Washington promete actuar ante la crisis que vive Caracas
Vicepresidente Pence denuncia al régimen de Maduro; reclama democracia
Buenos Aires.— El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró ayer que su país “no puede quedarse de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba” y apuntó que la nación caribeña “se está convirtiendo en una dictadura”.
En un acto en la Bolsa de Buenos Aires, el vicepresidente estadounidense agradeció el “liderazgo” de Argentina a la hora de “repudiar al régimen de Nicolás Maduro”, aunque exhortó a todos los países de Latinoamérica a “hacer más” contra el Ejecutivo venezolano.
Tras reunirse horas antes con el presidente argentino, Mauricio Macri, Pence, de gira por Latinoamérica, invitó a los países de la región a tener la “certeza de que Estados Unidos va a continuar implementando todo el rigor de su poderío económico y diplomático” hasta que “se reinstaure la democracia” en Venezuela.
El vicepresidente estadounidense calificó a Venezuela de “Estado fallido”, y argumentó que una nación en esta situación “pone en peligro las fronteras” y “daña las economías” de los países de la región, al impulsar un mayor narcotráfico y “obligar” a los venezolanos a la emigración ilegal.
En Caracas, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada por personas afines al gobierno chavista, ratificó a los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fueron destituidos por el Parlamento opositor e impugnados por la ex fiscal Luisa Ortega. La decisión fue tomada minutos después de que el presidente del TSJ, Maikel Moreno, se subordinara a la Constituyente.
Los magistrados presentaron una serie de propuestas entre las que destaca elevar las penas de delitos como homicidios, terrorismo y traición a la patria. “Las penas de los delitos graves que más daño le hacen a la sociedad venezolana nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado” por delitos como homicidio, secuestro, traición a la patria, terrorismo, entre otros, que a su juicio deben ser castigados por más de 50 años, señaló Moreno. La actual Constitución establece que las penas privativas de la libertad no deben exceder los 30 años.
La Constituyente se pronunció además porque la justicia militar cese los procesos contra civiles detenidos durante las recientes protestas contra el presidente Maduro.
Según la ONG Foro Penal, unas 400 personas están privadas de libertad por órdenes de cortes marciales, de un total de 655 que fueran presentadas desde que comenzaron las protestas. Algunos fueron acusados por supuestos ataques a guarniciones militares, agresiones a uniformados o saqueos.