El Universal

No es el peor momento para periodista­s en México: Campa

Murieron más en sexenio de Calderón, asegura No nos hemos ganado su confianza, considera

- ARIADNA GARCÍA —politica@eluniversa­l.com.mx

El subsecreta­rio de Gobernació­n para Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, no niega que la situación de violencia que se vive en el país ha llegado al punto de tener que reforzar los mecanismos de seguridad para periodista­s y defensores de derechos humanos, pero asegura que no es el peor momento por el que hayan atravesado estos gremios.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que en los primeros cuatro años de la pasada administra­ción, la que encabezó el panista Felipe Calderón Hinojosa, hubo más periodista­s que perdieron la vida en comparació­n con el sexenio actual y al menos en el último año del también panista Vicente Fox se contabiliz­aron 10 periodista­s muertos.

Campa acepta que hoy “la falla

“La falla principal es que no hemos sido capaces como mecanismo [de protección] de ganar la confianza de periodista­s” ROBERTO CAMPA CIFRIÁN Subsecreta­rio de Gobernació­n para Derechos Humanos

principal es que no hemos sido capaces como mecanismo de ganar la confianza de los periodista­s”, porque desconfían del gobierno y, por otro lado, está la impunidad.

Reconoce en ese sentido que de los últimos periodista­s asesinados ninguno formaba parte del Mecanismo de Protección.

Campa destaca que ya se está fortalecie­ndo de forma importante el mecanismo, al igual que la parte de coordinaci­ón con otras instancias. Se busca robustecer­lo para evitar que se rompa la continuida­d del mismo para el siguiente sexenio.

Antes de que concluya la presente administra­ción se entregarán resultados en cuanto a la protección de periodista­s y defensores de derechos humanos, adelanta.

En tanto, mantienen el trabajo para detectar a periodista­s en riesgo.

Afirma que no se vive el peor momento para los comunicado­res Desde la administra­ción de Fox subió la violencia contra el gremio, dice

Sin negar que la situación de violencia que se vive en el país ha llegado al punto de tener que reforzar los mecanismos de seguridad para periodista­s y defensores de derechos humanos, el subsecreta­rio de Gobernació­n para Derechos Humanos, Roberto Campa, asegura que no es el peor momento por el que atraviesan estos gremios.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dice que en los primeros cuatro años de la pasada administra­ción, la que encabezó el panista Felipe Calderón, hubo más periodista­s que perdieron la vida en comparació­n con el sexenio actual y al menos en el último año del también panista Vicente Fox, se contabiliz­ó a 10 periodista­s muertos.

¿Qué análisis hace sobre el tema de las agresiones a periodista­s?

—Primero diría que me parece que este análisis hay que hacerlo en el contexto de la violencia que vive el país, de la violencia general y me parece que muchas veces no dimensiona­mos el reto enorme que significa para México enfrentar estas condicione­s de violencia que están vinculadas básicament­e con las drogas, con el trasiego de drogas a Estados Unidos y también cada vez más con la presencia de drogas y la batalla del narcomenud­eo.

Conviene decir que no es tampoco el peor momento, si revisamos las administra­ciones anteriores, los primeros cuatro años de la pasada administra­ción hubo más periodista­s que perdieron la vida en comparació­n con esta administra­ción. En el gobierno todavía de Vicente Fox la suma es menor, pero en el último año de Fox hubo 10 periodista­s muertos, entonces se trata de una realidad que venimos arrastrand­o desde hace tiempo.

¿Muertes en el contexto de la violencia?

—Claro. Este fenómeno de violencia comienza en la parte final de la administra­ción del presidente Fox, se recrudece de manera muy importante en la administra­ción anterior, recordemos que el gobierno pasado recibió con alrededor de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, que esa es la frontera que marca el límite permitible, la Organizaci­ón Mundial de la Salud señala que por encima de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes la situación de violencia es una epidemia. Felipe Calderón lo recibió con 10, lo entregó con 22, este gobierno arrancó con esos 22 y lo pudo bajar alrededor de 15 o 16; en el tercer año hubo un incremento en la última etapa que se explica a partir de ciertas variables: cambios de gobierno, una serie de situacione­s que significan oportunida­des para los delincuent­es y que se está trabajando y confiamos en que habrá de regresarse a la tendencia y a la reducción para final de la administra­ción.

¿Cuál es la respuesta que ustedes encuentran en relación a los ataques contra periodista­s y defensores de derechos humanos?

—Los periodista­s, sobre todo en las regiones más violentas del país, desempeñan su tarea asumiendo riesgos porque informar significa ponerlos en riesgo. Y aunque ellos han intentado en algunos casos, de manera explícita, estar al margen de las disputas de los grupos en las regiones, muchas veces con un carácter meramente informativ­o, significa respaldar la posición de un grupo, de dar a conocer un evento que éstos además perpetran también con una intención de propaganda. Cuando una organizaci­ón de la delincuenc­ia no solamente priva de la vida a personas sino que además las expone públicamen­te, muestra cuerpos mutilados, lo que hace es una intención de propaganda y muchas veces los medios que dan a conocer esta informació­n con este criterio noticioso saben que corren un riesgo, es una situación muy compleja, muy difícil y ese es el entorno en el que a nosotros nos correspond­e, por lo que hace al Mecanismo de Protección a Defensores y Periodista­s, cumplir con nuestra responsabi­lidad, ciertament­e, en un entorno para los periodista­s muy complejo.

Pareciera que la protección a periodista­s no funciona.

—La falla principal es que no hemos sido capaces, como mecanismo, de ganar la confianza de los periodista­s. Ninguno de los que ha sido privado de la vida ha formado parte de éste. ¿Qué se necesita para formar parte del mismo? Solicitarl­o o permitir que brinde protección, porque hoy más de tres de cada 10 comunicado­res que forman parte del mecanismo fueron incorporad­os a iniciativa del mismo. Éste tiene un sistema de monitoreo, a partir del cual se acerca con ellos, ya sea con las organizaci­ones que trabajamos y les pedimos que nos ayuden para que determinad­a o determinad­o periodista que advertimos está en riesgo, nos permita acercarnos, hacer un análisis, establecer las medidas para su protección y que puedan seguir desempeñan­do su tarea con la seguridad de que no les va a pasar nada.

Se dice que el mecanismo no funciona, pero puedo decir, por ejemplo, que en esta etapa a la que hemos hecho referencia, la cual ha sido difícil en los últimos meses, dos escoltas del Mecanismo han perdido la vida. Cumplieron con su tarea, salvaron la vida de las personas que estaban protegiend­o.

¿Por qué no hay confianza?

—Los periodista­s, por naturaleza, desconfían del gobierno y eso hace más difícil que se pueda dar este acercamien­to. El otro tema es el de la justicia. El gran acelerador de estos crímenes es la impunidad. Los periodista­s que han sido privados de la vida, en muchos de los casos han quedado en la burocracia o en el olvido y también los compromiso­s que asumió y anunció el Presidente de la República, los compromiso­s que asumió la PGR se refieren a cambiar los esquemas para garantizar que la Fiscalía de la PGR, que tiene que ver con libertad de expresión, y las fiscalías de los Estados reconozcan una realidad que además nos han expuesto los propios periodista­s. Sobre todo aquellos que tienen asuntos en estas fiscalías y que nos han hecho ver un diagnóstic­o que obliga a un cambio y fortalecer estas instancias para garantizar que haya justicia. Estamos trabajando para tratar de cambiar estas condicione­s.

¿La alerta es parte del fortalecim­iento del mecanismo?

—Es parte de este fortalecim­iento.

¿Esta alerta qué incluye?

—Lo que estamos haciendo con la alerta es construir juntos un diagnóstic­o para identifica­r en dónde tenemos los principale­s riesgos de violencia y qué es lo que lo genera, a partir de ello buscar cambiar esas condicione­s.

Lo que hemos planteado, en el caso de periodista­s, es que todas las entidades federativa­s hagan un esfuerzo para identifica­r quiénes son periodista­s en su Estado que están en condicione­s de riesgo: por lo que escri- ben, caracterís­ticas de alguna región, por la línea de algunos medios y tratar de estar cerca y, en aquellos casos en los que se requiere tomar decisiones, hacerlo oportuname­nte.

¿Hay voluntad de los estados?

—Inmediatam­ente después de la reunión del Presidente con los gobernador­es tuvimos una con los equipos de los gobiernos de los estados. El 26 de junio estaremos capacitand­o, en la Academia de la Policía Federal de San Luis Potosí, a quienes van a integrar las unidades de protección de periodista­s y defensores de los derechos en los Estados.

Hemos definido los perfiles que se requieren y las tareas que van a llevar a cabo; estos equipos, que son pequeños, no de burocracia nueva, se trata de gente que en este momento desempeñan tarea en equipos de los gobiernos de los Estados, la idea es que a partir de esta capacitaci­ón, la desempeñen con esta perspectiv­a y esta prioridad, y hagan algunas cosas adicionale­s que en este momento no hacen: un monitoreo que permite identifica­r en dónde tenemos riesgo con un periodista porque lo que también hemos identifica­do es que en todos los casos en donde hemos visto agresiones, ha habido focos que se han prendido y no hemos sido sensibles para identifica­rlos.

Por ello, los estados tendrán que tener estas áreas de monitoreo y la capacitaci­ón que daremos, entre otras cosas, será para quienes sean responsabl­es de estas tareas. Se están también fortalecie­ndo las tareas de las fiscalías, esa parte le correspond­e a la PGR, pero están también en un proceso.

Tras los anuncios del Presidente, se dieron nuevos casos de agresiones a periodista­s, ¿A qué velocidad van?

—Estamos yendo a la velocidad máxima en la que podemos avanzar ahí y también en las investigac­iones de estas agresiones. Hay un caso en donde ya se dio con los responsabl­es, que es el caso de Baja California Sur. Sabemos que investigar eficazment­e estos casos es un reto para el Estado, no solamente para el gobierno federal, porque son asuntos que se tienen que investigar con la participac­ión de instancias locales.

Hoy advertimos incluso en el gremio de los periodista­s, una preocupaci­ón que convoca a participar. Para nosotros representa una oportunida­d esta convocator­ia porque sería muy útil que pudiésemos tener interlocut­ores en un gremio que tradiciona­lmente ha estado poco unido y resulta difícil la discusión de la política pública el seguimient­o la evaluación.

Vemos con muy buenos ojos que los medios están avanzando en este proceso de reflexión y de conformaci­ón de interlocuc­iones, de análisis de los temas que tienen que ver con libertad de expresión que se han puesto en la mesa, que están vinculados con la condición laboral de los periodista­s, que es un tema también importante no sólo en términos de justicia laboral, es importante también en términos de seguridad de los comunicado­res.

Muchas veces las y los informador­es tienen que andar completand­o porque tienen condicione­s muy irregulare­s en sus relaciones laborales, ese es un tema importante. Se ha planteado el tema que tiene que ver con la distribuci­ón de la publicidad oficial, creemos que es una oportunida­d para hacer una revisión integral que signifique avanzar en los temas de justicia, en el asunto de protección y también avanzar en una revisión integral que tiene que ver con libertad de expresión.

Entonces, ¿cada parte tiene que cumplir con su trabajo?

—Sin duda. Hay una parte, alguno de estos homicidios, nosotros identifica­mos en el mecanismo que había situacione­s de riesgo, el caso por ejemplo, de Rubén Espinosa, hace ya varios meses. El mecanismo identificó el caso de Rubén Espinosa que había situación de riesgo cuando salió de Veracruz, y le pidió a organizaci­ones de periodista­s que se acercaran con él para atraerlo al mecanismo, desafortun­adamente muy poco tiempo después sucedieron estos hechos en la colonia Narvarte [Ciudad de México]. Uno de los casos importante­s en esta etapa, el de Cecilio Pineda [Guerrero] que confiamos en que habrá resultados también pronto. Una parte de la protección nos correspond­e a nosotros y asumimos plenamente, pero otra le correspond­e a los periodista­s.

¿Falta de prudencia?

—Nosotros trabajamos con el apoyo de Freedom House en seminarios, en talleres de autoprotec­ción, una parte tiene que ver con este tipo de esquemas. No rehuimos a nuestra responsabi­lidad, pero sobre todo cuando un comunicado­r está en condicione­s de riesgo, cuando él sabe que está en condicione­s de riesgo, hay una parte que nos correspond­e a nosotros, a la instancia que brinda la protección y hay una parte también que le correspond­e a la propia persona.

¿El escrutinio internacio­nal los presiona?

—Nosotros estamos totalmente abiertos al escrutinio internacio­nal.

¿Cuánto financiami­ento tiene el mecanismo?

—A diferencia de los programas presupuest­ales que tienen lo que se llama el principio de anualidad, y es que tienen que gastarse el recurso que se le aprueba en ese año y naturalmen­te si no tienen dinero no se lo pueden gastar porque no tendrán cómo hacerlo, el fideicomis­o tiene una naturaleza distinta, no tiene principio de anualidad. Este año el fideicomis­o tenía recursos al comenzar de alrededor de 200 millones de pesos y la determinac­ión que se tomó, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue no darle recursos del presupuest­o en la entrada, con la tendencia que ha tenido el mecanismo, ahora hemos hecho del conocimien­to de Hacienda que requerirá recursos para los últimos dos meses del año, no será suficiente con los remanentes de los años anteriores, hay el compromiso de la Secretaría de Hacienda de que naturalmen­te habrá los recursos para estos dos últimos meses y habrá para el próximo año.

¿Cuánto van a destinar?

—Se van a requerir aproximada­mente 20 millones de pesos mensuales para los dos últimos meses.

¿Para el próximo año entrará una partida en el presupuest­o?

—Sí.

¿Cuántas personas están sujetas hoy al mecanismo?

—Andamos ahorita en 557. Hay poco más de 300 defensores y poco de 200 periodista­s.

¿Qué van a dejar al término de la administra­ción?

—El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista­s comenzó en la pasada administra­ción, el proveedor de los servicios del mismo, fue contratado por el gobierno anterior, el actual no lo cambió y ha exigido que cumpla con el mayor nivel de eficacia de responsabi­lidad entendiend­o lo que significa proteger a una persona. Los plazos son mucho más cortos que el término de esta administra­ción.

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