Ricardo Raphael
“En caso de triunfo, en julio del 2018, el Frente Ciudadano buscaría impulsar a Miguel Ángel Mancera como el primer fiscal general autónomo de la República”.
Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado han apostado todo el capital político con el que cuentan para ir juntos a las elecciones de 2018. Desde hace meses se reúnen en casa del tercero para discutir meticulosamente cada pieza del acuerdo.
Hay un tema que desde el principio ha sido fundamental para que su estrategia prospere: ofrecerle a Miguel Ángel Mancera un puesto suficientemente importante como para que desista de competir en solitario por la candidatura presidencial.
El martes pasado la negociación dio su primer fruto. Los tres partidos anunciaron formalmente sus intenciones ante el INE. Fue un acto ritual que sirvió para darse ánimos de cara a la siguiente ronda de negociaciones, que será la más difícil.
En principio resulta obvio que este frente tendrá un candidato panista a la Presidencia. Cuestión de ver cualquier encuesta para entender por qué. El partido azul le saca al menos treinta puntos de preferencia efectiva al amarillo y casi cuarenta a Movimiento Ciudadano.
El próximo paso para que no se rompa la alianza radica en que los precandidatos Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle encuentren un método aceptable a la hora de resolver sus respectivas ambiciones.
No se necesita ser profeta para saber que, si dentro del PAN se descomponen las cosas, el Frente Ciudadano nacerá mal herido. En las próximas semanas los azules tendrán que hacer mucha política para decidir si eligen candidato por vía de encuestas o a través de los órganos directivos. Esa sola disyuntiva se antoja cardiaca.
Por otra parte, el acuerdo de la mesa tripartita de negociaciones indica que al PRD le tocará la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Un cargo que casi de manera natural obtendría otra de las negociadoras, Alejandra Barrales, o quizá Agustín Basave, quién también ha jugado un papel importante en estas conversaciones.
Sin embargo, la gran incógnita de esta ecuación la impone el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Él también ha sido promotor intenso de la construcción del frente y, sin embargo, no es evidente el beneficio que podría obtener con ello.
Es imposible que el PAN ceda la candidatura presidencial, tampoco puede Mancera repetir como alcalde de la capital y una senaduría le quedaría pequeña como premio de consolación.
Sólo hay un cargo capaz de resolver el rompecabezas. En caso de triunfo, en julio del 2018, el Frente buscaría impulsar al actual jefe de gobierno como el primer fiscal general autónomo de la República; un puesto que según está estipulado por la Constitución, le daría vida política hasta el año 2027.
Esta pieza es clave de bóveda de todo el entramado político que hace tiempo se traen entre manos los constructores del frente. A la vez sería la explicación más plausible de por qué Ricardo Anaya encabezó la ruptura de acuerdos contraídos previamente por el PAN con el gobierno de Enrique Peña Nieto, para respaldar el nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como futuro fiscal general.
De haberse mantenido aquel arreglo se habría anulado toda viabilidad para el frente. Anaya y demás socios están empeñados en bajar a Cervantes para subir a Mancera porque, de otra forma, la estrategia electoral que han planeado para 2018 estaría muerta.
ZOOM: Paralizarán el Congreso, el presupuesto y todo lo que sea necesario con tal de que el PRI apruebe la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para eliminar el pase automático del procurador Cervantes Andrade. Que Miguel Ángel Mancera ocupe ese puesto es central para que prospere el Frente Ciudadano. Lo demás es lo demás.