El Universal

Gobernador­es: ¿por qué están saliendo “tan malitos”?

- Economista. @jchavezpre­sa Por JORGE A. CHÁVEZ PRESA

Estamos enojados. Nos sentimos engañados. Y las revelacion­es sobre los abusos de poder de muchos que ahora son ex-gobernador­es son combustibl­e para incendiar nuestra indignació­n. Más allá de si fue el de Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, Sonora, más los que vayan acumulándo­se cada semana, hay una pregunta básica a formular: ¿por qué están saliendo tan defectuosa­s las gestiones de un número importante de los gobernador­es?

En realidad no debemos sentirnos sorprendid­os de que las gestiones de muchos gobernador­es estén plagadas de abusos en el uso del poder público y en la malversaci­ón, desviación e ineficienc­ia al ejercer recursos públicos. El diseño del puesto de gobernador tiene gravísimas deficienci­as. Por ello, este cargo público de elección popular, para mantenerlo disciplina­do, estuvo bajo control meta constituci­onal.

Las deficienci­as empiezan por el hecho de que las responsabi­lidades básicas de los gobiernos estatales, a decir de nuestra Constituci­ón, son residuales. Esto es que todo aquello que no sea materia federal o municipal puede ser del ámbito estatal.

En verdad :¿ de qué son responsabl­es los gobiernos estatales y por lo tanto sus gobernador es? La des centraliza­ción de la administra­ción de servicios públicos como la educación pública y la salud fueron un caso —en muchas partes un ejercicio fallido— de responsabi­lizar a los gobernador­es de estos servicios públicos a fin de estar más cerca de la población y volverlos cides campeadore­s, al competir entre ellos por lograr los mejores resultados.

Conceptual­mente era lo correcto; sin embargo, políticame­nte se echó a perder. Recordemos cómo la des centraliza­ción de la educación básica pronto se pudrió. El poder electoral del magisterio alineó todos los incentivos para obligar en los hechos a los gobiernos estatales a pactar dos negociacio­nes salariales. La líder del SNTE era el factótum en las elecciones estatales y escaló para serlo también en las del orden federal.

A esto habrá que agregar que el auge petrolero llevó un exceso de dinero a los gobiernos de los tres órdenes. Cada vez se fueron deterioran­do la calidad profesiona­l y ética de los integrante­s de los equipos de los gobernador­es. Si a esto se le agrega la falta de pesos y contrapeso­s en las administra­ciones estatales, el poder discrecion­al de los gobernador es es inmenso y ya es d is funcional. Y si a ello aun amos el miedo y terror que desde las oficinas de gobernador­es se puede ejercer sobre los medios de comunicaci­ón locales, se gesta el coctel perfecto para la impunidad y en consecuenc­ia el abuso.

La federaliza­ción (sic) del gasto público, pese a que se cambió la Ley de Coordinaci­ón Fiscal para agregarle el capítulo de Aportacion­es Federales, es también responsabl­e de que exista materia para el abuso. En las presidenci­a s de 2001 a 2012 no se atrevieron a ejercer todas las facultades que ya poseía el orden federal para exigir el orden en las erogacione­s que provenían de nuestros impuestos federales.

Visto el desorden, ya muy tarde, inicia la moda de volver a centraliza­r todo vía la Constituci­ón. Un gran a cierto fue el de tener legislació­n federal en materia de contabilid­ad gubernamen­tal (2007-2008). Siguió la legislació­n federal en materia de deuda pública (2014 a 2016). Un paso atrás fue darle a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de auditar las participac­iones federales, cuando lo más indicado era fortalecer la autonomía de las auditorías superiores estatales.

Escrito lo anterior: ¿es fatalidad o sí puede hacerse algo? Definitiva­mente se pueden hacer muchas cosas. El marco jurídico debe responsabi­lizar a los gobernador­es del desarrollo en el estado y de abatir la pobreza. Esto implica que deben ser 100% responsabl­es de lograr que impere la ley y prevalezca­n el orden y la seguridad para proteger la integridad física y patrimonio de las personas. Por lo tanto, deben tener abiertos los canales con el orden federal para intervenir oportuname­nte. Si no lo hacen, es porque en su caso son cómplices de la delincuenc­ia organizada. En cuanto a la selección de la persona: la principal responsabi­lidad la tienen los partidos políticos. Ellos son responsabl­es de verificar que además de tener las competenci­as para gobernar, son honestos, aunque el arca esté abierta. Y en la sociedad también somos responsabl­es: debe estar prohibido quedarnos callados y no hacer nada. La omisión también es pecado.

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