Concanaco, cola que le pisen
Hace unos días, en el incierto de la fecha en que podría realizarse la asamblea general ordinaria de la Concanaco, otorgada por un juez una suspensión en base de una solicitud de amparo, el presidente del organismo, Enrique Solana Sentiés, le solicitó a l
De acuerdo al oficio 110-03-25-26-2583/ 1715/65507, el lapso en que se estiraría la posibilidad caminaría del primero de abril al 15 de mayo, lo que fue avalado por la dependencia.
El problema, sin embargo, es que la instancia encabezada por Ildefonso Guajardo, de pasadita, también estiró la gestión del dirigente, cuyo periodo terminó el 30 de marzo.
Lo correcto sería haber autorizado al Consejo Directivo en funciones, es decir la mitad del que llegó con Solana, a designar un interino.
Según la ruta judicial prevista, el próximo 28 del mes que corre el juez de la causa convocará a una audiencia constitucional en la que se decidirá si se mantiene la suspensión; si se levanta, o de plano el togado se declara incompetente para atender el caso.
La solicitud de amparo, como usted sabe, la planteó el ex presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey y ex vicepresidente de la cúpula mercantil, Juan Carlos Pérez Góngora, a quien se le negó el registro para pelear la sucesión de Solana.
El asunto, sin embargo, va más allá de ventilar la democracia en los organismos empresariales constituidos por ley, al colocarse en la mesa una denuncia por supuesto desvío de recursos públicos, en cuyo marco se pone en tela de duda la calidad moral de organizaciones con calidad de órganos de consulta del Estado.
De acuerdo al grupo Nueva Visión, que encabeza Pérez Góngora y que aglutina a otros disidentes, el Instituto Nacional del Emprendedor, a gestión del Consejo Coordinador Empresarial, le otorgó 87 millones de pesos a la Confederación para la adquisición de 15 mil tabletas electrónicas que en el papel permitirían modernizar la administración de changarros.
El caso es que la denuncia plantea un sobreprecio que había permitido obtener un remanente.
Los aparatos electrónicos se adquirieron en una empresa denominada Celular Milenium, propiedad del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo y vicepresidente de la Concanaco, Juan Carlos Martínez, quien jura y perjura que sus productos cumplían como la calidad y especificaciones requeridas.
Las tabletas, cuya tecnología permite realizar operaciones contables de acuerdo a Pérez Góngora, se vendieron en 5 mil 800 pesos.
De acuerdo a Celular Milenium el costo fue de sólo 800. La empresa aduce, incluso, haber tenido un mínimo de utilidad, dado que cuando se hizo el pedido, en 2014, el dólar se cotizaba en 13.50, y al momento de la entrega llegaba a 15.
La operación, de acuerdo a los dirigentes de la Concanaco, fue sancionada por la Auditoría Superior de la Federación.
Naturalmente, el punto final del asunto lo colocaría el juez de la causa y eventualmente un tribunal colegiado.
El problema es que, minimizado el asunto por los integrantes de las cúpulas empresariales, al punto de acusar de cobarde y doloso al grupo denunciante, amenazando con demandarlo por daño moral, la ola ha crecido a niveles que, a querer o no, resquebrajan la confianza en organismos cuya afiliación, tras una larga lucha de años, se volvió voluntaria.
A veces la cercanía con el poder se vuelve componenda; a veces los órganos de representación son trampolín para cargos públicos; a veces la tentación de “candidatos de unidad”, a título de evitar heridas, se tornan en sospecha de prolongación en el poder de camarillas. La paja en el ojo ajeno… Balance general. Aunque la empresa Braskem, filial de Odebrecht, jura y perjura no tener vela en el entierro frente a la confesión de su matriz de haber obtenido contratos vía sobornos, para dejar su causa rechinando de limpia sería conveniente que transparentara el precio al que pactó con Petróleos Mexicanos un contrato de suministro de etano.
Este apunta a la alianza de la firma con Idesa para desarrollar un complejo para producir etileno y polietileno de alta y baja densidad en Veracruz. La inversión de 5 mil 200 millones de dólares se supeditó, justo, a que se garantizara un precio reducido. Petróleos Mexicanos tiene baja reservael dato por 20 años.
La planta, ubicada como la posibilidad de resucitar la actividad petroquímica en México por la vía privada, entró en operación en el 2016. Sin embargo, el contrato de suministro se pactó años antes a título de garantía. STPRM al ataque. Aunque al final del día la Suprema Corte le dio la razón a Petróleos Mexicanos frente a una denuncia de la Comisión Federal de Competencia Económica de condicionar el abasto de gasolina a las redes a su transportación o camiones de la empresa, la victoria fue pírrica, dado que bajo la reforma energética las gasolineras pueden utilizar el transporte que quieran. El caso es que la nueva realidad ha despertado el activismo del sindicato petrolero encabezado por Carlos Romero Deschamps, a título de proteger puestos de trabajo de sus agremiados.
La investigación realizada por la instancia antimonopólica señalaba que la transportación de combustibles estaba concesionada al sindicato. Lo que está en juego, pues, es la comisión. Inflación de 5.02. De acuerdo al Índice de Precios Metropolitano de Consultores Internacionales, en marzo pasado el incremento promedio de precios fue de 0.52%, lo que implica una tasa anualizada de 5.02.
La presión provino de productos del campo. Así, el costo del tomate verde creció 30.86%; limón, 25.18; chile poblano, 20.59; aguacate, 18.33; naranja, 15.19; tomate rojo, 14.38 y frutas procesadas, 12.32. Además, subieron los blanqueadores 13.18; las cremas 8.77, y las llantas, 8.47.
Del otro lado de la balanza el costo de la cebolla bajó 14.51; papel sanitario, 10.02; desodorantes, 8.18; maíz en grano, 6.31; otras frutas frescas, 5.83; manteca vegetal, 4.82; plátano tabasco, 4.32; harina de maíz, 4.30; leche evaporada y condensada, 3.96, y chorizo y longaniza, 3.76.
El rubro con mayor tasa, 8.89% a nivel anual, el Transporte y Comunicaciones, en los coletazos del gasolinazo. Agua para la Sierrita. En la ruta del punto final al largo conflicto entre la empresa extractiva canadiense Excellon Resources, los ejidatarios del municipio la Sierrita de Galeana, poblado cercano a Torreón, Coahuila, se está buscando una vía para dotar de agua a éste.
La mina que explotan los canadienses dispone de un caudal de mil litros por segundo que no utiliza, por lo que la retorna al acuífero, que será direccionado ahora hacía el poblado. Naturalmente, existen estudios químicos y biológicos que garantizan que el líquido no está contaminado.
Tanto los ejidatarios como la empresa ganaron sendos pleitos cuyas resoluciones está impugnadas. Una plantea regresar a los campesinos las tierras que habían arrendado, además de una compensación; otra hablo de castigarlos con una cantidad casi idéntica a ésta, por daños provocados en largo plantón en las instalaciones.