¿Por qué urge un Consejo Fiscal?

Alos gobiernos les dan pánico los contrapesos y por eso tratan por todos los medios de evitarlos, posponerlos o aniquilarlos. Es razonable.

A los funcionarios y políticos en el poder no les gusta que alguien más esté metiendo sus narices en lo que han hecho solos toda la vida: sin observaciones, ni vigilancias, ni —mucho menos— críticas públicas. Siempre dirán que ya tienen suficientes contrapesos, que la vigilancia está allí, que no se exagere cuando se habla de transparencia o de rendición de cuentas. Lo cierto es que prefieren la discrecionalidad que les da hacer las cosas en lo oscurito.

Eso mismo está ocurriendo con la negativa de Hacienda a la creación de un consejo fiscal independiente y apartidista como lo han propuesto los empresarios, legisladores y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Este consejo sería un organismo de expertos que discute y recomiende el diseño, la implementación y la evaluación de la política fiscal sin sesgos políticos con el propósito de incrementar su credibilidad y, así, reducir los elevados costos financieros que trae consigo la desconfianza.

Si bien la propuesta no es nueva, en este sexenio revivió después de la pérdida de credibilidad de la política fiscal ante la comunidad de inversionistas principalmente por el manejo de la deuda y el gasto públicos, así como del uso del capital y de los recursos de las empresas públicas. La reiterada recomendación de los funcionarios del FMI es en ese sentido.

Hacienda no acepta un consejo fiscal independiente. Sus razones se fincan en que ya existe suficiente supervisión sobre la política fiscal, por lo que sería redundante. El gobierno no sólo aduce que los mercados financieros internacionales y el FMI son escrutadores de las acciones de política fiscal como emisor de deuda y sujeto de crédito, sino también que ya se tiene la obligación de sujetarse a la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria que les obliga frente al Congreso y a la Auditoría Superior de la Federación.

El hecho es que, año con año, sabemos de una serie de excesos en el ejercicio presupuestal, de la mala calidad en el gasto público, de una cuestionable toma de decisiones fiscales sesgada por asuntos políticos y electorales, y de una frecuente discrecionalidad en el uso de ciertas partidas.

Todo ello fortalece la necesidad de crear un consejo fiscal independiente. Y Hacienda debería ser el primer interesado —si se ve estrictamente desde su visión de lograr la mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos— en la medida en que ello redundará en una mayor credibilidad en el exterior y en menores costos de la deuda nacional.

Sin embargo, Hacienda y el gobierno federal han rechazado esta posibilidad y están haciendo todo lo que está a su alcance para que no se implemente.

Lo mismo ocurrió a principios de este siglo cuando se propuso crear un defensor del contribuyente independiente (ómbudsman fiscal) en la figura de una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). En aquella ocasión —aunque ahora parezca descabellado— también el gobierno federal se opuso a la posibilidad de que los contribuyentes pudiéramos ser defendidos, representados y asesorados ante los actos de Hacienda a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Si bien el gobierno de Fox no pudo aniquilar la propuesta, sí la pospuso durante todo su mandato. La discusión en el Congreso se abrió el 3 de abril de 2001, pero fue hasta diciembre de 2003 cuando la Comisión de Hacienda del Senado aprobó la creación de esta figura. Pero ello no fue suficiente. Pasaron casi dos años más para que llegara al pleno del Senado y finalmente fuera aprobado el 2 de octubre de 2005 el nacimiento de Prodecon.

Pero, insisto, los contrapesos, especialmente cuando se trata de dinero, son un fastidio para el gobierno. Hacienda siguió evitando a toda costa este contrapeso tributario y el gobierno tardó un año (septiembre de 2006) en publicar la Ley Orgánica en el Diario Oficial de la Federación para que, en una burda treta, fuera impugnada por el propio gobierno a través de la Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte.

Pasarían otros cinco años para que finalmente el presidente Felipe Calderón, hacia el final de su mandato, enviara al Senado, en abril de 2011, la primera terna de candidatos para ocupar la titularidad del primer ómbudsman fiscal del país.

La triste historia una década para aprobar la figura de un ómbudsman fiscal en México es la historia de la repulsa de los políticos en el poder a los contrapesos, a los necesarios balances que requiere la construcción de transparencia y de confianza en las instituciones.

Ahora el Consejo Fiscal Independiente se enfrenta a los mismos argumentos, a los mismos intereses, a la misma opacidad. No se trata de si la creación del consejo es redundante porque existe una Ley de Responsabilidades Hacendarias ni tampoco se trata del compromiso con la consolidación fiscal para lo que resta del sexenio que ha expresado el secretario Meade. Se tratar de mirar más allá de la narices. Se trata de volver a colocar los ladrillos de la confianza que fueron tirados en la primera mitad de este gobierno con la política fiscal que se implementó.

Se requieren contrapesos al poder. Eso es el Consejo Fiscal. Y no es una petición, es una exigencia.