El sombrío panorama de la seguridad
En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública realizada en diciembre de 2016, 37.4% de la población aseguró que en los siguientes doce meses la situación de la delincuencia en su ciudad empeoraría. A lo largo de las últimas semanas diversos hechos y cifras han confirmado que esa pésima percepción no estaba infundada.
El salvaje ataque a una familia en la carretera México-Puebla, los enfrentamientos entre elementos del Ejército y huachicoleros con saldo de 10 muertos en ese mismo estado, robos y balaceras que sacuden a la antes pacífica Ciudad de México, la activación del Código Rojo por parte del gobierno de Reynosa por enfrentamientos del crimen organizado... y, apenas ayer, otro hecho que viene a sumarse a las cifras del que parece indicar —como bien lo ha señalado Alejandro Hope en estas mismas páginas— será el año más sangriento que ha vivido nuestro país desde 2011: tres policías que frustraron un robo a las oficinas del PRI en Nezahualcóyotl fueron asesinados.
¿Cuál será el punto de inflexión? ¿Hasta cuándo se aceptará que la estrategia para combatir la inseguridad ha resultado, por decir lo menos, ineficaz?
Las verdaderas raíces de la inseguridad no se atacan con la captura de grandes capos, el desmembramiento de alguna célula delictiva o los operativos itinerantes de las Fuerzas Armadas. Se ha confirmado, una y otra vez, que esto sólo deviene en la diversificación y amoldamiento de los grupos delictivos a los que las incapacitadas policías locales y los activos del Ejército y Marina deben enfrentarse.
En diversas ocasiones se ha insistido en los puntos básicos de un cambio de rumbo, comenzando por la capacitación de las policías locales, el combate frontal a la corrupción y la creación de empleos para elevar la calidad de vida de la ciudadanía.
Pero también se vuelve necesario un seguimiento puntual de las políticas , tanto locales como a nivel nacional, implementadas para combatir la inseguridad. No es suficiente mejorar las cifras y las estadísticas de criminalidad —baste el ejemplo del ex fiscal Veytia de Nayarit—, es necesaria una política que sí, ataque a la criminalidad esparcida por todo el país, pero también a sus estructuras financieras y que sea efectiva a la hora de acabar con una de las “materias primas” de la delincuencia: las clases menos privilegiadas, con un acceso deficiente a los satisfactores más básicos.
Y mientras el clima de inseguridad se enturbia cada vez más, los legisladores mantienen en la congeladora la Ley de Seguridad Interior, ahora pospuesta hasta el siguiente periodo legislativo. Temas que urgen y que, si bien no son soluciones inmediatas, pero sí coadyuvarían, se encuentran rezagados por diferencias políticas. Tal vez la clase política no se ha dado cuenta que una tormenta de inseguridad se apresta a caer en el país. Ojalá no lo noten cuando sea demasiado tarde.