ARTICULISTA INVITADO
Desde hace un mes, las protestas en las principales capitales regionales de Venezuela han colocado al país en la agenda global. Los muertos, heridos y desaparecidos son una realidad de profunda preocupación para un continente que se define como democrático. Y es allí donde comienza el problema de Venezuela.
Las protestas comenzaron porque el Tribunal Supremo de Justicia retiró la mayoría de competencias constitucionales del Poder Legislativo. Esas competencias fueron restringidas meses antes, cuando el Tribunal declaró a la Asamblea Nacional en “desacato” por desconocer una solicitud de ese órgano que le instó a desincorporar a unos diputados electos.
En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, la oposición obtuvo 56.22% de los votos y ganó una amplia mayoría en la Asamblea. Fue la primera victoria contundente de la oposición desde el inicio del proceso chavista en 1999.
Lamentablemente, la Asamblea, controlada por el oficialismo en las últimas sesiones antes de finalizar su periodo, designó ciertos jueces ante el Tribunal sin seguir los procedimientos establecidos.
Las acciones de estos jueces son la base de las protestas más recientes. La fiscal general (Luisa Ortega Díaz), muy cercana al oficialismo, las tildó como inconstitucionales.
El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado al Tribunal, que de inmediato reformó la decisión y regresó algunas de las competencias constitucionales a la Asamblea. Esta respuesta inmediata produjo más preocupación. Sin embargo, este recuento de las presiones entre los poderes en Venezuela es sólo un último capítulo de una gran crisis.
Desde la muerte de Hugo Chávez, el 5 de marzo del 2013, y la posterior elección de Maduro como presidente, la situación ha empeorado. En la elección, Maduro obtuvo 50.61% de los votos y Henrique Capriles, opositor, 49.12%. El apretado resultado no tuvo aval de la observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), máximo ente en la región al que se le impidió participar. El resultado fue reconocido por los opositores, en un acuerdo que permitiría un reconteo de los votos. La revisión nunca se realizó de forma satisfactoria.
El gobierno de Maduro ha estado marcado por la continuación de las políticas de su predecesor, pero con la ausencia de dos elementos fundamentales: carisma y altos precios del petróleo.
Al comienzo del mandato de Maduro, el precio del barril rondaba los 100 dólares. Un año después bajó 50% su valor y así se ha mantenido. Un gobierno cuya principal política es estatizar y nacionalizar diversos sectores no puede operar con una baja de ingresos tan grande.
La incapacidad del país para autoabastecerse, un control de cambio absoluto y elementos importantes de corrupción en las redes oficiales de alimentación, han obligado al gobierno a racionar alimentos y otros bienes básicos. La crisis de medicinas tiene el mismo camino. La inflación es un buen resumen de la situación y, ya de tres dígitos, es la más grande del mundo.
En el ámbito político, las elecciones regionales pautadas para diciembre de 2016 fueron suspendidas, bajo la necesidad de reacreditar los partidos políticos. La comunidad internacional ve ahora al país con preocupación y propiciando soluciones. Sin embargo, el gobierno no oye las recomendaciones de muchos de sus aliados políticos. El enfrentamiento en la calle sigue y la crisis de gobernabilidad se profundiza. Las opciones se reducen con el tiempo y el tiempo avanza.