REFUGIO PARA GUATEMALTECOS
En casas de campaña y de cartón viven desde el 2 de junio 399 guatemaltecos en esta comunidad fronteriza de Campeche, donde ni el gobierno de México ni el de Guatemala pueden detenerlos.
Queremos regresar a nuestra tierra y queremos vivir en paz. Es el clamor de los 399 guatemaltecos que viven en la línea fronteriza con México y que llegaron al municipio de Candelaria, Campeche, el pasado 2 de junio, huyendo del Ejército de su país porque son acusados de invasión de tierras protegidas. En casas de campaña, de cartón, hechas con ramas de los árboles o debajo de una lona, viven niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, quienes lograron llegar hasta la frontera mexicana, donde fueron auxiliados por habitantes de la comunidad El Desengaño, quienes desde el primer día los han apoyado con comida, ropa y agua. “El gobierno nos desalojó, nos sacó de donde vivíamos y nosotros nos venimos para acá porque no queríamos que nos pasara algo, porque el gobierno nos podía hacer daño. Acá estamos sufriendo y yo me vine con toda mi familia”, relató a EL UNIVERSAL Armando Guerra Pérez, quien aquella noche salió huyendo para proteger a sus niños y esposa.
Armando y su familia vivían en Laguna Larga, una comunidad de el municipio de San Andrés, Petén en Guatemala. Ahí pasaron 17 años, a pesar de que siempre habían sido amenazados por el gobierno de su país. Hace unas semanas la amenaza por fin se cumplió. Acompañado de sus cinco niños: Candelaria, Julio, Elmer, Yaqui y Antonio, Armando espera regresar pronto a su hogar, sin embargo sólo encontrarán cenizas, porque algunas casas fueron destruidas y quemadas por las autoridades guatemaltecas.
“Nosotros queremos nuestras tierras, los compañeros están luchando a ver si se va a conseguir algo, pero aquí no estamos seguros, estamos en veremos. Nosotros decidimos salirnos porque ya venía el Ejército y según ellos llevaban órdenes que si nos oponíamos nos mataban; nosotros, por temor, nos salíamos para acá a la línea”, cuenta mientras terminar de construir un refugio con pencas de palma y ramas. A tres kilómetros de la frontera con México se encuentra Laguna Larga, comunidad donde vivía Armando Guerra junto a 398 de sus paisanos. Hasta ahí, arriba de una vieja camioneta y a través de un camino lleno de pozas de agua y lodo, varios de los desplazados regresaron para constatar cómo se encontraban sus casas.
No quedó nada, sólo ropa y colchones quemados. En medio de las cenizas caminan Mario y Carlos, dos niños que recorren cada parte de lo que fue su hogar. Silenciosos, se paran alrededor de un pozo de agua y uno de ellos, el más grande sólo alcanza a decir: “Esta era mi casa, sí, aquí vivíamos”. En el lugar señalado no quedan ni juguetes viejos; el fuego lo consumió todo porque alguien incendió estas casas. Los pobladores acusan al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), organismo encargado de cuidar las tierras en Guatemala.
Don Ezequiel Güémez Pérez, quien es uno de los seis desplazados que acompañaron a EL UNIVERSAL hasta la zona de conflicto, cuenta que han perdido todo, pero aun así quiere regresar, porque aquí han crecido sus hijos y es lo único que tienen. “No pudimos sacar nuestras pertenencias. Hay cosas que se quedaron tiradas, todo está hecho cenizas y pues la verdad esto es una gran tragedia para nuestras vidas, porque esos niños perdieron su casa y acá están, era propiedad de ellos”, afirma don Ezequiel.
En Laguna Larga, las casas en su mayoría estaban construidas con maderas; otras eran de tejas de cartón y algunas con ladrillos. Había una iglesia y una escuela. Vivían organizados, dice don Ezequiel, pero no recibían ayuda. El ingreso a la zona desalojada sólo dura unos minutos. A lo lejos se escucha una planta de luz funcionando, indicio, dicen los pobladores, de que todavía hay personal del Conap vigilando que no regresen a las tierra que ocuparon 17 años.
Algunos de los desplazados lograron sacar parte de sus pertenencias como colchones, animales y la cosecha de maíz y chigua. La mayoría lo único que pudo salvar fue a su familia. No se trata de la primera vez que habitantes de Guatemala huyen de su país y se refugian en México. 35 años atrás, estados como Campeche, Chiapas y Quintana Roo vivieron la llegada de miles refugiados guatemaltecos a su territorio. En los 80, en el auge de un conflicto armado, cientos de comunidades indígenas fueron obligadas a huir a la frontera mexicana, y hasta los años 90, el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) coordinó la asistencia a los más de 70 mil desplazados en las tres entidades. Más de tres décadas después, el éxodo se repite pero en menor medida. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son 399 guatemaltecos los que buscan refugio esta vez. Entre los desplazados se incluyen 12 mujeres embarazadas, 213 niños, 10 de ellos recién nacidos, y 12 adultos mayores de ambos sexos.
Además, la CNDH informó que en esa población han surgido brotes de enfermedades gastrointestinales y casos de salpullido en la piel. La Cruz Roja Mexicana también ha llegado hasta el lugar y les ha proporcionado ayuda en forma de despensas y medicamentos. A ese apoyo se han sumado pobladores de varias localidades cercanas, pero resalta el trabajo de Francisco Farías, un joven quien a través de redes sociales convocó a los habitantes de Candelaria a donar comida, ropa y agua a los desplazados. Un día después del desalojo, el Ministerio Público de Guatemala informó que el área en disputa pertenece al Estado y que “la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente coordinó la recuperación del área protegida usurpada por la comunidad Laguna Larga, la cual se encuentra ubicada en el Parque Nacional Laguna del Tigre del municipio de San Andrés, Petén en la reserva de la Biósfera Maya”. A través de un comunicado, explicó que “la denuncia fue recibida en el año 2005 y se estableció que [la zona] fue usurpada por aproximadamente unas 400 personas, por lo que ésta era una de las invasiones más antiguas en la Laguna del Tigre”.
El desalojo fue autorizado por el juez de Primera Instancia Penal, quien designó al juez de Paz de San Andrés, Petén, para la ejecución del desalojo bajo los cargos de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Petén,
La otra versión, la de los desplazados, señala al Consejo Nacional de Áreas Protegidas como el responsable de quitarles sus tierras porque, dicen, tenían ya un permiso para habitarlas. “Según se sabe hay unos millonarios detrás, pero no sabemos, porque la institución que más peleaba era la Conap, ellos nos decían que teníamos que salir, pero ellos mismos nos habían dado un aval de asentamiento y de la escuela, violaron las leyes que ellos manejaban”, afirma don Rómulo, quien con su pequeña “carcachita” logró salir con su esposa, hijos y nietos.
Ahora estás familias cocina al aire libre y lavan su ropa con el agua que acarrean de la laguna que se encuentra a 500 metros. Los médicos llegan a visitarlos un par de horas, y los elementos del Instituto Nacional de Migración sólo vigilan sin hacer nada, pues están ubicados justo en un espacio de cinco metros entre Guatemala y México, en la “línea” en donde ninguno de los dos gobiernos puede detenerlos.
El 10 de junio, el gobierno guatemalteco pidió un plazo de 10 días para proponer una solución. Llegado el plazo, la oficina de la ACNUR en Guatemala señaló que el comisionado de Derechos Humanos de ese país, Rokael Cardona, ha retomado el diálogo con los afectados. El comisionado informó a EL UNIVERSAL que el pasado lunes se reunió con los desplazados e, incluso, mostró una fotografía del encuentro, pero sin dar detalles de los acuerdos alcanzados.