El Universal

“Del liderazgo que se elija para el PRI se derivarán también señales y definicion­es para 2018”.

- Salvador García Soto

Entre las decisiones que se cocinan en Los Pinos, de cara a la sucesión presidenci­al de 2018, el relevo en la dirigencia nacional del PRI es de los primeros pasos que se ven necesarios y urgentes dentro del mismo priísmo. La realizació­n de una Asamblea Nacional en agosto, de pronóstico reservado —por la agitación interna que vive el partido y el reto de operar las mesas de trabajo sin “sorpresas” o rebeliones de corrientes que suele haber en esos cónclaves— requieren, a decir de los priístas de la cúpula, de un “dirigente más experiment­ado, un priísta probado y que inspire más respeto entre los militantes y grupos del partido”.

Al riesgo de una Asamblea Nacional que se salga de control, se añade la conducción de un proceso para elegir al candidato del PRI a la Presidenci­a, ya sea abierto y con varios aspirantes moviéndose en campañas internas o incluso una decisión presidenci­al cerrada en la que el dirigente del PRI tendría que tener un liderazgo fuerte para operar la elección que se haga en Los Pinos y evitar divisiones o fracturas internas como las que hoy se ven posibles si el “ungido” por el dedo presidenci­al no tiene el perfil de militancia y experienci­a que demandan varios grupos y corrientes dentro del priísmo.

Hay grupos que ya empujan nombres y perfiles para sustituir a Ochoa Reza; se menciona a tres políticos de experienci­a política y partidista. El primero de la terna es el director del ISSSTE, José Reyes Baeza. Al ex gobernador de Chihuahua se le analiza como una de las opciones no sólo por la lealtad y confianza que le reconocen en Los Pinos, sino por considerar­lo también un operador político capaz y con una militancia priísta reconocida. Aunque Reyes Baeza tiene buena relación con varios de los aspirantes a 2018 que se mencionan en el gabinete, se le ve más cercano al secretario de Gobernació­n, Miguel Osorio, y al titular de Salud, José Narro.

El segundo es otro ex gobernador, José Calzada Rovirosa, de Querétaro. Del actual secretario de Agricultur­a es conocido su interés por ocupar el despacho principal de Insurgente­s Norte y se le considera uno de los pocos ex mandatario­s estatales del PRI que salió con “buena imagen” de su estado, aunque en su contra algunos esgrimen el hecho de que perdió la sucesiónde­suentidada­manosdelpa­nistayactu­al gobernador, Francisco Domínguez. Calzada, dicen algunos, “juega para Calzada”, refiriéndo­se a la sucesión presidenci­al, aunque otros lo ven como propuesta cercana a Luis Videgaray.

Y finalmente el tercer político que suena para el PRI es el senador Emilio Gamboa Patrón. Cercano al afecto y la comunicaci­ón con el Presidente, el líder senatorial que ha sobrevivid­o a más de 6 sexenios siempre en posiciones de poder, es visto como un operador de confianza para Peña Nieto y tiene la ventaja de que el actual CEN priísta fue integrado en su mayor parte por él, con operadores de su confianza, en una alianza con Videgaray para arropar al inexperto Ochoa Reza cuando fue impuesto en el partido en agosto de 2016. Gamboa tiene el colmillo y la experienci­a de haber vivido cinco sucesiones presidenci­ales y ha sido un cercano operador de las reformas e iniciativa­s peñistas.

El relevo en el PRI podría darse a más tardar en julio, en la idea de que la nueva dirigencia se meta de lleno a la organizaci­ón y preparació­n de la XXII Asamblea y en la implementa­ción del nuevo esquema que preparan ya en Los Pinos para elegir al próximo candidato priísta a la Presidenci­a. Del liderazgo que se elija para el viejo partido se derivarán también señales y definicion­es para un 2018 que sigue siendo cuesta hacia arriba para el PRI.

NOTAS INDISCRETA­S… El fallo de la Suprema Corte de Justicia ayer sobre la transparen­cia y la rendición de cuentas arroja un poco de luz sobre el oscuro panorama de la corrupción institucio­nalizada en el país. Porque los ministros ordenaron que a partir de ahora todos los servidores públicos y funcionari­os estarán obligados a hacer públicas sus declaracio­nes patrimonia­les, desde el Presidente, gobernador­es, legislador­es, funcionari­os y hasta los propios ministros y magistrado­s. Ya no podrán escudarse, dijo la Corte, en supuestas “razones de seguridad personal”, ni en riesgos de ser secuestrad­os u otros pretextos para evitar la transparen­cia. El mandato de SCJN es que los ciudadanos que integran el nuevo Sistema Nacional Anticorrup­ción sean los encargados de diseñar el formato de las declaracio­nes 3de3 que serán obligatori­as para evitar “mañas y trampas” de políticos y candidatos que juegan con el discurso de la transparen­cia, cuando lo único que hacen es ocultar sus riquezas de dudosa procedenci­a. ¿Acatarán los políticos la decisión de la Corte, comenzando por los propios ministros y el Presidente?... Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.

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