INE: aprendiendo a designar
Probablemente ningún proceso de designación sea tan complejo y genere tantas dudas, discusiones, expectativas y tergiversaciones como el de los consejeros electorales del INE. De los 10 órganos constitucionales autónomos es el trámite más observado, seguido, comentado e, incluso, impugnado.
La reciente designación de tres nuevos consejeros fue conducida, por tercera ocasión, por un grupo que se encargó de proponer a los que demostraron un perfil más idóneo. La relevancia de este filtro ha sido tal que el Comité Técnico de Evaluación se elevó a rango constitucional en 2014. Su participación constata que hemos venido construyendo un patrimonio de reglas, parámetros, mecanismos y buenas prácticas probadas en las designaciones más recientes en el ámbito de la transparencia, el sistema anticorrupción y la materia electoral que, visto integralmente, constituye un referente cierto para cumplir con las exigencias de objetividad, imparcialidad y transparencia que demandan este tipo de ejercicios.
Relevante es destacar que los diputados integrantes de la Jucopo fueron altamente receptivos e hicieron suya la metodología construida por el Comité, ideada bajo tres etapas que ponderaron los conocimientos en la materia a través de un examen utilizado por vez primera, la trayectoria electoral y la perspectiva del aspirante, por medio de una evaluación curricular, del ensayo o las publicaciones, y su visión general del INE y la organización electoral mediante la interacción permitida por la entrevista.
El Comité acordó trabajar con el número de expediente asignado, a efecto de que la evaluación, en sus dos tramos iniciales, fuera totalmente ciega, en aras de lamayorobjetividad.Generó80reactivos para el examen, y dos horas antes de su realización, ante un notario público, sorteó las 40 preguntas finales. Por primera vez también, se establecieron criterios
Fue un proceso complejo, pero fue pensado así para estar en aptitud de gestionar el número de perfiles que se presentaron
para evaluar los curriculums, algunos de los cuales superaban las 200 páginas, y se instituyó una cédula de evaluación con valores diferenciados para calificar cada criterio. Dos grupos de 2 y uno de 3 miembros revisaron los expedientes, y en caso de haber diferencias relevantes entre las calificaciones, se solicitó la intervención de un tercer evaluador, lo cual ocurrió en brevísimos casos.
Una vez con los resultados totales, en donde 40% correspondió al examen y el 60% restante a la evaluación curricular, se identificaron a los 45 aspirantes que hasta entonces tenían mejores notas. Enseguida se analizó si se satisfacían los criterios de inclusión de género, generacional, étnico, geográfico y profesional previstos en la metodología, advirtiendo que faltaban por cubrir únicamente dos, lo cual condujo a la incorporación de 4 mujeres, y 2 aspirantes que se autoidentificaron como indígenas.
En la entrevista ponderamos la exigencia de transparentar el ejercicio y el derecho a la igualdad de trato. Se diseñó otra cédula con 10 criterios para evaluar, por ejemplo, el conocimiento de las funciones propias del consejero y los retos del INE, y para no dar ninguna ventaja a los que comparecerían a la mitad o al final, se decidió no transmitirlas en tiempo real pero solicitar que fueran públicas apenas concluida la etapa. La objetividad de esta etapa se garantizó con la presencia de al menos 5 integrantes del Comité en cada entrevista.
El acuerdo final fue más sencillo de lo que suponíamos, ya que cada etapa se había reflejado en números, cuya sumatoria arrojó a los que en mayor medida cumplían con el perfil idóneo.
Fue un procedimiento complejo, pero fue pensado así para estar en aptitud de gestionar el número de perfiles altamente experimentados en la materia que se presentaron, producto de una evolución en los consejeros de más de 26 años. Acaso por ello, bien valdría la pena ir extendiendo este aprendizaje institucional hacia otras modalidades de designación, desde las que presentan mayores espacios de discrecionalidad, como el de la Corte al proponer a los magistrados electorales, hasta aquellas mejor encaminadas como el de los comisionados del Inai, pero que aún pueden seguir vigorizándose. Al final del día, mal haríamos en desperdiciar la riqueza de aquello que con el acompañamiento de la sociedad, configura hoy un robusto patrimonio público. Académico de la UNAM.