Héctor de Mauleón
Agentes de la Procuraduría General de la República ubicaron el pasado 4 de mayo el sitio en que se escondían cinco personas señaladas como miembros del primer círculo de seguridad de Dámaso López Serrano, El Mini Lic —hijo del sucesor de El Chapo: Dámaso López Núñez, conocido como El Licenciado.
El Mini Lic es uno de los llamados “cachorros del narco”: desde joven fue entrenado en los secretos del tráfico de drogas. Después de exhibirse en redes sociales con mujeres suntuosas, maletines repletos de dólares y automóviles de lujo; luego de que el cantante Gerardo Ortiz le dedicara un corrido que hoy cuenta con millones de reproducciones (“Si señor, yo soy Dámaso / soy hijo del Licenciado, / de Culiacán y mi gente, / siempre he tenido respaldo…”), fue criticado dentro del propio grupo criminal y obligado a bajar su perfil drásticamente.
El cártel le confió la operación en Baja California Sur, en donde quedó al frente del brazo armado conocido como Los Ántrax.
Su padre fue detenido el 2 de mayo pasado en un edificio de lujo de la colonia Anzures. Al operador financiero de El Licenciado, Víctor Geovanny, se le detuvo el mismo día en un domicilio de Azcapotzalco.
La detención de otro supuesto integrante del Cártel de Sinaloa en el rumbo de Tláhuac, ocurrida cinco días después, llevó a los elementos de la PGR hasta la calle Almena 85, colonia Jardines del Sur, en la delegación Xochimilco. La información que se hallaba en sus manos indicaba que el lugar era una casa de seguridad en la que se refugiaban los escoltas de mayor confianza de El Mini Lic.
En el informe que los agentes rindieron más tarde se lee que a las puertas del domicilio detectaron a un hombre armado que los encaró y amenazó; que un segundo hombre salió del inmueble para enfrentarlos, pero que al verse superados en número, los dos presuntos sicarios regresaron al domicilio dejando la puerta abierta.
Al entrar, los agentes hallaron armas, cartuchos, cargadores y drogas.
La versión de los cinco detenidos es que aquel día a las tres de la tarde oyeron un estruendo en la puerta y se vieron rodeados por gente armada y encapuchada. Les pusieron bolsas de plástico en la cabeza y los golpearon en las costillas. Les preguntaban por “un licenciado”.
Los detenidos dijeron que no sabían nada de ese personaje, que las armas y la droga se las habían sembrado, y que ellos se dedicaban a la minería.
Una inspección ocular mostró que la puerta tenía graves daños.
La jueza de control María Elena Cardona liberó a los cinco detenidos. Asentó que “no existe verosimilitud ni en la forma ni en los hechos que se describen en el informe” y que “hay incongruencias, inconsistencias y no se puede considerar que haya razonabilidad en lo expuesto” por los agentes.
Quienes presenciaron la audiencia aseguran que la jueza se mostraba nerviosa y aceptó sin objetar todos los testimoniales de la defensa.
La jueza Cardona acababa de anular, días atrás, tres de las cuatro imputaciones realizadas a Víctor Geovanny, el supuesto operador financiero del Cártel de Sinaloa —cuyos abogados prefirieron mantenerse en el anonimato.
Cardona acusó a la PGR de no presentar ninguna prueba que vinculara al detenido con el Cártel de Sinaloa ni con lavado de dinero y señaló que la dependencia tampoco pudo acreditar que las armas halladas en su domicilio (tres pistolas, 264 cartuchos y 15 cargadores) estuvieran consideradas en el catálogo de armamento reservado para las Fuerzas Armadas.
Indicó además que el acusado fue puesto a disposición del Ministerio Público con cinco horas de retraso, por lo que ordenó la invalidación de las pruebas, entre otras, la primera declaración rendida por éste.
Todo es inquietante en este asunto. La incapacidad de la PGR para sustentar sus propios casos y el probable empleo de la tortura como método principal de investigación; la posibilidad de que el Cártel de Sinaloa haya inundado con casas de seguridad la Ciudad de México —en la misma semana surgen domicilios por todos los vientos: Anzures, Azcapotzalco, Xochimilco y Tláhuac—, y algo infinitamente grave: la posibilidad de que una impartidora de justicia haya sido amenazada o sometida a presiones por parte de un grupo criminal.
Algo en todo este embrollo parece decirnos que, en la Ciudad de México, el Cártel de Sinaloa está ya hasta en la cocina.