Comunidades en la ilegalidad
¿Qué empuja a familias o poblaciones casi enteras a apostar por actividades ilícitas como forma de vida?
En fechas recientes el país ha conocido casos de menores que se unen a bandas criminales como halcones o sicarios.
En Tlaxcala, en la comunidad de Tenancingo, varias generaciones familiares se han dedicado al negocio de la trata; redes bien estructuradas se encargan de atraer a jóvenes con engaños y prostituirlas en ciudades mexicanas e incluso en Estados Unidos.
Varias de las bandas de secuestradores que han sido desarticuladas han exhibido una estructura familiar en la que cada integrante —hijos, esposa, incluso abuelos— desempeñaba una función precisa en el plagio. Actualmente el robo de combustible en la zona conocida como Triángulo Rojo, conformada por los municipios de Quecholac, Tepeaca y Palmar de Bravo, en Puebla, ha dejado ver a comunidades completas que salen en defensa de los grupos delictivos que se dedican de manera clandestina a extraer gasolina y diesel de los ductos de Pemex. Grupos de mujeres y niños son colocados al frente cuando se trata de enfrentar a fuerzas del orden.
Las comunidades del Triángulo Rojo no destacan por su desarrollo urbano o calidad de vida; como esa, hay muchas zonas en el país, pero no significa que se encuentren realizando labores ilícitas. ¿Es la falta de oportunidades lo que los orilla a colocarse del lado de la ilegalidad? Esa puede ser una de las razones, pues la OCDE reporta que sólo una cuarta parte de los jóvenes se encuentra estudiando, mientras la mitad trabaja o trabaja y estudia, y la otra cuarta parte no tiene empleo, no estudia ni recibe capacitación o trabaja en el sector informal de la economía. La población juvenil que no estudia ni trabaja se convierte en la fuerza ideal que requieren grupos delictivos para su operación.
Los gobiernos locales y el federal no pueden darse el lujo de ignorar y desperdiciar a ese sector. Si en lugar de dejarlos a la deriva los jóvenes tuvieran la oportunidad de prepararse, contribuirían, primero, al desarrollo familiar y, por extensión, al desarrollo de la población en general.
La situación del país ha sido también una de las causas probables. ¿Qué aliciente tiene un joven para pasar varios años en una universidad o estudiando una carrera técnica si al final engrosará las filas del desempleo o en el mejor de los casos recibirá un sueldo apenas suficiente para sus necesidades básicas?
Tampoco se puede descartar la complicidad de autoridades, pues de otra manera no se explica el avance de la situación.
El problema presenta una naturaleza estructural. Son varios factores los que han estado fallando: educativos, económicos, sociales y de impartición de justicia. La solución no será fácil ni pronta, pero tiene que empezar a darse cuanto antes.