México, con retos para dar acceso a agua: ONU
Señala fallas en el sistema y abastecimiento sólo por horas
México enfrenta retos para asegurar el acceso al agua potable de calidad y saneamiento de toda su población, incluyendo las comunidades indígenas y marginadas, alertó Léo Heller, relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento.
Al presentar los hallazgos preliminares de su visita a México, Heller destacó que aunque las estadísticas señalan que 94% de la población tiene acceso a agua potable y 93% al saneamiento, estás cifras no se traducen en un acceso real que es “dramáticamente inferior”. Dijo que en la Ciudad de México 70% de la población recibe agua menos de 12 horas al día.
“Una proporción significativa de la población no recibe servicios a nivel de los estándares que indica la Constitución Mexicana. Un barrio marginado de la CDMX depende del uso de burros para transportar agua, mientras que en Filomeno Mata, en Veracruz, más de 13 mil personas dependen de manantiales y tienen una planta de tratamiento de aguas residuales que no funciona”, explicó.
El recorte presupuestal de 37% para los servicios de agua y saneamiento en 2017, añadió, “tendrá un potencial efecto dramático en la progresiva realización de los derechos humanos al agua y saneamiento en el corto y mediano plazo”.
Afirmó que aunque la situación económica de México es complicada por el contexto internacional y el mercado de los combustibles, “nada justifica un recorte de esa proporción a un sector que tiene que ver con carencias esenciales y están relacionadas con la calidad de vida de la gente y la salud”.
Lamentó que a cinco años de la reforma constitucional de 2012, en la que se estableció la garantía del derecho de todas
“Una proporción significativa de la población no recibe servicios a nivel de los estándares que indica la Constitución Mexicana” LÉO HELLER Relator especial de la ONU
las personas al acceso a servicios de agua y saneamiento suficientes, aún no exista una ley de aguas que establezca los mecanismos para el cumplimiento de este derecho.
Destacó que la existencia de una legislación en esta materia permitirá la creación de políticas públicas y programas, a fin de que las comunidades puedan demandar sus derechos.
“Es lamentable que esa ley no haya sido aprobada y parece haber un estancamiento en el proceso”, advirtió Heller.