La violencia no cede y no hay consecuencias: Francisco Rivas.
La violencia en el país parece no querer ceder, la disminución de homicidios dolosos iniciada a mediados de 2012 se interrumpió. A partir de abril de 2015 ha mantenido un crecimiento que no permite prever mejoras en el corto y mediano plazo.
Sólo en los primeros cinco días de julio, los casos de homicidios múltiples de Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato y Guerrero han agregado por lo menos 80 víctimas más a este proceso de descomposición y violencia.
¿Qué mantiene viva la violencia? ¿Por qué no se sostuvieron las bajas en los delitos? ¿Qué debemos hacer para contrarrestar esta situación?
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) advertimos desde 2014 que la estadística permitía alertar a una mayor prudencia en cantar victoria, que los datos señalaban que no había forma de garantizar que las reducciones —tan presumidas por autoridades— se pudiesen mantener y que, en este sentido, las políticas públicas vigentes no correspondían a diagnósticos o a información sólida.
Enfatizamos en la necesidad de combatir el tráfico y comercio de armas, la estructura financiera de los delincuentes, la corrupción entre autoridades y delincuentes, al tiempo que se debían desarrollar las capacidades locales de las instituciones de seguridad y justicia, y se retomara la rectoría de los penales.
Precisamente este jueves vimos en el Centro de Readaptación Social Las Cruces, en Acapulco, un enfrentamiento entre reos que dejó por lo menos un saldo de 28 muertos. La violencia en centros penitenciarios y la evidencia de comisión de delitos son consecuencia de fallas que la autoridad no logra reconocer.
Desde el punto de vista de la construcción de capacidades locales, las deudas de gobiernos estatales y municipales son muchas. Van desde el estado de fuerza de sus policías, su capacitación y equipamiento, hasta las condiciones en las que versan procuradurías y fiscalías estatales, donde policías ministeriales, peritos o ministerios públicos se encuentran rebasados por cargas de trabajo, con deficiencias generales de capacitación e insumos.
Guerrero cerró 2016 como segundo lugar nacional en homicidio doloso, noveno en homicidio culposo, cuarto en secuestro y noveno en extorsión, y los primeros cinco meses de 2017 se ha mantenido como segundo lugar nacional en tasas de homicidio, sexto en secuestro y en el lugar número 13 en extorsión. Todo en un contexto donde las capacidades locales de seguridad y justicia son el ejemplo negativo que se usa para advertir lo que no queremos ver.
Urge atender los factores sustanciales que mantienen vigente la violencia, evaluar y replantear las estrategias sobre la base de evidencias y, por qué no, que empiecen a rodar cabezas. No es posible que, ante la falta de resultados, las autoridades sigan una y otra vez proponiendo recetas que no sirven, protegidos y mantenidos por nuestros impuestos, dejando los platos rotos de su incompetencia a la ciudadanía.