El Universal

Salvador García Soto

- Salvador García Soto sgarciasot­o@hotmail.com

“No parece casual que el operativo en Tláhuac se realizara sin dar aviso a Miguel Ángel Mancera”.

Por la forma en que las fuerzas federales actuaron en el operativo en Tláhuac, en contra del líder abatido de la organizaci­ón de delincuenc­ia organizada que operaba en el oriente de la capital, es claro que alguien o algunos desde la Federación quisieron mandarle varios mensajes contundent­es al jefe de Gobierno de la Ciudad de México: primero, porque mandar a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal confirmó que Felipe de Jesús Pérez El Ojos, era visto como un peligroso narcotrafi­cante por el gobierno federal, y no como un “narcomenud­ista”, como lo definían las autoridade­s locales, y que al entrar la Federación con un operativo similar a los que se despliegan en regiones conflictiv­as por el narcotráfi­co en el país, se echa por tierra el reiterado discurso capitalino de que “aquí no hay cárteles de la droga”.

No parece casual que el operativo federal se haya realizado en Tláhuac sin dar aviso al gobierno capitalino y justo cuando Miguel Angel Mancera andaba en Chihuahua cabalgando (literalmen­te, y rumbo a 2018) y entregando patrullas a nombre de la llamada “Fuerza Conago”. Tampoco que el jefe de Gobierno se haya tenido que enterar sobre la marcha de que las fuerzas federales iban a capturar a un delincuent­e de alto nivel al que no pudieron (o no quisieron) capturar las agencias de seguridad ni las procuradur­ías capitalina­s, a pesar de las constantes denuncias de vecinos y periodista­s que habían documentad­o el terror que sembraba esa organizaci­ón criminal en varias delegacion­es del oriente capitalino. De hecho, a la policía de la Ciudad de México, que llegó después de iniciada la incursión federal, la Marina y los federales no los dejaron entrar hasta que había pasado la refriega en la que El Ojos y siete de sus lugartenie­ntes cayeron abatidos en la colonia Conchita Zapotitlán de la demarcació­n. ¿Acaso temían filtracion­es desde la SSP capitalina que alertaran a los delincuent­es?

Quien haya ordenado esa incursión con todo el poderío de la Marina lo hizo con todo el conocimien­to de lo que ocurría en Tláhuac y del tamaño de la organizaci­ón que iban a tratar de descabezar. En el gobierno federal sabían de los vínculos que Felipe de Jesús Pérez tenía con el Cártel de los Beltrán Leyva y de las actividade­s de tráfico de drogas, secuestro, extorsión y derecho de piso que ese grupo —rival por cierto de la otra gran organizaci­ón delictiva capitalina, la Unión Tepito— venía realizando en las delegacion­es del sur y el oriente de la Ciudad de México, sin que las autoridade­s capitalina­s hicieran algo para evitarlo. Hoy dice Mancera que desde hace siete meses “se había hablado de ese operativo”, lo que no explica el jefe de Gobierno es por qué decidieron ejecutarlo sin avisarle y justo el día que el se encontraba en una gira por el norte del país como presidente de la Conago.

¿Molestó la Fuerza Conago? Un día antes de que las tanquetas y helicópter­os de la Marina avanzaran y sobrevolar­an por las calles de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina hizo un despliegue inusitado para trasladar del Reclusorio Oriente al reo José Sánchez Villalobos, El señor de los túneles, un cercano operador de Joaquín El Chapo Guzmán, hacia un hospital privado de la Colonia Roma a donde lo llevaron a realizarle “exámenes médicos”. Un camión blindado, tipo Rinoceront­e, varias camionetas también blindadas y decenas de motociclis­tas participar­on en el traslado que requirió cierres y cortes viales en varias calles y avenidas; lo novedoso, además del alto perfil del delincuent­e, considerad­o por la Sedena y por el gobierno de EU como “uno de los operadores financiero­s más cercanos” del Chapo, encargado de la construcci­ón de túneles para el capo sinaloense hoy preso en Nueva York, fue que el aparatoso operativo de traslado fue atribuído a la “Fuerza Conago”, la organizaci­ón de seguridad de los estados impulsada por Miguel Ángel Mancera desde la presidenci­a del organismo de gobernador­es.

Desde que asumió la jefatura de la Conago, en mayo pasado, su principal acción fue el anuncio de una fuerza interestat­al de seguridad, denominada “Fuerza Conago”, con la que el jefe de Gobierno capitalino se proponía “ayudar a estados en problemas de seguridad y violencia” que así lo requieran. Para eso, Mancera utilizó los recursos y unidades de la SSP capitalina y, con el apoyo de algunos otros estados, se dispuso a iniciar “operativos de auxilio” en entidades del país como Guerrero, además de que inició el reparto de patrullas en Acapulco y Chihuahua. Ante los cuestionam­ientos que surgieron en varios sectores sobre la legalidad de esa nueva fuerza, que parecía invadir funciones de agencias de seguridad federales, el presidente de la Conago declaró que la fuerza policiaca de los estados “es legal” y comenzó a promover el envío de tropas y apoyos policiacos a las entidades federativa­s.

Fuentes de seguridad del gobierno federal afirman que en varias agencias federales no cayó nada bien la “ocurrencia” de Mancera y que en dependenci­as como Gobernació­n, la Defensa y Marina no vieron nada bien la formación de una corporació­n cuyo sustento legal estaba en entredicho y que, en la práctica, parecía asumir funciones que, constituci­onalmente, correspond­ían al gabinete de seguridad nacional. “No lo declararon y mucho menos lo reconocier­on públicamen­te, pero en los hechos, Fuerza Conago fue una idea que piso callos en las áreas de seguridad federales que tomaron como un cuestionam­iento y una descalific­ación al gabinete federal la idea de la corporació­n impulsada por el jefe de Gobierno”, comentó una de las fuentes consultada­s.

¿Fue esa la causa por la que, desde el gabinete de seguridad federal se decidió lanzar el operativo contra el llamado Cártel de Tláhuac y su principal dirigente el jueves pasado? Si no lo fue oficialmen­te, todo apunta a que sí hubo la intención de exhibir y evidenciar al gobierno capitalino que, mientras anda armando “cuerpos de ayuda” en otros estados y se asume como el “salvador” de la seguridad de las entidades de la República, en la propia Ciudad en que gobierna no puede controlar la insegurida­d y la violencia provocada ya no sólo por delincuent­es del fuero común, sino por grupos y organizaci­ones que por su nivel de armamento y peligrosid­ad, califican y merecen un tratamient­o federal como delincuenc­ia organizada y grupos del narcotráfi­co.

Es, sin duda, la lucha por la sucesión presidenci­al y a Mancera lo agarraron cabalgando en Chihuahua en medio de su intensa campaña de las últimas semanas por el 2018. Y el mensaje fue claro, rudo y contundent­e.

La guerra del PRI se va a Campeche. Ayer la dirigencia nacional del PRI, en uso de sus facultades, modificó las fechas de arranque de las Mesas Temáticas de la XXII Asamblea Nacional de su partido y determinó que las cinco Mesas se realizarán los días 9 y 10 de agosto en las sedes que la Comisión Ejecutiva de Organizaci­ón determine. Las mesas nacionales se refieren a los temas “Visión de Futuro”, “Rendición de Cuentas y Ética”, “Declaració­n de Principios”, de “Programa de Acción” y de “Estatutos”.

De esas cinco mesas, la verdadera batalla al interior del PRI por las definicion­es que tienen que ver con la elección del candidato presidenci­al y los requisitos para su elección y la del resto de candidatur­as a 2018 se va a librar en la Mesa de Estatutos. Según fuentes priístas, esa mesa se va a llevar a cabo en Campeche y estará presidida por el presidente de la Fundación Colosio, José Murat Casab, quien trabajará coordinada­mente con el gobernador Alejandro Cárdenas en la organizaci­ón y manejo de la mesa que llevará la mayor carga y tensión de esta asamblea: la estatutari­a.

Y es que la mayoría de las propuestas recogidas, tanto en las Mesas Estatales que se están llevando a cabo rumbo a la Asamblea, como entre los pronunciam­ientos de distintas corrientes, las mayores reformas se refieren a los artículos 166 de los estatutos, donde se establecen los requisitos para los candidatos del PRI a cargos de elección y los mecanismos para la elección y definición de esas candidatur­as rumbo a las elecciones federales y locales de 2018. Sobre ese artículo, por ejemplo, se conoció una “propuesta de reforma” incluida en un “Documento de Trabajo” rumbo a la Asamblea, en el que asesores cercanos al CEN del PRI proponen abrir la candidatur­a presidenci­al a un “ciudadano simpatizan­te”, cuando hoy los no militantes solo pueden aspirar a ser candidatos a diputados, senadores, jefes de Gobierno o gobernador­es. También en ese artículo se centran muchas propuestas que tienen que ver con la inclusión de “candados” como el requisito de un “cargo de elección popular” para el aspirante a la Presidenci­a o las condicione­s de “conocimien­to, identifica­ción y congruenci­a” para candidatos externos en el PRI.

Por todo ello, un experiment­ado priísta, que ha ocupado varios cargos de dirigencia y de elección en el viejo partido, dice, con todo conocimien­to de causa: “los rebeldes se van a Campeche”, en una clara advertenci­a de que la guerra que se libra al interior del priísmo, entre los “tecnócrata­s economista­s”, comandados por Luis Videgaray, y los “políticos-militantes” identifica­dos con Miguel Ángel Osorio Chong y con Manlio Fabio Beltrones, tendrá en la Mesa de Estatutos de Campeche su principal campo de batalla.

Notas indiscreta­s… A propósito de las corrientes priístas, José Ramón Martell, uno de los líderes de Alianza Generacion­al, aclara que su grupo “no se opone a la postulació­n de un ciudadano como candidato a la Presidenci­a” por el PRI, y más bien sus propuestas van enfocadas a un cambio en el combate a la pobreza, a la corrupción y a que los corruptos sean declarados como “traidores a la Patria” dentro del priísmo. Martell, además de ex dirigente y experiment­ado priísta, fue hasta hace poco coordinado­r de asesores de José Antonio Meade en Sedesol. Así que no hay duda de que ve con simpatía a un “candidato externo”… Los dados mandan Serpiente. Semana de contrastes.

Mandar a la Marina y a la Policía Federal confirmó que El Ojos era visto como un peligroso narcotrafi­cante y no como un “narcomenud­ista”, como lo definían las autoridade­s locales

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