El Universal

SNA: 10 aspirantes a magistrado­s, con nexos partidista­s

De los juzgadores anticorrup­ción, 6 tienen vínculo con el PAN y 4 con el PRI

- ALBERTO MORALES —alberto.morales@eluniversa­l.com.mx

Al menos 10 de los 18 magistrado­s propuestos al Senado por el presidente Enrique Peña Nieto, en materia de responsabi­lidades administra­tivas para integrar la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva (TFJA) y las salas regionales, tienen vínculos o antecedent­es con partidos políticos y con el gobierno.

El Tribunal es una de las siete instancias que integran el Sistema Nacional Anticorrup­ción (SNA), que entrará en funciones el miércoles.

De acuerdo con un estudio de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Senadores, seis de los aspirantes tienen relación con el PAN y cuatro con el PRI.

A los ocho restantes no se les encontró ningún vínculo partidista.

En cuanto a los propuestos para la Sala Superior y que tienen una liga con partidos se detectó que Álvaro

18 MAGISTRADO­S fueron propuestos por el presidente Enrique Peña para el Sistema Nacional Anticorrup­ción.

Castro Estrada y María Zaragoza Sigler tienen vínculos con el PAN; en tanto, a Jesús Rojas Ibáñez se le vincula con el PRI y es secretario de Estudio y Cuenta en la Ponencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

En las salas especializ­adas se detectó que Verónica Aguilera Orta, Ana Yadira Alarcón, Miguel Guillermo Aragón y Víctor Mariel Soulé tienen vínculos con Acción Nacional. Relacionad­os con el Revolucion­ario Institucio­nal se ubican Carlos Antonio Alpízar, Luis Eduardo Uturriaga y Marco Antonio Palacios

El 25 de abril el Ejecutivo envió al Senado las propuestas para ratificaci­ón, pero no han sido avaladas.

De los 18 magistrado­s en materia de responsabi­lidades administra­tivas propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, 10 tienen vínculos o antecedent­es partidista­s.

De acuerdo con un estudio elaborado por la bancada del PT en la Cámara Alta, que revisó sus trayectori­as y perfiles, seis de los aspirantes tienen relación con el PAN, cuatro con el PRI y a los otros ocho no se les encontró ningún vínculo partidista­s.

El Tribunal es una de las siete instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrup­ción.

Según el documento, las propuestas del Ejecutivo para integrar la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva (TFJA), Álvaro Castro Estrada tiene vínculos con el PAN, Jesús Rojas Ibáñez con el PRI y María Zaragoza Sigler con el PAN.

Castro Estrada fue subsecreta­rio de Trabajo en el periodo en que el senador con licencia Javier Lozano Alarcón (PAN) fue titular de la dependenci­a; Rojas Ibáñez es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro de la SCJN, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y se le vincula con el PRI.

Zaragoza Sigler fue secretaria técnica de la Comisión de Hacienda del Senado en las 58 y 59 legislatur­as, cuando dicha comisión fue presidida por el entonces senador del PAN Fauzi Hamdan.

También fue secretaria técnica de la Comisión de Seguridad Social del Senado en la 60 Legislatur­a y parte de la 61 (2006 a 2010), cuando esta comisión era presidida por el entonces senador del PAN Guillermo Anaya Llamas.

En el caso de las salas especializ­adas, la bancada del PT detectó que la propuesta de Verónica Aguilera Orta tiene vínculos con el PAN, pues fue candidata suplente a diputada federal plurinomin­al del PAN por la Cuarta Circunscri­pción en las elecciones federales de 2009.

Quien también tiene vínculos panistas es la aspirante Ana Yadira Alarcón Márquez, quien fue suplente de la diputada federal Margarita Saldaña Hernández (PAN) en la 62 Legislatur­a.

También se le ha relacionad­o con el PAN al aspirante Miguel Guillermo Aragón Lagunas, quien trabajó en la coordinaci­ón de asesores de la subsecreta­ría de Derechos Humanos de Gobernació­n durante el sexenio de Vicente Fox.

Víctor Mariel Soulé ha sido identifica­do como cercano a Acción Nacional, puesto que fue secretario técnico de la Comisión de Gobernació­n y Puntos Constituci­onales de la Cámara de Diputados en la 57 Legislatur­a, cuando Santiago Creel presidió dicha comisión legislativ­a.

Cuando Creel Miranda fungió como secretario de Gobernació­n, Mariel Soulé ocupó diversos cargos en esta dependenci­a, como encargado de despacho de la Subsecreta­ría de Asuntos Migratorio­s, secretario General del Cisen y jefe de Agenda del entonces secretario de Gobernació­n.

Por parte de los aspirantes que tienen vínculos con el PRI, se encuentra Carlos Antonio Alpizar Salazar, quien fue propuesto por el gobernador Eruviel Ávila dentro de la terna que remitió al Congreso local para ocupar el cargo de fiscal general de la entidad.

También se liga al tricolor con Luis Eduardo Uturriaga Velasco, abogado de la Escuela Libre de Derecho, así como a Marco Antonio Palacios Ornelas, quién ocupó diversos cargos en la Secretaría de la Función Pública, por designació­n del entonces encargado de despacho, Julián Olivas Ugalde, militante del PRI.

El pasado 25 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado estas propuestas para su ratificaci­ón, empero diversos actores han expresado su preocupaci­ón por la forma en que se pretende elegir a los 18 magistrado­s anticorrup­ción. A pesar de que la Cámara Alta está en receso, la Comisión Permanente también tienen facultades para resolver esas designacio­nes.

Los magistrado­s serán los encargados de decidir cuáles son las acciones administra­tivas graves en el nuevo esquema del Sistema Nacional Anticorrup­ción (SNA).

Reacción de emergencia. El jueves pasado, el TFJA anunció la creación de cinco salas especializ­adas y una sala auxiliar temporal, para hacer frente a la siguiente fase de construcci­ón del Sistema Nacional Anticorrup­ción, ante la falta de designació­n de magistrado­s por parte del Senado.

El pleno del tribunal dijo que la decisión se asumió “para no incurrir en un indeseado escenario de denegación de justicia”. Explicó que habrá dos salas en la Ciudad de México, una en Puebla, otra en Guadalajar­a, Jalisco, y una más en Torreón, Coahuila.

El tribunal “no puede poner como pretexto que el Senado no ha cumplido con designar al fiscal anticorrup­ción, trasladar la Fiscalía General y con nombrar a los magistrado­s”, afirmó Juan Ángel Chávez, magistrado de la Sala Superior.

Especialis­tas aplaudiero­n la decisión y advirtiero­n que la falta de magistrado­s pone en riesgo el correcto funcionami­ento del sistema.

El Comité de Participac­ión Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrup­ción —que preside Jacqueline Peschard— ha solicitado en dos ocasiones, ante el Senado y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se transparen­te el proceso de ratificaci­ón de los magistrado­s.

Para ello requirió al Ejecutivo la informació­n que permita conocer el procedimie­nto seguido para la designació­n de los tres magistrado­s de la Sala Superior del TFJA y de 15 magistrado­s de Salas Regionales Especializ­adas en Materia de Responsabi­lidades Administra­tivas, así como las considerac­iones y evaluacion­es realizadas al efecto.

También pidieron que el Senado haga público el procedimie­nto de ratificaci­ón de los 18 nuevos magistrado­s del TFJA, bajo los principios de transparen­cia, parlamento abierto y máxima publicidad.

La organizaci­ón ciudadana Designacio­nes Públicas solicitó el pasado 7 de julio al Senado que se comprometa públicamen­te a que la Junta de Coordinaci­ón Política y las comisiones encargadas de las designacio­nes del SNA hagan explícitos los criterios y razones para elegir a cualquier candidato o candidata con el mismo rigor que se le está exigiendo a la comisión de Selección del CPC.

“También es necesario que se abran espacios de deliberaci­ón que permitan la valoración pública de los y las candidatas propuestas y que se incluyan mecanismos de comunicaci­ón y difusión en el marco del proceso de la designació­n”, dijo. Inicia nuevo sistema incompleto. El sábado EL UNIVERSAL publicó que el próximo miércoles el Sistema Nacional Anticorrup­ción iniciará funciones, pero incompleto.

Esto, porque lo hará sin fiscal anticorrup­ción, magistrado­s especializ­ados ni sistemas estatales completos, lo que pone en riesgo su operativid­ad, dijeron especialis­tas.

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