Camisa de fuerza contra los excesos
México lo necesita. Organismos internacionales lo sugieren. Entes empresariales nacionales ya lo estructuran. Quieren hacerlo realidad pronto. Lo mejor es abrir el debate. Proponer. Argumentar, Consensuar. Decidir. Sería un ejercicio sano y pertinente en el contexto de la libertad, la gobernanza y la democracia.
La posibilidad de crear en México un Consejo Fiscal Independiente, parece un paso obligado. Quizá sea el órgano que realmente pueda abonar a la contención de los excesos, el desperdicio de recursos públicos y la corrupción.
Tal vez sólo éste último fenómeno, que atenaza y asfixia a todos por doquier, justificaría la creación de esa nueva institución, que rige ya en medio centenar de países.
Si en el nuestro puede hablarse de la necesidad, incluso el imperativo, de establecerla, es porque la experiencia y los resultados de muchos años con otras de su tipo que hemos tenido, son realmente lamentables.
La vieja Contraloría General de la Federación, creada con la idea de concretar una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, no entregó buenas cuentas en los varios años que estuvo vigente. Fue incapaz y/u omisa de frenar la prevaricación. No pocas veces sirvió como encubridora de abominables atracos de funcionarios.
Se convirtió después en Secretaría de la Función Pública. Siguió en la misma ruta. Sus acciones contra los abusos cometidos contra las arcas nacionales desde el poder pocas veces fueron realmente notorias. El costo de mantener esas dependencias por décadas ha sido muy elevado pre su pues tal mente, rentable para quienes las usan como instrumento de control político, y una carga para la sociedad en todo sentido.
El Sistema Nacional Anticorrupción, que no se ha podido armar en los últimos años, no presenta visos de que vaya a ser el instrumento capaz de parar el desatado y creciente fenómeno de la corrupción.
Ésta, ahora, galopa tranquilamente en todos sus niveles. Tiene como origen un financiamiento desmesurado en el que incurren los tres niveles de gobierno. Su justificación es que se endeudan para hacer obras públicas.
La realidad de este esquema es que algunos gobernadores y alcaldes, especialmente, no han tenido límite para pedir dinero prestado con la falacia de “beneficiar al pueblo”. Y lo más grave y reprobable, es que buena parte de esos recursos han ido a parar a sus cuentas personales.
He ahí la necesidad inaplazable de buscar nuevos y más eficaces mecanismo s de control del erario. La creación de un Consejo Fiscal Independiente, con todos los riesgos que ofrece la situación particular de México, sobre todo esa capacidad innata de la población para violar las leyes, es una posibilidad que no debe ignorarse.
El solo hecho de que un grupo de ciudadanos sin más compromiso que abonar a la mejoría de la gestión pública elabore el presupuesto en cada nivel de gobierno, calcule los ingresos fiscales y determine con conocimiento y prudencia la capacidad de endeudamiento y consecuentemente la de pago, pero sobre todo el buen uso de los recursos, sería un paso colosal contra posibles desvíos o malos manejos.
El gigantesco endeudamiento de los gobiernos estatales, que debe ascender a unos 600 mil millones de pesos a este momento, podría haberse limitado como la pesada carga que es ahora para los contribuyentes de haber existido un organismo capaz de moderarlo.
Igualmente, se habría evitado el obsceno y grotesco enriquecimiento de no pocos ex gobernadores que sin ningún pudor contrajeron deudas que deberá cubrir la sociedad y que, con el argumento de hacer obras en su beneficio, sólo ellos obtuvieron ventaja.
Si en cerca de cincuenta países se han creado y funcionan los Consejos Ciudadanos Independientes, es porque se necesitaban; si prevalecen, es porque funcionan. Ahí están como ejemplo los de Países Bajos, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Japón, Chile, Perú…
Esa, aquí, no es una propuesta que deba desecharse sin más. Es pertinente ponerla a discusión. Si de un proceso deliberativo entre las muchas partes involucradas se concluye que es inviable o innecesaria, no se pierde nada.
Lo que es absolutamente incuestionable es que se requieren controles en el presupuesto, disciplina fiscal, racionalidad en el gasto, mejor asignación y uso de los recursos públicos, mayor coordinación institucional y, por supuesto, poner un dique al endeudamiento de tantos y tantos que incurren en esta práctica que, como se ve cada día, suele ser para su entero beneficio.
Las cifras oficiales sobre el aumento de los crímenes dolosos en mayo, son producto del estado de indefensión en que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio deja a las policías federales en materia de combate a la delincuencia organizada y desorganizada. Empero, es necesaria una labor urgente, suficiente e inmediata de los legisladores y de los integrantes del sistema de procuración e impartición de justicia para actualizar y adaptar las condiciones precarias y obsoletas que conforman el marco regulatorio. El secretario de Gobernación y los titulares de la CNS y de la PGR, merecen el apoyo y la comprensión irrestrictos de todos los poderes y de la sociedad para que se provoque un punto de inflexión y, con base en todo lo anterior, se comiencen a ofrecer resultados distintos en el mediano y largo plazos… Bernardo Cárdenas, ex representante del gobierno de Sinaloa en la CDMX, al parecer es quien financió la vida licenciosa y de derroche de Malova en San Diego. Pero se les acabó la fiesta y ahora, hipócritamente, regresan a vender chácharas en las ferreterías del ex gobernador.
La posibilidad de crear en México un Consejo Fiscal Independiente parece un paso obligado para contener los excesos y la corrupción