Expropian casa de ex gobernador
Se trata de la casa de Tlacotalpan del veracruzano preso en Guatemala Argumento.
Xalapa.— El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, expropió una casa de Javier Duarte de Ochoa ubicada en el municipio de Tlacotalpan, mientras el ex mandatario enfrenta un proceso de extradición en Guatemala.
Bajo la excusa de que la vivienda fue adquirida con recursos públicos —aunque no presentó pruebas—, el mandatario firmó un decreto para expropiar la casa de Duarte de Ochoa.
En un comunicado, Yunes explicó que esa casa fue comprada por Duarte con dinero público, a través de prestanombres, pero no dio a conocer los nombres de los mismos. “Ahora ya es patrimonio del pueblo de Veracruz y será puesta a disposición del Instituto Veracruzano de la Cultura”, anunció.
Dijo que es un acto más de justicia, puesto que tienen que recuperar los bienes y el “recurso que se llevó Javier Duarte y su banda. Me comprometí a hacer justicia y estoy cumpliendo”.
Cuando tomó protesta como gobernador Yunes dijo que recuperó los ranchos el Faunito, una parte de Las Mesas en Valle de Bravo y bienes muebles e inmuebles en Xalapa, Coatepec, Alvarado y otras poblaciones, así como un avión y un helicóptero que estaban supuestamente en manos de socios del ex gobernador Javier Duarte. El gobernador Miguel Ángel Yunes dice que la vivienda fue adquirida con recursos públicos, pero no presentó pruebas.
Yunes Linares se ha negado a hacer públicos los convenios mediante los cuales se recuperaron bienes inmuebles a supuestos socios del ex mandatario Javier Duarte de Ochoa.
Dos dependencias de su administración se deslindaron acerca de la posesión de los convenios o acuerdos legales firmados entre el gobierno del estado y los socios del ex gobernador de Veracruz para recuperar bienes e inmuebles.
La Secretaría de Finanzas y Planeación aseguró que realizar ese tipo de acuerdos estaba fuera de su facultad legal y detalló que era responsabilidad de la Oficina del Gobernador; sin embargo, esa área también se negó a hacer públicos los documentos, bajo el argumento de que es una facultad de la Secretaría de Finanzas.