Afores: Peor el remedio
Descartada por la Asociación Mexicana de Afores y aún por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros que la práctica monopólica absoluta orquestada por cuatro intermediarias hubiera lesionado el ahorro de lo
Acusadas las firmas de coludirse para retrasar o congelar los traspasos de cuentas solicitadas por los usuarios, en la fase de desahogo del proceso se emitieron reglas que en la práctica legalizan la práctica penada.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro expidió una modificación a su Circular Única Operativa, en cuyos artículos 177 y 177 bis se acota la posibilidad de traspasos.
Las afores, bajo el marco, obligan a sus clientes en proceso de cambio a tramitar un “permiso”, es decir, una constancia de las implicaciones del traspaso para poder realizar el cambio… sólo que no a la intermediaria que se buscaba sino a la que decida el permisionario.
La lógica de la instancia encabezada por Carlos Ramírez es evitar traspasos indebidos, a veces por el oropel de un regalo, sin considerar que tras el anzuelo está una intermediaria que le ofrece un menor rendimiento. “Traspasos negativos” los llama la Consar. Sin embargo, la acción paternalista incurre en una sobreregulación y coloca una barrera de salida.
La medida soslaya, por ejemplo, que los rendimientos pasados no garantizan los futuros, a soslayo de que la única posibilidad real de competencia entre las administradoras de fondos para el retiro es, justo, el temor de los traspasos.
Reguladas las comisiones y vigilados los rendimientos, la única opción de pelea la plantea el libre tránsito de las cuentas de los trabajadores.
De acuerdo con la Federación Internacional de Fondos y Pensiones, “la competencia se fundamenta en la libertad de los afiliados para traspasarse de una a otra”. En ningún país se pide explicar la causa. De acuerdo con las nuevas reglas, para que el trabajador obtenga el “permiso” de cambio debe recurrir al portal E-SAR, donde, tras un farragoso trámite, se le daría su “pase”, aunque no necesariamente a las afore requerida.
Naturalmente, primero tiene que hablar con la intermediaria donde está su cuenta, quien tiene posibilidad de retrasar el siguiente trámite.
Es por su bien, diría la fábula.
Naturalmente, la carrera de obstáculos favorece, justo, a las afores que fueron multadas con mil 100 millones de pesos, es decir, Banorte XXI, Profoturo GNP, Sura y Principal, quienes controlan cerca de dos tercios del total del acumulado en el sistema.
Banorte XXI tiene por sí una rebanada de 30% del pastel.
Más al detalle, de una masa de cuatro billones de pesos administran 2.7. De 57 millones 434 mil 774 cuentas, tienen en sus buchacas 38 millones 397 mil 108.
Sin la posibilidad de traspasos o acotados éstos, se mantendría el oligopolio.
El asunto se vuelve sospechoso si se anota, por ejemplo, que Sura acaba de contratar a Tarek Ramírez, hermano del presidente de la Consar, Carlos Ramírez… quien trabajó tres años como Economista en jefe de la casa de Bolsa de Banorte.
El nuevo director de la Afore Banorte XXI, Manuel Valle Pereña, a su paso por el sector público coincidió con el propio Ramírez y con Óscar Vela Treviño, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social en Hacienda.
Peor el remedio… Balance general.La insistencia de los 50 capitanes de corporativos afiliados al Consejo Mexicano de Negocios que encabeza Alejandro Ramírez, en la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para anunciar sus planes de inversión, apuntaba a acelerar la designación del fiscal Anticorrupción.
La bandera la han enarbolado el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Lo interesante del caso es que los organismos han planteado estar preparados para el nuevo escenario en que la flecha apunta no sólo a los funcionarios públicos sino a los propios proveedores del gobierno.
La posibilidad para quienes se coludan en pro de contratos públicos plantea no sólo la inhabilitación de la empresa sino la de los dueños y funcionarios de ésta.
En algunos casos se les “ficharía” para evitar que se refugien en el sector publico.
Naturalmente, aunque el gobierno no tiene facultades para impedirlo, se conmina a las empresas a hacer lo propio con funcionarios venales.
Algunos organismos empresariales, a imagen y semejanza de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, están creando Comités de Honor y Justicia para enjuiciar a los que levanten la pata a la vaca. Solana en el callejón. Hoy vence el plazo que había solicitado a la Secretaría de Economía el presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, para extender su mandato, dada la imposibilidad, por orden judicial, de convocar a una asamblea general ordinaria con carácter electoral.
El periodo de Solana se venció el 31 de marzo.
La posibilidad es que se nombre un interino mientras se pueda desarrollar el procedimiento.
Lo cierto es que en el entretanto el presidente de la cúpula mercantil ha podido utilizar la infraestructura y demás del organismo para defenderse frente a una denuncia por desvió de recursos públicos.
Como se recordará, la querella apunta a que se vendieron con sobreprecio tabletas para organizar la administración de pequeños comercios, en un escenario en que la fabricante es propiedad de uno de los directivos.
Hasta hoy la defensa se ha centrado en que el denunciante sólo toma en cuenta el valor del aparato cibernético como tal, a soslayo del software con que fue cargado. Sigue la danza. En la feria de dimes y diretes en torno a una licitación convocada por el Instituto Mexicano del Seguro Social para un contrato de 3 mil 200 millones de pesos para servicio plurianual de seguridad sobrogada, con alcance a 4 mil inmuebles, se habla de que el danzón está dedicado a cuatro empresas.
Concretamente se menciona, aludiendo como fuente a empleados de la División de Contratación de Retiros y Logística, a las firmas Servicios Industriales e Institucionales, Protección Resguardo y Servicios Empresariales, VIGI John Klean del Sureste y Protección de Alarmas Privadas.
El concurso ya provocó ruido en la Comisión Permanente del Congreso al revelarse que la licitación se convocó con alcance internacional, sin embargo se nombró a un testigo social para una local, en tanto en el estudio de mercado no se tienen en cuenta los costos que colocarían en la mesa empresas extranjeras.