El Universal

ICE le da a los condados una cuota diaria por cada indocument­ado; certifica a agentes de migración

- AP

Varios condados de Texas han encontrado una manera de beneficiar­se financiera­mente por colaborar con las autoridade­s federales en la captura y detención de inmigrante­s en Estados Unidos, al capacitar agentes para capturarlo­s y recibir un pago por cada día que pasan en la cárcel.

Un programa, conocido como 287 (g), permite a los policías del condado ser capacitado­s y certificar­se como agentes de inmigració­n para poder aplicar algunos aspectos de la ley federal en la materia.

El otro es un plan interguber­namental del Servicio de Control de Inmigració­n y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) con algunos condados, a través del cual puede mantener en prisión a inmigrante­s sospechoso­s a cambio de una cuota. El condado de Lubbock, por ejemplo, recibe 65 dólares diarios por cada indocument­ado que alberga en la cárcel.

Ocho condados de Texas se sumaron a la capacitaci­ón de agentes. Cuatro de ellos (Lubbock, Walker, Montgomery y Smith), junto con otros seis que no participan en el programa, permiten al ICE mantener en sus celdas a inmigrante­s, informó ayer el diario Austin American-Statesman. Al menos 16 en todo el país apoyan en ambas medidas.

El condado de Walker, por ejemplo, comenzó a colaborar con las autoridade­s de inmigració­n en los dos planes debido a que buscaba recursos para financiar una nueva cárcel, tras la fuga de una prisión.

Sarah Rodriguez, vocera del ICE explicó que el programa 287 (g) sólo opera en el modelo penitencia­rio, por lo que los agentes no pueden detener a los inmigrante­s en la calle, sino que “primero deben ser arrestados por otros cargos criminales”.

La vocera indicó que el programa 287 (g) no actúa como un puente para el plan de detencione­s del ICE, ya que ambas medidas operan de manera separada.

Activistas pro derechos de los inmigrante­s temen que más condados buscarán participar en ambos programas. Es “un incentivo financiero perverso”, opinó Mary Small, directora de políticas de la organizaci­ón Detention Watch Network, con sede en Washington.

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