Líder panista: el gobierno federal me está atacando
El presidente del PAN envía mensajes y asegura que lo ataca el gobierno
El presidente del PAN, Ricardo Anaya, negó haberse beneficiado de la enajenación que realizó el gobierno de Querétaro en 2007 de terrenos expropiados en 1997 y que fueron comprados a un particular en 2014 por la empresa Juniserra, que es propiedad de él y de su familia política.
Anaya envió ayer esta respuesta vía WhatsApp a funcionarios del área editorial de este diario y acusó al gobierno federal de orquestar una campaña en su contra.
Los mensajes llegaron luego de que EL UNIVERSAL publicó que Anaya, quien fue colaborador del gobernador Francisco Garrido, adquirió por medio de su empresa Juniserra un lote en Querétaro por 10.1 millones de pesos, que después vendió por 53.7 millones.
En conferencia de prensa, Anaya aceptó que compró el predio, pero rechazó haber contado con información privilegiada.
Sostuvo su teoría del ataque con un peritaje que, según él, demuestra que las fotos que este medio publicó el miércoles pasado fueron sacadas de los pasaportes, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Otra vez el gobierno federal miente para desprestigiarme (...) No cederemos en el tema del fiscal general que pretenden imponer” RICARDO ANAYA Presidente del PAN
El presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, envió mensajes de texto por WhatsApp para acusar al gobierno federal de orquestar una campaña en su contra.
Los mensajes llegaron incluso a integrantes del cuerpo directivo de EL UNIVERSAL.
Esto, luego de que El Gran Diario de México publicó que la empresa Juniserra, donde su suegro Donino Martínez es socio, compró un lote en Querétaro por 10.1 millones de pesos, que revendieron por 53.7 millones.
Anaya formó parte del gobierno de Francisco Garrido Patrón, que en 2007 emitió un decreto para enajenar La Machorra, donde se construyó el Parque Industrial Tecnológico Innovación Querétaro y, como parte de Juniserra, compró el lote 82 a la empresa Park Development.
En 2006 vendió el lote, ya equipado con bodegas, en 53.7 millones de pesos, y compró otro por 23.5 millones de pesos.
Aquí se reproduce íntegro el mensaje de WhatsApp:
“Otra vez el Gobierno Federal, a través de EL UNIVERSAL, miente para desprestigiarme. Ahora dicen que me beneficié de una expropiación que ocurrió en 1997. En esas fechas yo tenía 17 años, iba en tercero de preparatoria, no militaba en ningún partido ni mucho menos trabajaba en el gobierno. Ese terreno industrial lo compré en 2014 (17 años después), a 66 dólares por metro cuadrado (precio de mercado) y no se lo compré al gobierno.
“Se lo compré a una empresa de accionistas extranjeros [estadounidenses] llamada Park Developemet. Hoy [ayer] demostraré que es el Gobierno Federal quien está detrás de esta campaña de desprestigio y el miércoles presento la demanda contra EL UNIVERSAL por las mentiras de la semana pasada.
“Estoy seguro de que un juez federal me dará la razón. Aunque me sigan difamando, no cederemos en el tema del fiscal general que pretenden imponer para garantizarse impunidad”, decían los mensajes.
Acepta compra. Más tarde, Anaya Cortés aceptó en conferencia de prensa haber comprado, junto con su suegro Donino Martínez y familiares, una nave industrial por 53 millones de pesos en 2014, pero rechazó contar con información privilegiada a la hora de hacer la adquisición.
Dijo que siempre se ha conducido con “absoluta ética y rectitud”, y que jamás ha usado “ni usaría información privilegiada” para su beneficio, por lo que descartó que como secretario particular de Garrido Patrón, haya contado con datos que le permitieran hacer una mejor compra.
Anaya insistió en que lo publicado por EL UNIVERSAL ha sido promovido por el gobierno federal. Dijo que tras un peritaje en fotografía forense, se puede constatar que las fotos de sus familiares políticos que aparecieron en la edición del miércoles 23 de agosto, presentan elementos para deducir que fueron sacadas de los pasaportes.
Aseguró que las fotografías e información las proporcionó el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Haber usado estas fotografías los delata, pero además violaron la Ley General de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados”, externó.
Dijo que ante lo que interpreta como constantes ataques en su contra, presuntamente orquestados por el Gobierno Federal, es que analiza presentar una denuncia ante una instancia internacional, debido a que han sido vulnerados los derechos humanos de él y de su familia política ante la falta de confianza en las instituciones mexicanas, como la PGR.