El Universal

Veytia y Yarrington, de la infiltraci­ón al Narco-Estado

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Comienzan a salir a la luz pública hechos que involucran a funcionari­os de primer nivel en actos de corrupción y delitos como narcotráfi­co. Esto se está logrando no gracias al trabajo de institucio­nes como la Procuradur­ía General de la República, sino a pesar de ellas.

Mientras en México se oculta informació­n, en el extranjero se abre la caja de Pandora con revelacion­es sobre crimen organizado, sobornos y paraísos fiscales. Tan solo en los últimos días:

—Estados Unidos detuvo el 27 de marzo a Édgar Veytia, quien fuera nada más y nada menos que fiscal en Nayarit. Está acusado de importar y distribuir drogas. El encargado de perseguir delitos es el sospechoso de formar parte de la mafia.

—El 9 de abril fue detenido en Florencia, Italia, el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington.

Ricardo Raphael, en su columna de ayer en EL UNIVERSAL, sacudió al recordar el papel de Yarrington en la violenta historia del país: impulsó el surgimient­o de uno de los grupos más devastador­es, Los Zetas. Este cuerpo del crimen organizado se fundó con 20 integrante­s del Ejército formados en EU y se asoció con los kaibiles guatemalte­cos, también soldados de élite entrenados en el país vecino.

La confirmaci­ón de los señalamien­tos contra Veytia y Yarrington sería la sentencia condenator­ia de un país que pasó de la infiltraci­ón al Narco-Estado.

—En otro escándalo, el Supremo Tribunal brasileño consignó la acusación que Hilberto Mascarenha­s, ex director de la Oficina de Operacione­s Estructura­das de Odebrecht, hizo en contra de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex. En un documento publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fechado el 4 de abril, Mascarenha­s denunció que en noviembre de 2014 recibió la petición de pagar a Lozoya 5 millones de dólares.

Para variar, el asunto no fue develado por autoridade­s mexicanas. Al contrario, el procurador Raúl Cervantes decidió reservar la informació­n por cinco años.

El Departamen­to de Justicia de Estados Unidos detalló pagos a funcionari­os de 12 países. De acuerdo a la indagatori­a, en México Odebrecht entregó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña (entre 2010 y 2014) 10.5 millones de dólares para ganar contratos de obras de Pemex.

Las preguntas que surgen a raíz de las últimas detencione­s y acusacione­s son muchas. Van tres:

1.— ¿Se puede comprender el nivel de corrupción sin la colusión de presidente­s de la República, gobernador­es, legislador­es, alcaldes, jueces, militares, procurador­es?

2.— ¿Alguno de los mandatario­s priístas detenidos, en fuga o en proceso (Tomás Yarrington, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Eugenio Hernández, Rodrigo Medina) se vieron beneficiad­os o beneficiar­on al Ejecutivo federal?

3.— Si grupos criminales se conformaro­n con miembros de las Fuerzas Armadas y policías judiciales, ¿mantienen vínculos con personal al interior de quienes dicen combatir al narco?

Lo cierto es que el índice global de impunidad de 2016 colocó a México en el lugar 58, de 59 países.

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