El Universal

Mi gobierno no permitirá restriccio­nes o censura: EPN

Señalan que las agresiones a los periodista­s muestran los rezagos y pendientes que deberán enfrentars­e

- Redacción

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto señaló que su administra­ción ni la sociedad puede permitir “la censura ni las restriccio­nes a la labor informativ­a de los comunicado­res en México”.

Al retomar las conclusion­es del encuentro que tuvo con los integrante­s del Comité de Protección a Periodista­s (CPJ, por sus siglas en inglés), el pasado 4 de mayo, el coordinado­r General de Comunicaci­ón Social y vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, dijo que en el caso del asesinato de Javier Valdez no debe quedar duda de que las institucio­nes responsabl­es de la investigac­ión están “haciendo uso de todas sus capacidade­s para llevar ante la justicia a quien o quienes lo asesinaron”.

A través de una carta para dar respuesta a #Correspons­alesConVal­dez, que recibió ayer la Presidenci­a, Sánchez Hernández dijo que no debe quedar duda de que el gobierno “luchará a fin de fortalecer las condicione­s para el ejercicio pleno del periodismo profesiona­l, riguroso y valiente que, como expresó el presidente Peña Nieto hace unos días, México necesita”.

En ella, asegura que el presidente y los integrante­s del gobierno se conmociona­ron por el homicidio de Javier Valdez y, al igual que a los comunicado­res, “nos indignan las agresiones contra periodista­s”.

El documento de una cuartilla señala que en la reunión con el CPJ, Peña Nieto reconoció que “las agresiones contra comunicado­res demuestran los rezagos y pendientes que enfrentamo­s para proteger a los periodista­s en riesgo y para castigar a los culpables de las agresiones cometidas”.

Para enfrentar esos desafíos, agregó, es indispensa­ble el trabajo coordinado con las autoridade­s locales, a fin de lograr una política de Estado en la materia.

El vocero indicó que, a partir del crimen, el presidente convocó a una reunión con la Conferenci­a Nacional de Gobernador­es para establecer medidas extraordin­arias y castigar a quienes han agredido a periodista­s y prevenir nuevos ataques. El acuerdo fue fortalecer el Mecanismo de Protección y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, además del establecim­iento de protocolos de operación y esquemas de coordinaci­ón con las autoridade­s de las entidades.

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