La nueva piñata: el Sistema de Justicia
Ocho años fue el plazo otorgado para implementar una de las más importantes reformas para los mexicanos, la del Sistema de Justicia Penal Adversarial (SJPA).
Se necesitaron miles de millones de pesos en inversión, para la construcción de edificios, programas de capacitación, armonización de normas, modificación de currículas académicas, entre otros grandes esfuerzos, en aras de brindar a los mexicanos un sistema que permita el acceso a la justicia, transparente los procesos judiciales y estuviese centrado en proteger los derechos de todas las personas involucradas en un juicio, tanto imputados, como víctimas.
Mantener el anterior sistema, el inquisitorioeraimpensable,demasiados los abusos, las muestras de fallas constantes, los errores, la falta de justicia.
La gran preocupación que expertos, sociedad civil y operadores compartieron a lo largo de esos 8 años se centró en qué tanto el conjunto de instituciones llegarían preparadas a la fecha límite del 18 de junio de 2016, fecha en que, según el mandato constitucional, el nuevo sistema debía ser implementado plenamente a nivel nacional.
A quienes plantearon prórrogas debido al conjunto de fallas observables, de personal mal capacitado, la respuesta fue categórica: el 18 de junio de 2016 México contará con un SJPA en pleno funcionamiento.
A un año de este proceso, desde el Comisionado Nacional de Seguridad, hasta gobernadores, procuradores y fiscales generales de los estados, secretarios de seguridad pública y titulares de las policías del país han responsabilizado al SJPA del aumento de la violencia en el país y de una u otra manera quieren dar un paso atrás.
En particular, culpan que el artículo 19 de la Constitución establece que será el juez quien decida si ordenar o no la prisión preventiva de ciertas conductas que antes, de manera oficiosa, permitían la privación legal de la libertad de un imputado.
Con el nuevo Sistema debe ser el ministerio público quien demuestre por qué alguien es un peligro para la sociedad, limitando así su acceso a los beneficios que la ley le otorga de enfrentar el proceso en libertad.
El SJPA es la piñata a la que todos le pegan para evitar responder sobre las fallas de los operadores, sobre la simulación que autoridades locales mostraron alrededor de un proceso fundamental como era generar aquellas competencias necesarias que todo el Sistema requería.
Usemos como piñata al SJPA si esta permite justificar por qué si comparamos enero-mayo 2016 contra el mismo periodo del 2017 el homicidio doloso creció un 29.49%; el homicidio culposo un 13.93%; el secuestro 12.82%; la extorsión 30.17%; el robo con violencia 30.41%; el robo de vehículo 13.27%; el robo a negocio 41.52%, el robo a casa habitación un 2.46% y el robo a transeúnte 28.89%.
Culpemos al SJPA en vez de explicar qué estamos haciendo para desmantelar la estructura financiera de los delincuentes, de manera que ni compren seguridad, justicia, ni corrompan o se armen con facilidad.
No queremos salidas fáciles, no queremos híbridos del Sistema que faciliten detenciones sin que se haya hecho lo necesario para resolver las deficiencias institucionales para procurar seguridad y justicia.
Ningún dato confirma las afirmaciones de que el Sistema pone en libertad a los delincuentes.
Ningún dato confirma que el delito esté creciendo por las fallas del Sistema, si acaso, sólo exhibe lo que ya sabíamos: las autoridades no saben o no pueden investigar y esto no cambia tengamos el sistema que tengamos.
Urgimos a gobernantes a que antes de descalificar un sistema, primero, cumplan con su responsabilidad de que opere como es debido. Director general del Observatorio Nacional Ciudadano. @frarivasCoL