ANÁLISIS
La violencia tiene innumerables efectos económicos. La afectación en el poder adquisitivo que se da por un robo, la pérdida del potencial de generación de ingreso de una persona que es asesinada, el flujo de inversiones y recursos humanos hacia lugares más seguros, la desviación de recursos de gobierno y particulares hacia actividades no productivas, son algunas de las múltiples formas en las que la criminalidad golpea el crecimiento del país. Sandra Herrera López
El Instituto para la Economía y la Paz publicó recientemente el índice de paz para México 2017, un estudio relevante sobre la evolución de la violencia en el país que, entre otras, concluye que México sufrió en 2016 un deterioro de 4.3% en el índice de paz con respecto a 2015.
El fenómeno está lejos de igualar 2011, el año más violento, y revierte una tendencia positiva que se había presentado desde 2012. De cualquier forma, sería aventurado afirmar que el revés de 2016 pueda ya reflejar una nueva tendencia.
Serán los expertos en los estudios sobre violencia y legalidad quienes nos ayuden a entender mejor el fenómeno. Lo que me interesa resaltar en este artículo es el capítulo del documento citado que se ocupa de los efectos económicos de la violencia en México.
Según el Índice de Paz, la violencia cuesta al país 18% del PIB. ¿Qué significa esto? Para entenderlo mejor, considere que todas las actividades primarias en México (agricultura, cría y explotación de animales, pesca y caza, aprovechamiento forestal y servicios relacionados) representan 4% del PIB.
Es decir que lo que deja de ganar el país en violencia, representa cuatro veces lo que producen todos los mexicanos de bien que se dedican a las actividades primarias.
Los costos de la violencia son diferentes según el tipo de delitos de que se trate y su impacto económico se calcula teniendo en cuenta elementos como los recursos judiciales y policiales necesarios para su atención o prevención, el valor de la productividad perdida cuando un miembro de la fuerza laboral es asesinado, o los costos de atención médica para las víctimas.
En el caso de México, los crímenes violentos (robo, asalto y violación) son los que más afectan el PIB, seguidos por los homicidios. Juntos, representan 79% del costo de la violencia. El restante 21% se distribuye entre el gasto del gobierno para la contención (14%) y otros costos asociados con las pérdidas económicas relacionadas con la inseguridad, como el gasto en seguridad privada, el crimen organizado (secuestro y extorsión) y el miedo.
En total, el costo de la violencia representa 3 billones de pesos mexicanos, 25 mil 130 pesos per cápita. Sin embargo, existe gran variación cuando se analiza este indicador según el estado.
Para Colima, entidad federativa en el lugar 31 del ranking sólo superada por Guerrero, el costo por habitante de la violencia es de 66 mil 500 pesos.
El gasto gubernamental en contención de la violencia en precios corrientes ha crecido 120%. Es importante tener en cuenta que ese dinero adicional que hoy se usa en la contención y atención de la violencia pudiera estarse empleando en otros sectores. Dentro de lo que el gobierno gasta, la administración de la justicia (107 millones de pesos) representa casi lo mismo que el gasto en seguridad doméstica y militar (114 millones de pesos).
Todos estos datos nos obligan a la reflexión. Desde el punto de vista económico, el comercio o la industria manufacturera representan más o menos ese mismo 18% del PIB que hoy dejamos de producir por la violencia.
Desde el punto de vista social, cada industria o persona que ya no invierte en México por la inseguridad, cada joven que es obligado a migrar a otro país por la violencia, cada vida que se pierde prematuramente, cada niño que crece en un ambiente hostil que le incita a reproducir lo vivido, cada familia desmembrada, cada peso del gobierno desviado de la atención a los más pobres, nos deteriora también como comunidad que comparte mucho más que un territorio.