la Suprema Corte?
El próximo martes 4 de abril tendrá lugar un evento que marcará un antes y un después en materia de coordinación gubernamental y participación ciudadana: en esa fecha se instalará el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), integrado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana —quien, a su vez, lo presidirá—, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Es importante entender que la arquitectura del SNA refleja una serie de postulados —en su mayoría inéditos en la gestión gubernamental de nuestro país— que hacen patente un nivel de compromiso y de integración cualitativamente distinto a los que hasta ahora se habían emprendido para abordar el tema de la corrupción.
De manera muy ostensible, se da a la participación ciudadana un rol operativo en el diseño y la conducción de esta estrategia de Estado; representa a la vez a aquellos sectores que se ven afectados por este fenómeno, pero también a la corresponsabilidad en la que han incurrido distintos actores de la sociedad en el establecimiento de relaciones irregulares con el ámbito gubernamental.
Las vertientes de la auditoría gubernamental, la interna, vinculada con la labor de las contralorías y los órganos de control interno, y la externa, a cargo de las entidades fiscalizadoras superiores, jugarán un papel de la mayor importancia, además de los temas de su competencia, en la detección de riesgos y áreas del ejercicio gubernamental que presenten vulnerabilidades a la corrupción; de hecho, sería indispensable que toda institución oficial, pero también todas aquellas empresas con una relación significativa con el gobierno, definan sus respectivas áreas de riesgo en cuanto a la comisión de irregularidades, y las hagan del conocimiento público.
Las distintas instancias legales que forman parte del SNA, por su parte, introducirán importantes modificaciones en la manera de impartir justicia, de manera expedita, ante casos que requieran desde una sanción de tipo administrativo hasta la conducción de juicios penales en contra de los presuntos infractores. Cabe señalar además la importancia que se da a la transparencia y al acceso a la información en las acciones anticorrupción, representada por la participación de la máxima institución en la materia.
El éxito de este esfuerzo institucional, que entra en el interés de toda la nación, no debe verse empañado por actitudes que, más allá de ser una crítica bienintencionada, parecen más un afán de protagonismo, o de resentimiento respecto a los resultados de un proceso en el que, de manera excepcional, se ha procedido con plena transparencia y pulcritud. Precisamente, el protagonismo puede erigirse en el peor enemigo del SNA; ya sea que se manifieste en su interior o provenga del exterior. No se trata de ventilar una indignación alimentada por frustraciones personales de quienes pretenden asumir una actitud de superioridad moral, sino de aportar y participarconideasconcretas,através de los canales institucionales establecidos al efecto. Basar la argumentación en meros recursos retóricos, ya muy dichos, es cosa del pasado.
Todos tenemos el derecho de pronunciarnos, aun de manera superficial, respecto a los méritos y a los defectos de crear, desde cero, un aparato de la envergadura del SNA; sin embargo, tanto el momento histórico como la propia sociedad, reclaman, de todos aquellos interesados en la rendición de cuentas en nuestro país, una actitud objetiva, madura y constructiva. El escepticismo es válido cuando está sustentado en conceptos e ideas técnicamente sólidas, no en información parcial, fuera de contexto y que, en resumidas cuentas, muestra hostilidad hacia un proyecto de la mayor importancia para México. Debemos concentrarnos, todos, en que los Sistemas Nacionales de Transparencia, de Fiscalización y Anticorrupción, inicien su actuación; dejemos atrás cualquier otra consideración. Auditor Superior de la Federación
¿Será que la despiadada impugnación a la Constitución de la Ciudad de México es un auténtico ejercicio democrático o una mera jugada para socavar un movimiento político? Me parece que ambas cosas: actuación democrática de unos y agandallamiento constitucional de otros. A la CNDH seguramente le asiste la razón, no tan sólo por la solvencia moral de su presidente, sino porque técnicamente se violentan sus facultades. A Morena le parece que la actual Asamblea Legislativa debió haberse disuelto, haber cedido el paso a un nuevo Congreso local: la I Legislatura. La Procuraduría General de la República, o sea el presidente Peña Nieto, estima que ciertas facultades federales no corresponden a la Ciudad y considera que una legislatura local no puede ir más allá de los derechos que “consagra” el texto constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mostró una independencia sin precedente, al cuestionar el modelo de poder judicial que contiene la Constitución de la CDMX. El presidente del Tribunal no se sometió al proyecto del jefe de Gobierno, lo que es inusitado en el sistema político mexicano.
En la controversia planteada por el Tribunal capitalino destacan, entre otros puntos, el relativo a la presidencia del órgano jurisdiccional. La Constitución que entrará en vigor hasta el 17 de septiembre de 2018, (con excepción de las disposiciones electorales) establece que el presidente del Tribunal durará en su encargo un año. El precepto no es aislado, sino que debe leerse junto con la disposición de que el presidente del Tribunal ya no será al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura. Este es un viejo asunto que surgió cuando se creó el Consejo de la Judicatura Federal, al iniciar el gobierno del presidente Zedillo.
En aquellos día se trató de debatir (la Corte nunca lo permitió) la inconveniencia de conferir al presidente de la Corte la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Para hacerlo, sin remordimientos constitucionales, se degradó jerárquicamente al Consejo de la Judicatura y se convirtió en un apéndice de la Corte. La doble presidencia es una aberración jurídica y política. Si la pretensión era disponer de un órgano de administración del Poder Judicial independiente, la doble presidencia la aniquiló. Me explico: la Corte tiene la facultad de revisar algunas decisiones del Consejo y eso origina que el presidente de ambos órganos, que es la misma persona debe resolver desde dos ámbitos decompetenciadiferentes.AldecidirenelConsejo la remoción de un magistrado, después tendrá que volver a decidir sobre este asunto, solo que como presidente de la Corte, ya sea en un recurso de inconformidad o en un juicio de amparo. El presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura es juez y parte y luego parte y juez. Eso es lo que el Constituyente de la CDMX resolvió valientemente al consignar en la Constitución un presidente para el Tribunal y otro para el Consejo.
ComoescribióJorgeCarpizo:“esinadmisibleun Consejo de la Judicatura subordinado al Pleno (de la Corte)... Prefiero que desaparezca a que se convierta en un engaño… se debió haber suprimido el Consejo de la Judicatura Federal”. Entre los conceptos de invalidez que debe revisar la Corte, el relativo al diseño del Consejo de la Judicatura de la CDMX es el que toca la fibra más sensible del alto tribunal. ¿Cómo se garantiza la independencia judicial? ¿Encerrándose en murallas judiciales o permitiendo que fluyan ideas y nuevas corrientes?
La Corte tiene enfrente una enorme responsabilidad. Su relevancia será tanto o más importante que las decisiones en el famoso amparo Morelos, ligado a la tesis de la incompetencia de origen de José María Iglesias, icono jurídico del siglo XIX. Es probable que los mexicanos del siglo XXII abreven en esta decisión que enfrentará una visión nueva, moderna, democrática, ciudadana como la contenida en la nueva Constitución de la CDMX contra la idea conservadora del país que no ha dejado de estar presente y nuevamente aflora. Veremos de que está hecha nuestra Suprema Corte. Investigador nacional, ex consejero fundador de la Judicatura Federal. @MarioMelgarA Comité Coordinador del SNA: un inicio histórico