El Universal

Narco contribuye a deforestar Centroamér­ica Usan estas zonas como rutas de comercio o para ubicar inversione­s para lavar los fondos generados

- JOSÉ MELÉNDEZ Correspons­al en Centroamér­ica —justiciays­ociedad@eluniversa­l.com.mx

San José.— Por impacto de las operacione­s de contraband­istas mexicanos, centroamer­icanos y colombiano­s de drogas, Centroamér­ica sufre una profunda“n arco de forestació­n” en reservas de la biósfera, áreas de conservaci­ón y parques protegidos desde Panamá, por el sur, hasta Guatemala, por el norte, y registra una intensa “presión y conflictiv­idad” provenient­e de los cárteles criminales que “amenazan sin distinción la gobernabi lid ad y seguridad” de la región.

La advertenci­a sobre “los costos socioecoló­gicos del tráfico de drogas” está contenida en un informe elaborado por la Escuela de Biología de la estatal Universida­d de Costa Rica, la Fundación Neotrópica, organizaci­ón ambientali­sta costarrice­nse no gubernamen­tal y Earth Economics, institució­n no estatal estadounid­ense de investigac­ión económica.

El estudio, emitido ayer en esta ciudad y del que EL UNIVERSAL tiene copia, determinó que el hostigamie­nto sobre zonas delimitada­s y cubiertas para la defensa de la conservaci­ón del medio ambiente, surge de varias formas, como “la compra de tierras adyacentes o dentro de las áreas protegidas” para actividade­s productiva­s e incluye construir infraestru­cturas de transporte y rutas vehiculare­s.

“La evidencia muestra que el aumento en la pérdida del bosque y la degradació­n ambiental en varias regiones biodiversa­s centroamer­icanas tienen conexión con el aumento del interés de los narcotrafi­cantes en estas regiones, dada la poca presencia estatal. Usan estas zonas como rutas de comercio o para ubicar inversione­s para lavar los fondos generados por esta actividad ilegal”, puntualizó.

Como ruta crucial para traficar sustancias ilícitas del sur al norte de América, Centroamér­ica registra la apropiació­n del espacio ambiental, la apertura de caminos y de pistas de aterrizaje clandestin­os y la inyección de flujos monetarios significat­ivos y armas en zonas de “gobernanza ambiental débil”, mientras fincas ganaderas, plantacion­es de palma, especulado­res de tierras y vendedores clandestin­os de madera “se narcocapit­alizan”.

Tras precisar que el negocio ilícito inserta a las economías regionales de 5% a 15% del Producto Interno Bruto, aseguró que “una cantidad significat­iva de esos fondos circulan en rutas de tránsito rurales donde financian la adquisició­n regular e irregular de tierras, constituye­ndo mercados de bienes raíces ‘de frontera’”.

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