Descalifican ex funcionarios de PGR informe de caso Iguala
Ex funcionarios ven extrañas coincidencias en textos sobre desaparición de los 43 Los escritos coinciden en que se detectaron torturas en implicados detenidos
Ex funcionarios de la Procuraduría General de la República encontraron coincidencias entre el documento firmado por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y el informe enlatado que elaboró el ex visitador de la PGR, César Chávez, que da cuenta de violaciones al debido proceso en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014.
Luego de que EL UNIVERSAL publicó que las irregularidades, de acuerdo con el visitador, podrían echar por tierra la indagatoria, las coincidencias entre el documento de los padres, elaborado por el Centro Prodh el 1 de agosto de 2016, y el de César Chávez, fechado a las 13 horas del 18 de agosto de 2016, son para los ex funcionarios prueba de escaso rigor y les causa “extrañeza”. Se buscó la postura del ex visitador César Chávez, pero declinó hablar.
Ex funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) detectaron coincidencias entre un documento firmado por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el informe enlatado que elaboró el ex visitador César Chávez que cuestiona y marca debilidades en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El lunes, EL UNIVERSAL publicó que en el gobierno federal existen fundadas razones para temer que la investigación de la llamada “verdad histórica” sea derribada en tribunales internacionales por las irregularidades señaladas en el informe del visitador, fechado el 16 de agosto de 2014, desechado oficialmente.
Según Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Adriana Campos, sucesora de Chávez en la Visitaduría General de la PGR, “diluyó” el documento de trabajo de su antecesor con el objetivo de dejar impunes a los responsables de esas irregularidades, en detrimento de la verdad que demandan los padres de los jóvenes.
Sin embargo, ex funcionarios de la PGR encontraron que hay “extrañas coincidencias” entre el documento de los padres, elaborado por el Centro Prodh con fecha 1 de agosto de 2016, y el de César Chávez que está fechado a las 13:00 horas del 18 de agosto de 2016, lo que restaría rigurosidad científica.
Este diario solicitó a Chávez responda a los señalamientos, pero declinó.
Por ejemplo, en la página 3 del documento de los padres se señala que no se resguardó la cadena de custodia durante la incursión supuestamente también anómala de Tomás Zerón de Lucio, director de Agencia de Investigación Criminal (AIC), el 28 de octubre en el basurero de Cocula y en el río San Juan. Estas acciones en las que estuvieron peritos e Ismael Eslava como Ministerio Público no quedaron consignadas en la averiguación.
Esta misma observación la hizo Chávez en su informe: “[Se] actuó sin respetar las formalidades de ley en materia de registro de cadena de custodia, así como omitió haber asegurado debidamente el lugar de los hallazgos”.
En otro punto del documento de los padres de los 43 se indica que, a partir del reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se detectaron casos de tortura en al menos 17 implicados detenidos. Chávez, a su vez, lo asienta en el informe enlatado con El Chereje. En este punto, el lunes pasado la PGR admitió que se confirmó tortura sólo en dos personas, pero que eso no afecta de manera alguna la investigación.
Los padres de los 43 dicen en su documento que “la detención del señor Agustín García Reyes, alias El Chereje, fue arbitraria”, además de que sin orden de aprehensión, la Marina fue la que lo retuvo sólo con orden de presentación, pero la anomalía estriba en que Zerón de Lucio lo llevó desde la Ciudad de México al basurero de Cocula.
El documento de Chávez expone en la página 5 que Zerón de Lucio “vulneró en perjuicio de Agustín García Reyes, alias El Chereje, su derecho a defensa por haberlo trasladado al río San Juan, el 28 de octubre de 2014 sin contar con la presencia y asistencia de su abogado”. También precisa que esta detención fue ilegal y arbitraria.
Al respecto, la semejanza hallada por los ex funcionarios de la PGR en el texto de los padres de los 43 es que también se recalca que El Chereje fue “entrevistado” sin la presencia de su abogado defensor, lo que contraviene el artículo 20 de la Constitución.
Ambos documentos destacan con puntualidad que El Chereje fue retenido por la Marina el 27 de octubre, pero llama la atención que mientras los padres de los 43 mencionan que fue a las 23:14 horas, en el documento de Chávez se estipula que fue a las 23:15 horas.
También, ambos documentos —que pudieron ser cotejados por EL UNIVERSAL— coinciden en señalar que las actuaciones ministeriales del 28 de octubre de 2014, encabezadas por Tomás Zerón de Lucio e Ismael Eslava, fueron ilegales. En el caso de los padres se precisa que se realizaron “diligencias en un lugar criminalísticamente relevante”, mientras que en el documento enlatado por PGR se lee “[la] intervención [de Zerón] en una escena de relevancia criminalística para la averiguación previa no hizo posible que tales acusaciones quedaran registradas”.
De acuerdo con fuentes oficiales consultadas, la presencia de Zerón de Lucio es irrelevante jurídicamente hablando, porque quien conducía la actuación fue Ismael Eslava en su calidad de Ministerio Público, como fiscal para robo de vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Sobre eso, en el texto de los padres de los 43 se recalca que Zerón, al ser titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), “no estaba facultado para realizar diligencias”. Chávez dice: “Su categoría como servidor público no es sustantiva, sino administrativa”.
Otra coincidencia entre ambos documentos es que mientras los padres enfatizan el traslado de El Chereje al basurero de Cocula por una autoridad sin competencia legal para ello (Tomás Zerón), el informe enlatado también hace hincapié en este tema y refuerza que en el oficio para sustraer a El Chereje de la SEIDO se omite para qué, cuando en realidad fue para llevarlo al basurero.
Otra anomalía que resaltan los padres de los desaparecidos es que los peritos que estuvieron en la diligencia del 28 de octubre actuaron sin apego a la ley ni llevaban equipo adecuado ni realizaron exhaustividad científica.
En este tema, Chávez reforzó al resolver que era necesaria la remoción e inicio de responsabilidades a los peritos Mauricio Cerón Solana, Eva Hernández y Patricia Gómez Ramírez, porque cometieron irregularidades al incurrir en perturbación ilícita y omisión en la preservación de indicios, omisión de peritajes y falla en la cadena de custodia (acciones que se deben tomar para preservar la evidencia de un crimen), lo cual es sancionado por el Código Federal de Procedimientos Penales.
Un aspecto más en donde los ex servidores públicos de la PGR hallaron semejanzas entre el texto de los padres de los 43 normalistas y el de Chávez, es el referente al asunto de que ambos recalcan que no hay constancia de que se haya ordenado dejar bajo resguardo la zona en donde incursionaron el 28 de octubre Tomás Zerón de Lucio y demás funcionarios con El Chereje.