¿Qué pasa en Venezuela?

El régimen que encabezó Hugo Chávez hasta su muerte, en marzo de 2013, podía criticarse por su falta evidente de republicanismo, por no ser proclive al pluralismo, por su estilo autoritario y por situarse en las antípodas del pensamiento liberal. Pero nadie puede decir que el comandante y su partido no tuvieran el respaldo de una sólida mayoría en la sociedad, como lo demostraron al enfrentarse más de diez veces al veredicto de las urnas.

Sin ser un ejemplo de institucionalidad, Chávez respetaba las formas democráticas y sabía hacer política con cierto profesionalismo. No llevaba los conflictos más allá de lo necesario y procuraba salvaguardar la estabilidad política. Pero la historia dio un giro luego de las elecciones de abril de 2013, cuando fue electo presidente un hombre que —incapaz de encarnar el carisma de su antecesor— decía que se comunicaba con él a través de un pajarito. La señal era inequívoca: venían tiempos difíciles.

En diciembre de 2015 el chavismo perdió estrepitosamente la mayoría parlamentaria. La elección arrojó una correlación de fuerzas tan evidente y clara como la ley de la gravedad: con 112 de 165 legisladores, la Mesa de Unidad Democrática —una alianza opositora conformada por cuatro grandes partidos— obtuvo una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional, lo que propinó al chavismo su peor derrota electoral en 18 años.

Aunque en un principio el gobierno de Maduro mostró signos de que estaría dispuesto a dialogar con la oposición, en los hechos nunca acusó recibo de la nueva realidad política del país, comportándose como si todavía se tratara de una fuerza hegemónica. Maduro no supo ni quiso leer el hartazgo creciente en amplios sectores por la carestía, el incremento de la inflación —hoy hiperinflación— y el hecho incontestable de que no es lo mismo un barril de petróleo a 40 o 50 dólares que a 150.

El gobierno de Maduro optó por ignorar el veredicto expresado en las urnas y representado en la Asamblea Nacional, para —de la mano de un Poder Judicial e instituciones electorales completamentedominadasporelchavismo—tratar de neutralizar al Legislativo, al punto de invalidar a través de argumentos de dudosa legalidad prácticamente todas las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo incluso suplantó funciones básicas de este órgano como la aprobación del presupuesto. La situación ha llegado a tal punto que un jurista venezolano afirmaba que en tan solo un año el Judicial ha declarado inválidas más leyes que en los 200 años previos de vida independiente.

La ruptura del orden constitucional la semana pasada, cuando el Tribunal Supremo retiró la inmunidad a los parlamentarios y optó por asumir sus atribuciones legislativas —para después recular de forma errática cuando el mundo entero empezó a reclamar—, es el resultado de una larga disputa que ha tenido el régimen con la oposición, desde que el poder electoral señaló que la elección de tres diputados de la oposición había sido fraudulenta, una maniobra tramposa para no alcanzar los dos tercios necesarios para destituir a Maduro.

Conforme a lo que la legislación establece, esos diputados no podían tomar posesión. La Asamblea Nacional, sin embargo, decidió incorporarlos de todas formas y les permitió rendir protesta, lo que en estricto sentido constituye un desacato. Es a partir de este hecho, en apariencia pequeño, que el Poder Judicial ha venido señalando que los actos de la Asamblea Nacional son inválidos.

En suma, se trata de un escenario confuso, propio de una nación de instituciones débiles y actores políticos de escasa estatura política y moral. Desde luego que la oposición tiene responsabilidad en la guerra de poderes. La tiene porque se ha empeñado en destituir a Maduro cerrando posibilidades para el diálogo, y tampoco ha sido respetuosa de la institucionalidad y las leyes (no hay que olvidar el golpe de Estado a Chávez en 2002).

Pero el verdadero problema hoy es que Venezuela tiene un presidente sin respaldo de la mayoría y que el régimen actual, aferrado al poder, se ha negado a utilizar el mecanismo que creó —el referéndum revocatorio— para salir de este impasse. Al reprimir, perseguir y encarcelar opositores al punto de convertirlos en mártires de la democracia (aunque no lo sean realmente), no ha hecho sino enrarecer el ambiente político y mostrarse ante el mundo como un tirano más.