Desigualdad en el acceso al agua en México
El pasado 2 de mayo comenzó en nuestro país la visita oficial de Léo Heller, relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento. Dicha visita tiene como propósito constatar si se está cumpliendo con el derecho humano al agua y el saneamiento en México, a través del conocimiento del contenido y vacíos en el marco legal existente, así como de la implementación del mismo.
El derecho humano al agua fue reconocido en la Constitución Política el 8 de febrero de 2012 y se ordenó la publicación de una Ley General de Aguas dentro del año siguiente, mandato que cuatro años después no se ha concretado.
Así, el primer punto sobre el cuál es de esperar una recomendación derivada de esta visita oficial, es el relacionado con esta omisión.
Desde un enfoque de derechos humanos, vale la pena señalar que grupos sociales en situación de marginación y/o vulnerabilidad deben ser atendidos de manera prioritaria, a través de políticas públicas y presupuestos que hagan posible, en este caso, el acceso equitativo al agua. Constatar dicho rezago y no tomar las medidas necesarias para atenderlo, implica una omisión en términos de este derecho humano.
Es de hacer notar que muchas veces ante la carencia del servicio público de agua o debido a usos y costumbres, existen en el país comunidades indígenas y campesinas que hacen manejo del agua, de forma que operan sus propios sistemas de agua. Así pues, es congruente con el cumplimiento del derecho humano al agua otorgar el debido reconocimiento a este manejo, además de generar mecanismos para protegerlo, es decir, generar incentivos que permitan la existencia y continuidad de estos sistemas.
Estas son solo algunas consideraciones que esperamos el relator especial pueda incluir dentro del informe derivado de esta visita especial, con miras a efectivamente lograr el acceso equitativo de este vital recurso. Sin duda, el derecho humano al agua implica muchas cosas más, no obstante ello, tener un marco legal que recoja estándares internacionales y políticas públicas que garanticen el acceso equitativo son dos de los principales pendientes que México ahora tiene.