VENEZUELA: SIN SALIDA A LA CRISIS El país sobrepasó el borde del precipicio y va en caída libre. Las decisiones de un gobierno que expertos comparan con una dictadura, junto con una precaria situación, han llevado a la oposición a las calles.
Hace un año, el país estaba sumido en una crisis política que hoy se ha agravado y mientras la oposición se enfrenta al gobierno en las calles, expertos advierten que el rumbo que está tomando el régimen es el de una dictadura
Si la imagen que Venezuela proyectó en mayo de 2016 fue la de un país que, sin obstáculos, avanzaba directo hacia un despeñadero por un acelerado e indetenible deterioro democrático, político y socioeconómico, la secuencia de mayo de 2017 desnudó una cruda realidad venezolana: la otrora pujante pero siempre desigual y rica nación petrolera ya sobrepasó el borde del precipicio e inició un largo recorrido en caída libre aunque sin llegar todavía al fondo del barranco.
Hace 12 meses el conflicto pareció enmarcarse en una lucha institucional con dos bandos con invariables posiciones; hoy se ha precipitado a una violencia política desenfrenada entre las partes, con un desenlace nublado.
Hay incertidumbre sobre cuánto tiempo más permanecerá abierto el sendero pacífico para lograr una solución. Las fuerzas antagónicas pasaron a otra etapa de la crisis y se instalaron en las barricadas del combate callejero, con el chavismo defendido por militares, policías y paramilitares en uno de los márgenes y con el antichavismo aglutinado en un abanico político multicolor en el otro.
A la situación actual se llegó por el cierre, en el segundo de 2016, de lo que habría sido una vía de solución sin salto al vacío: un referéndum para revocar o confirmar el mandato del presidente Nicolás Maduro, que empezó en 2013 y concluye en enero de 2019.
La oposición convocó al referéndum en 2016, pero el chavismo bloqueó la puerta a ese mecanismo de consulta popular que habría podido sacar a Maduro del poder antes de tiempo por un trillo democrático y cívico.
“El peligro es que lleguemos o ya estemos en un punto de no retorno”, alertó el venezolano Luis Rodríguez, director ejecutivo de Paz Activa, organización (no estatal) de Caracas que estudia la seguridad pública. “Si la oposición no ofrece una resistencia suficientemente férrea a la clara intención del oficialismo de establecer un corporativismo basado en grupos que lo apoyan y en excluir a gran parte de la población, en un proyecto político de una minoría que quiere controlar a una mayoría, estaremos básicamente siguiendo un patrón muy similar a países que, como Cuba o Corea del Norte, tienen grandes déficits democráticos”, pronosticó.
“O salimos por el canal democrático, donde por fin podamos resolver nuestras diferencias por la vía del voto universal, justo, custodiado y refrendado por la comunidad internacional, o acabamos con nuestro modelo de democracia representativa y vamos hacia el que proponen el presidente Maduro y el oficialismo”, insistió, en una entrevista telefónica con EL UNIVERSAL desde Caracas.
Al sepultar el referéndum, el oficialismo clausuró la válvula de escape de la presión política que ahora prolifera, en un conflicto cercado por una aguda escasez de alimentos, medicinas y artículos básicos, una inflación desbocada y un aparato productivo en colapso.
“Lo que más necesita el pueblo venezolano es comida, medicamentos, libertad, seguridad personal y jurídica, y paz”, reclamó la Conferencia Episcopal de Venezuela, en una declaración que emitió el pasado viernes. “Todo ello se conseguiría, si el gobierno actuara apegado a lo previsto en el texto constitucional vigente y con mayor sensibilidad ante tantas carencias”, recalcó.
Al ratificar que Venezuela sufre una oleada terrorista promovida por los “grupos armados” de la oposición ultraderechista y es víctima de una “guerra económica” atizada por Estados Unidos en alianza con otros gobiernos americanos, como México, el oficialismo sacó una nueva baraja de juego. Maduro convocó el pasado 1 de mayo —el 3 lo hizo oficialmente— a una Asamblea Nacional Constituyente, opción que los opositores calificaron como fraudulenta e inconstitucional y atribuyeron al plan para consolidar el modelo chavista pro-cubano.
Conmoción mortal
Abril y mayo de 2017 exponen un sangriento panorama. A diario crece el número de muertes por la violencia política que estremece a Caracas y a zonas urbanas y rurales venezolanas por las cotidianas batallas campales entre las fuerzas antagónicas centrales que, sin aparente salida al conflicto, se enrumban a una mayor radicalización, mientras sube el saldo de heridos y detenidos y aumenta la descomposición interna.
En 12 meses, Venezuela se alejó de un enfrentamiento que en diciembre de 2015, en unos comicios legislativos ganados por la oposición que consiguió así la mayoría en la Asamblea Nacional, pareció priorizar las urnas, la tribuna política, el debate tolerante o el plenario legislativo, y pasó a uno concentrado en el parapeto o la barrera en las calles, en medio de un tupido cruce de balas, gases lacrimógenos y ataque de tanquetas con piedras, palos o bombas caseras.
“Estamos en el inicio de un caos que el gobierno trata de controlar... con represión y más caos”, dijo Rodríguez.
Los venezolanos están atrapados en una de las mayores crisis de su historia. La zozobra cunde 18 años y 94 días después de que Hugo Chávez —fallecido en 2013— asumió la presidencia por la vía electoral en febrero de 1999 y empezó a instalar una revolución socialista y a desmontar el aparato político, socioeconómico e institucional que rigió a Venezuela desde 1958.
El conflicto sufrió varios estallidos durante el chavismo, como un fallido golpe de Estado en 2002 —seguido por huelgas, protestas, boicot electoral— y acciones opositoras como las que en febrero de 2014 llevaron a prisión al opositor Leopoldo López, condenado en octubre de 2015 a 13 años y nueve meses de cárcel por instigación pública y otros delitos tras una oleada de violencia que dejó 43 muertos. Amnistía Internacional, institución mundial no estatal de defensa de derechos humanos, ratificó a finales de abril que López es preso político o de conciencia, pero el chavismo lo cataloga como terrorista y delincuente.
Las cenizas no se apagaron pese a los comicios parlamentarios de diciembre de 2015 ganados por los antichavistas, que tomaron control legislativo en enero de 2016. La hoguera interna se siguió caldeando paralelo a un candente foco externo, ya que desde el primer semestre del año anterior, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió aplicarle la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Venezuela por violar los principios esenciales democráticos e imponerle sanciones políticas y económicas.
Un intento de diálogo chavismo-antichavismo, iniciado a finales de octubre pasado y con mediación del Vaticano y de tres ex presidentes (el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Fernández), nunca fructificó.
Pero los detonadores de abril y mayo fueron dos resoluciones dictadas el 28 y el 29 de marzo por el Tribunal Supremo de Justicia —dominado por el chavismo— que dejaron sin funciones a la Asamblea y declararon la invalidez de sus actos y que fueron calificadas por el antichavismo y Almagro como golpe de Estado y por 19 países de la OEA como una violación del orden constitucional.
El 31 de marzo, Maduro obligó al Tribunal a corregir, pero eso no evitó el agravamiento de la crisis. El 7 de abril, la Contraloría General de Venezuela —también en el timón chavista— castigó a Henrique Capriles Radonski, una de las principales figuras de la oposición, con una inhabilitación de participación política en actos electorales por 15 años por supuestas irregularidades administrativas como gobernador del estado de Miranda. Luego vino la convocatoria de la Constituyente. Con este menú, el decorado de Venezuela sigue siendo el del barril… sin fondo.