Slim pone en riesgo tarifas de telefonía
Carlos Slim está cerca de echar abajo buena parte de los beneficios que trajo la reforma en telecomunicaciones, especialmente los que tienen que ver con la reducción de tarifas en telefonía. El magnate lleva dos años cabildeando la eliminación de la llamada interconexión cero que le impide a su empresa América Móvil cobrar a sus competidores las llamadas que terminan en su red y está a días de lograrlo, si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) finalmente sucumben a sus intereses.
Una resolución así marcaría la pauta para echar atrás otras medidas emanadas de la reforma en telecomunicaciones que han beneficiado a los usuarios y que han atraído inversiones multimillonarias como las de la estadounidense AT&T. Por ejemplo, la eliminación de la larga distancia que genera ahorros anuales a los consumidores por más de 20 mil millones de pesos, según presumió el lunes el presidente Enrique Peña Nieto.
El argumento mediante el cual Carlos Slim y una batería de connotados abogados, entre ellos Diego Fernández de Cevallos, Fernando Gómez Mont y Peter Bauer, buscan tumbar la interconexión cero es que fue aprobada por el Congreso de la Unión, el cual “carece de facultades para fijar tarifas”, pues ello le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El problema es que bajo ese razonamiento pueden echarse abajo muchas otras regulaciones, no sólo en materia de telecomunicaciones.
El lunes pasado, durante la “celebración” del cuarto aniversario de la reforma en telecomunicaciones en Los Pinos, el presidente Peña; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; y el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, hablaron de los beneficios de la reforma y de su efecto en las tarifas para los usuarios, principalmente en telefonía, donde los precios han caído más de 40%.
Ahí estaba, en primera fila, la plana mayor de América Móvil: Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración; Daniel Hajj, su CEO; y Alejandro Cantú, el director jurídico, acompañados de Héctor
Slim, director general de Telmex. Sin embargo, los discursos triunfalistas del Presidente, del titular de la SCT y del comisionado del IFT chocan con la realidad que van a enfrentar los usuarios y el resto de la industria si la SCJN declara inconstitucional el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), el cual contiene la llamada tarifa cero de interconexión. Prueba de ello es que ninguna de estas instancias se ha aparecido por la Corte para preguntar por el tema.
A quien sí han visto en la SCJN en días recientes es a Humberto Castillejos, quien hasta hace unos días era el consejero jurídico de la Presidencia, encargado de defender las reformas estructurales impulsadas por el gobierno del presidente Peña Nieto. No obstante, su renuncia es vista como una mala señal para la industria, puesto que abandonó el cargo en un momento vital para la reforma en telecomunicaciones y porque algunos de los ministros que están a favor de revocar el artículo 131 de la LFTR son sus cercanos.
Otra prueba de que el gobierno del presidente Peña no quiere meterse en el tema es que el subsecretario de Comunicaciones, Édgar Olvera, pidió al presidente de la Canieti,
Mario de la Cruz, quitar de su discurso todo lo relacionado con la interconexión cero, a lo cual accedió, pese a que sabía que toda la industria se le iría encima, como sucedió. El comisionado presidente del IFT, Gabriel
Contreras, tampoco se ha pronunciado al respecto ni se ha interesado en el tema, aún cuando una resolución en favor de América Móvil daría al traste con las regulaciones que le ha impuesto por ser un agente económico preponderante. Por otro lado, Contreras espera la decisión del Senado sobre su ratificación al frente del IFT, la cual está en juego por este y otros escándalos que lo han exhibido, como el de Tecnoradio.
Contreras y Castillejos son viejos amigos. Trabajaron juntos en la Procuraduría General de la República durante el sexenio de Vicente
Fox y luego en la Consejería Jurídica de la Presidencia durante el primer año de gobierno de
Enrique Peña Nieto. Esta relación hace pensar que el comisionado presidente del IFT y el ex consejero jurídico del Ejecutivo, cuya influencia en la SCJN se mantiene, van en la misma línea: abrirle la puerta a América Móvil, pese a que ello también pesará en las negociaciones del TLCAN, debido a que la apuesta de AT&T, como lo dijo el lunes su presidente en México, Kelly King, se hizo por la reforma en telecomunicaciones.
Se prevé que los ministros de la SCJN emitan su resolución antes del 15 de julio.
Lo que llama la atención es que el gobierno del presidente Peña Nieto no defienda su reforma más exitosa, que ha tenido beneficios tangibles para millones de usuarios. Sobre todo de cara a las elecciones de 2018. b