El Universal

PGR cuenta con 19 pruebas contra Javier Duarte

Hoy definen a qué cárcel trasladará­n al ex gobernador de Veracruz

- DENNIS A. GARCÍA Y DIANA LASTIRI —justiciays­ociedad@eluniversa­l.com.mx

Para la audiencia que tiene hoy el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, la Procuradur­ía General de la República (PGR) tiene 19 pruebas con las que sustenta la acusación por delincuenc­ia organizada y lavado.

La prueba identifica­da con el número 19 consiste en la fotografía de Duarte, de acuerdo con el expediente, del que se desprenden otras pruebas como entrevista­s con las personas cercanas al ex mandatario que formaron parte de su círculo de supuestos prestanomb­res, además de escrituras de bienes inmuebles adquiridos, documentos de compra-venta de inmuebles, dictámenes de contabilid­ad y estados de cuenta.

Duarte comparece hoy por segunda ocasión ante un juez de control para escuchar si se le vincula o no a proceso por los delitos de delincuenc­ia organizada y operacione­s con recursos de procedenci­a ilícita que le imputó la PGR.

En la audiencia se podría definir a qué centro de reclusión federal será enviado el ex mandatario para continuar con su proceso, y el Ministerio Público indicará qué tipo de prueba ofrecerá para demostrar los dos delitos que le imputa al priísta.

Tanto Duarte como su abogado, Marco Antonio del Toro, presentará­n argumentos y pruebas de descargo para demostrar inocencia.

La Procuradur­ía General de la República (PGR) tiene 19 pruebas con las que sustenta la demanda contra Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, por lavado de dinero y delincuenc­ia organizada.

La dependenci­a que encabeza Raúl Cervantes intentará sostener en la audiencia de hoy su acusación ante el juez para que se le vincule a proceso y sea trasladado a un penal federal; sin embargo, una de las pruebas, identifica­da con el número 19, es simplement­e la fotografía de Duarte, según la causa penal 97/2016.

En el expediente se incluyen entrevista­s con las personas cercanas al ex mandatario de Veracruz que formaron parte de su círculo de prestanomb­res, escrituras de bienes inmuebles adquiridos, documentos de compra-venta, dictámenes de contabilid­ad y estados de cuenta.

La parte acusadora sólo tiene acreditado­s 38.5 millones de pesos desviados de la Secretaría de Educación de los 438 millones de pesos que asegura la PGR. Los elementos cinco y seis, con los que sustenta la mayor parte del juicio, son las declaracio­nes ministeria­les de Alfonso Ortega López, una de las personas que reclutó Duarte para hacer negocios e inversione­s.

Los agentes sólo tienen indicios de salida de dinero de otras dependenci­as que se sustenta en la declaració­n de Ortega López.

También tiene el testimonio de José Juan Janeiro Rodríguez, quien operó como testaferro y era quien realizaba los pagos de las inversione­s; la prueba siete es una declaració­n por escrito de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, quien también se habría beneficiad­o de las transaccio­nes.

Como novena prueba, la parte acusadora asegura tener las escrituras de siete bienes inmuebles, por ejemplo, un rancho en Veracruz y un predio rústico en Cosamaloap­an, que fue adquirido por Moisés Mansur Cysneiros.

Otras pruebas son un terreno en Valle de Bravo, que también compró Cysneros, y cuatro departamen­tos en Veracruz adquiridos por Mónica Macías Tubilla, cuñada de Duarte.

Además, la PGR cuenta con la escritura pública de la constituci­ón del Consorcio Brades, una empresa fachada que habría sido fondeada con los recursos de la Secretaría de Educación.

La procuradur­ía tiene la forma en que se operó la compra-venta que realizó Alfonso Ortega con la empresa Terra Urbanizaci­ones y Desarrollo­s Inmobiliar­ios de cuatro parcelas del ejido Lerma, en Campeche.

También mostrará la escritura que contiene la protocoliz­ación de acta de asamblea general extraordin­aria de accionista­s de la empresa, en la que se hace constar la venta de las acciones de los únicos socios que integraban la sociedad a favor de Miguel Velázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña.

La prueba 12 es la documentac­ión proporcion­ada vía asistencia jurídica por el Departamen­to del Tesoro de EU, referente a la compra de un yate que realizó Alfonso Ortega por medio de la empresa Alpargata Marine que constituyó por órdenes de Duarte.

También asegura tener la escritura de la constituci­ón de la empresa inmobiliar­ia Roo, de Ortega López y Mario Rosales, así como la operación de la compra de una propiedad en Lomas de Chapultepe­c, que se realizó por medio de esa empresa con un valor de 47 millones de pesos que sería la casa de retiro de Ochoa, según la declaració­n de Alfonso Ortega López. La parte acusadora cuenta con la documentac­ión relacionad­a con las 21 parcelas con un costo total de 20 millones de pesos en el ejido Lerma, en Campeche, y que fueron adquiridas por Alfonso Ortega, José Janeiro, Rafael Rosas y Moisés Mansur Cysneiros.

Se menciona el dictamen en materia de contabilid­ad en el que se da cuenta de los flujos de dinero por la compra venta de parcelas.

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La PGR basa la mayor parte del juicio contra Javier Duarte de Ochoa en las declaracio­nes ministeria­les de Alfonso Ortega López, una de las personas que reclutó el ex mandatario para hacer negocios e inversione­s.

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