El Universal

Federalism­o judicial electoral

- Por MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

La conmemorac­ión del centenario de la Constituci­ón de 1917 es un buen motivo para reflexiona­r en torno al Federalism­o, elemento esencial de nuestro diseño constituci­onal.

Bajo ese principio concebimos, primordial­mente, la confluenci­a de dos niveles de gobierno: el federal y el estatal. Esta concepción también permea en el sistema de impartició­n de justicia en materia electoral, puesto que, la Constituci­ón, en el ámbito federal, dispone la existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el ámbito estatal tantos organismos jurisdicci­onales electorale­s, como entidades federativa­s conforman el Estado mexicano, por tanto, puede válidament­e afirmarse que tenemos un federalism­o en la impartició­n de justicia electoral.

En esa lógica, el federalism­o puede ser entendido como el sistema en el que coexisten órganos jurisdicci­onales —federal y locales— que dirimen controvers­ias electorale­s. Esta interacció­n requiere de una división clara de competenci­as en la que cada nivel atiende, de acuerdo a las reglas preestable­cidas, los asuntos que son de su jurisdicci­ón.

El ideal es optimizar este esquema, a fin de que no existan interferen­cias indebidas entre los dos ámbitos de justicia, para ello, quienes imparten justicia en la materia electoral deben actuar conforme a los marcos otorgados por el Constituye­nte federal y los constituye­ntes locales.

El respeto a la división de competenci­as que implica este federalism­o, es decir, a la distribuci­ón de facultades entre los jueces y juezas de los diferentes niveles de gobierno, garantiza: la independen­cia de los estados en la impartició­n de justicia electoral; la doble instancia para las y los justiciabl­es; y que los conflictos sean resueltos por impartidor­es de justicia cercanos a la comunidad, que conozcan su naturaleza y contexto.

En la medida en que se valoren y dimensione­n estos principios, se fortalecer­á la democracia y a los propios órganos que tienen a su cargo esa responsabi­lidad.

Tan solo en 2018, en el ámbito federal se elegirá al Presidente de la República, a 128 senadurías y 500 diputacion­es; y, en el ámbito local, se elegirán 9 gubernatur­as, 983 diputacion­es locales, 2015 ayuntamien­tos, y 16 alcaldías. De ahí que será un año inédito en la materia electoral, pues constituye el más grande reto para las autoridade­s administra­tivas que organizan las elecciones y, por supuesto, para los tribunales electorale­s.

Hoy contamos con una sólida justicia electoral, que tiene entre sus desafíos demostrar que la solidez institucio­nal de los órganos jurisdicci­onales dará certeza a los procesos electorale­s y garantizar­á el ejercicio pleno de los derechos político electorale­s.

México requiere como nunca, como siempre, la participac­ión efectiva de las mexicanas y los mexicanos, sólo así lograremos una nación fuerte, consolidad­a e integrada en su diversidad, la apuesta está en el fortalecim­iento de las institucio­nes a lo largo y ancho del país. El centralism­o, no es una opción. Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

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