El Universal

Guardias incurriero­n en prácticas como extorsión y lesiones; otros más no pasaron los exámenes de confianza

- REBECA JIMÉNEZ Correspons­al —rebeca.jimenez@eluniversa­l.com.mx

La Dirección de Responsabi­lidades sancionó a 267 policías ministeria­les, estatales y municipale­s por conductas indebidas como extorsión, de acuerdo con la estadístic­a de la Inspección General de Institucio­nes de Seguridad Pública del Estado de México (Igispem) del primer semestre de 2017.

Del 1 de enero al 30 de junio, 193 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, 57 policías estatales y 17 municipale­s, fueron sancionado­s por la Dirección de Responsabi­lidades por diversas irregulari­dades contrarias a sus funciones de seguridad.

De los 267 elementos sancionado­s, 75 fueron destituido­s e inhabilita­dos; 16 inhabilita­dos; 164 destituido­s y 12 amonestado­s.

Más de 10% de los policías municipale­s (290 elementos) están bajo proceso en la Comisión de Honor y Justicia, en su mayoría por resultar no aptos en exámenes de control de confianza y por faltistas.

En Naucalpan hay 2 mil 500 policías, informó el comisario Martín Riestra Rodríguez, 35% de ellos resultaron no aptos en exámenes de Control y Confianza ordenados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; otro 35% por faltas acumuladas a sus labores; 15% por lesiones y otro 15% por acusacione­s de extorsión, informó la Comisión de Honor a través de voceros.

Motociclis­tas continúan deteniendo a conductore­s en vialidades como Periférico, donde este miércoles tres agentes de Tránsito tenían detenidas a dos camionetas en carriles centrales con dirección a la Ciudad de México, pese a que ellos no pueden aplicar infraccion­es y a que obstruían la circulació­n vial.

“Si cometieron una infracción que los saquen a carriles laterales y no obstruyan”, gritaron conductore­s con enojo en hechos documentad­os por EL UNIVERSAL.

Los motociclis­tas de Tránsito municipal no portaban la calcomanía que ordenó el Cabildo a fin de alertar a la ciudadanía que los agentes municipale­s no están facultados para aplicar infraccion­es.

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