Temporada de cacería
Hoy, en México, ejercer la libertad de prensa, clamar por justicia o exigir derechos, son actividades de altísimo riesgo. Se pueden pagar con la vida. Los escenarios de violencia se han ido agravando y generalizado en todas las regiones, alcanzando, por supuesto, a los periodistas, pero también a quienes desde la sociedad civil defienden derechos y libertades.
El Informe Anual 2016 de Reporteros sin Fronteras situó a México como el país más violento en América Latina para quienes ejercen el periodismo, con múltiples formas de agresión e intimidación, que van desde las amenazas y la privación de la libertad, hasta el homicidio.
De acuerdo con la asociación internacional Artículo 19, del año 2000 a la fecha, han sido asesinados 107 periodistas en México: dos de cada tres en los estados de Veracruz (22), Chihuahua (13), Tamaulipas (13), Oaxaca (12) y Guerrero (10). Tan sólo este año, van 7 periodistas asesinados, con lo que suman ya 36 en la administración de Enrique Peña Nieto. Para los activistas y defensores de derechos humanos, el escenario no es más favorable. Los altos niveles de violencia y corrupción, aunados a una impunidad prácticamente asegurada, alientan los crímenes contra ellos.
En su visita de inicios de este año, el Relator Especial de Naciones Unidas, Michel Forst, recordó lo que todos ya sabíamos: que, en México, 98 de cada 100 crímenes quedan sin resolver. Y se trata no sólo de la impunidad de la delincuencia organizada: según cifras del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, hasta abril de 2017, los presuntos agresores de periodistas y activistas eran servidores públicos en 37% de los casos y el resto refería particulares y sujetos no identificados. En decir, en el cumplimiento de su labor, periodistas y activistas son un tiro al blanco para vendettas de cualquier tipo.
Lo más preocupante es que no se vislumbra un horizonte diferente. A la falta de voluntad por parte del gobierno, se agrega una grave incompetencia política e institucional. El gobierno mexicano parece no entender que se trata de vidas humanas, de personas que, para llevar a cabo su trascendente labor social, deben contar con garantías. De hecho, el Mecanismo de Protección de la Segob ha sido duramente criticado por su falta de protocolos mínimos para la atención, protección y reacción, por la escasa capacitación de los llamados “analistas” de riesgos, así como por la carencia de metodologías de atención acordes al contexto específico de cada caso.
Particular mención requiere la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, cuyos resultados son tan raquíticos que son una burla a la ciudadanía: de 2010, año en que fue creada esta estructura dentro de la PGR, a 2016, se interpusieron 798 denuncias por agresiones contra periodistas, incluidos 47 asesinatos. Hasta marzo de 2017, hubo sentencias condenatorias únicamente en tres casos.
En un Estado debilitado, donde matar no cuesta, el ejercicio de los derechos de libre expresión y la búsqueda de la verdad se continuará pagando con la vida. La solución no está en la creación de fiscalías caducas o en mecanismos inoperantes. Lo hemos dicho en otras ocasiones: no puede postergarse la ardua tarea de construir fiscalías capaces de conducir investigaciones científicas, sustentadas en evidencia e información de calidad.
Sí se puede, pero no quieren; a nuestros gobernantes les falta voluntad política y visión de Estado. Mientras tanto, la impunidad de los criminales y la ineptitud de las autoridades, continuarán enlutando a las familias de cada periodista, activista o “simple” ciudadano… Y, con cada uno de ellos, al país entero.
No puede postergarse la ardua tarea de construir fiscalías capaces de conducir investigaciones científicas y sustentadas