ANÁLISIS
Cuando se dio la discusión a finales de 2016 sobre cuánto debería incrementarse el salario mínimo, las autoridades del Banco de México (Banxico) se negaron tajantemente a que se elevara de 73 a 90 pesos diarios para alcanzar el costo de la canasta básica necesaria para la sobrevivencia de una persona, como lo habían solicitado diversas voces, que iban desde la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hasta el jefe de Gobierno de la CDMX. Pablo Álvarez Icaza Longoria
Banxico argumentaba que ello generaría un efecto “faro” sobre otras negociaciones salariales, provocando inflación. El gobierno federal decidió incrementarlo 9.58% a 80 pesos tratando de mediar entre estas dos posiciones.
La realidad es que en el primer bimestre de 2017, el incremento salarial contractual nominal en las jurisdicciones federal y local fue de 4.8% en términos nominales, o de -0.04% en términos reales de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (consultada el 24 de mayo).
La previsión de que se iban a contaminar otras negociaciones contractuales y por ende a generar presiones inflacionarias, no se dio.
En cambio lo que sí se presentó fue una pérdida del poder adquisitivo, porque el disparo de la inflación se comió las alzas nominales de los salarios, y seguramente siguió ese curso, los siguientes meses por su aceleración.
Mientras que el Fondo Monetario Internacional reconocía en abril que se esperaba “un repunte de la inflación en México y Turquía en 2017, mayormente como resultado de la liberalización de los precios de la gasolina en México, así como de la depreciación significativa de las monedas en ambos países”, para Banxico el alza registrada es reflejo de los aumentos en el precio de los energéticos, de productos agropecuarios y de tarifas autorizadas por el gobierno (en particular en autotransporte), por lo que es temporal.
Incluso, en su último comunicado enfatiza: “que hasta el momento, no se hayan presentado los efectos de segundo orden en el proceso de la formación de precios en la economía”, es decir, no reconoce un traspaso generalizado de la depreciación del tipo de cambio a la inflación; aunque sí acepta una tendencia al alza de la inflación como reflejo de una depreciación acumulada de la moneda nacional, pero sin que se haya desbordado.
Paradójicamente, mientras la Junta de Gobierno del banco central minimiza que la depreciación esté causando inflación porque las expectativas de corto plazo se encuentran ancladas por la política monetaria preventiva; pide que se tomen “en consideración que las condiciones en el mercado laboral han venido estrechándose, (y que) la tendencia al alza de los costos laborales unitarios de la mano de obra podría empezar a reflejarse en la inflación”.
De nueva cuenta la historia se repite. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), haciendo eco a la preocupación de Banxico, deja entrever que en este momento no es oportuno aumentar el salario mínimo a 92.70 pesos como lo recomienda Coparmex, que apoya la postura de quienes consideran, que de seguirse deteriorando el salario mínimo podría dañarse más el débil tejido social del país.
La caída del salario mínimo es tan profunda, por haberse usado como ancla antinflacionaria en los últimos 35 años, que más bien ha funcionado como un “antifaro”, ya que los empresarios pueden jactarse de que ellos pagan mucho más del salario mínimo, por ejemplo, el doble, cuando este monto sigue siendo insuficiente. 41.85% de la población ocupada en el primer trimestre de 2017 percibía hasta dos salarios mínimos, sin considerar a 6% que no recibe ingresos.
¿Qué dicen los datos duros? De acuerdo con las últimas cifras del Índice del Costo Unitario de la Mano de Obra (ICUMO) por sector correspondientes al cuarto trimestre de 2016, difundidas por Inegi el 8 de marzo, las variaciones con respecto al mismo periodo del año anterior, así como las tendencias son negativas; mientras que en las industrias manufactureras y de la construcción se observan variaciones y tendencias positivas, pero todavía lejos de los niveles prevalecientes antes de la recesión de 2009 en el caso de la primera y de 2013 en la segunda que no logra recuperase de la crisis que tuvo entonces.
En contraste, el índice de productividad laboral iba con tendencia a la alza en toda la economía y en los sectores primario y terciario; mientras que en el sector secundario seguía una fuerte tendencia a la baja iniciada en 2014.
En Estados Unidos, se reconoce que el mercado laboral podría estarse estrechando al ser de 4.4% la tasa de desempleo en abril y al observarse incrementos acumulados de las remuneraciones promedios; pero, trasladar esa perspectiva a México resulta equivocado.
Allá se considera como desempleada a una persona que trabajó menos de 15 horas a la semana, además de que cuentan con seguro de desempleo; mientras que acá basta con que haya laborado al menos una hora para que no esté desocupada, además de que la ley federal del trabajo desde el 2012 ha legalizado el outsourcing (subcontratación) facilitando los despidos y frenando las peticiones de aumento salarial.
El salario mínimo en México es tan irrisorio, que está ocasionado que se acuse al país de “dumping laboral” en Estados Unidos.
Vamos, hasta los promotores de la inversión extranjera directa destacan como ventaja los bajos costos laborales prevalecientes en el país.
Seguir discriminando laboralmente a las y los mexicanos, y permitiendo que la política salarial genere pobreza, es una auténtica bomba de tiempo que las autoridades no alcanzan a ver, pero tampoco va a ayudar a disminuir la inflación que es causada principalmente por otros factores.