El bombardeo a las instituciones
Uno de los grandes legados que dejó la negociación y el desembarco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue la consolidación de instituciones económicas en el país.
Dos en particular: La puesta en marcha de la autonomía del Banco de México en abril de 1994, después de que a finales de 1993 fuera aprobada la ley que actualmente rige al banco central; y la creación de la Comisión Federal de Competencia, también en 1993; que ya transformada en una entidad autónoma como Comisión Federal de Competencia Económica, ha ganado en prestigio en los años recientes.
Poco se menciona este legado del TLCAN, pero la negociación comercial de norteamérica impulsó el avance institucional en el país.
No sólo con el Banco de México y la CFC, sino también con otras instituciones como el Instituto Federal Electoral que vivió importantes reformas en 1993 y 1994, o el fortalecimiento técnico del entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), una entidad altamente prestigiada en el mundo y que por aquellos años era encabezada por Carlos Jarque, quien fue presidente de la Comisión Mundial de Estadística de las Naciones Unidas.
El impulso al fortalecimiento institucional de aquellos años valió la pena.
La presencia de un Banco de México autonómo en estos años significó mayor confianza de las inversiones en México y un menor costo para las finanzas del país. La posterior autonomía para Inegi a partir de 2008, también fue un paso importante en la consolidación del tratamiento de la información estadística con mayor transparencia, independencia y objetividad; más allá de los vaivenes políticos a su alrededor.
Contar con un banco central autónomo y con un Instituto con mayores grados de libertad en el levantamiento, procesamiento y evaluación de la información estadística, eran condiciones necesarias para generar más confianza.
A ello vino a sumarse —no sin fuertes problemas— una comisión antimonopolios que está ganando —centímetro a centímetro— prestigio en una economía altamente concentrada.
Si miramos en retrospectiva, hubo avances institucionales en estos años del relato; si bien no a la velocidad que se hubiera querido y a pesar de los gobiernos y los políticos en turno.
Pero el avance institucional visto en aquello años, no solo se ha detenido; está en una peligrosa ruta de retroceso. Cuando escuchamos al presidente Peña Nieto buscar convencer en público acerca de las decisiones autónomas del banco central, es porque la autonomía está cuestionada en el fondo.
La renuncia y, posterior, posposición de la salida de Carstens deja muy mal sabor de boca sobre una institución que se había ganado la confianza de los analistas e inversionistas.
Ahora las especulaciones sobre el sustituto de Carstens a partir de diciembre próximo, una vez que el presidente Peña defina al candidato del PRI para las elecciones presidenciales en 2018, tienen un fuerte olor político-electoral que cuestiona la autonomía del Banco de México.
Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han abollado a la Junta de Gobierno del banco central, jugando con fuego con la política cambiaria para buscar salidas a los elevados déficits fiscales que provocaron.
La misma historia ha ocurrido con la autonomía de Inegi desde el año pasado cuando provocaron una crisis en su relación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a raíz del levantamiento de la información que se usa para medir la pobreza en el país, entre otros fines.
En los días recientes vimos una reiterada descalificación por parte de diversos centros de estudios privados, de académicos y analistas a la propuesta presidencial de Paloma Merodio como candidata a la Junta de Gobierno de Inegi.
Más allá de la capacidad profesional de Merodio, lo que resalta es la imposición del aparato del gobierno de Peña, más allá de la legalidad.
De ese estado de derecho al que tanto se invoca y del que tan poco respeto tienen; como también ha quedado demostrado en los múltiples actos de dádivas millonarias del gobierno federal a los pobladores del Estado de México en las semanas previas al inicio de las campañas electorales.
La mano del gobierno de Peña Nieto ha dañado a las instituciones del país; ha minado la confianza en ellas. Es una herencia corruptora que oscurece cualquier impulso reformista que se haya propuesto.
La fortaleza institucional está siendo bombardeada desde Los Pinos.
Poco se menciona este legado del TLCAN, pero la negociación comercial de Norteamérica impulsó el avance institucional en el país