“No se va a cumplir meta de construir viviendas en 2017”

Se edificarían 20 mil casas para trabajadores, van 8 mil, admite “Atorón” es por candados en la ley y alza de materiales, explica

Aunque los constructores de vivienda proyectaron hacer 40 mil hogares en la Ciudad de México entre 2017 y 2018, la meta luce lejana con sólo 8 mil en lo que va del año, informó Lydia Álvarez Marina, presidenta de la delegación Valle de México de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

A principios de año entró en vigor una norma para incentivar la edificación de casas para trabajadores y cumplir con 20 mil viviendas por año; sin embargo, la medida no ha sido suficiente y el “atorón” se debe a la falta de publicación del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), a nuevos candados en la Ley de Propiedad en Condominio local y al alza en precios de materiales de construcción, explicó la empresaria.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Álvarez Marina aseguró que aún es posible hacer vivienda popular en la capital, pero el principal reto es acabar con la especulación por parte de los propietarios de la tierra para que los precios bajen.

También urgió a etiquetar los pagos por derechos de manifestaciones de construcción y medidas de mitigación, para que realmente se usen en mejoras a la infraestructura de la Ciudad y zonas donde se hacen nuevos inmuebles; aceptó que ante los abusos de constructores a la ley, este gremio debe ser más respetuoso.

¿Aún es posible hacer vivienda popular en la Ciudad de México?

—Aún se está haciendo algo de vivienda popular, que ronda 1.3 millones de pesos en la Ciudad, pero cada vez nos cuesta más trabajo, los materiales de construcción han subido mucho. Sin embargo, lo esencial es que la tierra ha tenido un incremento terrible y el único beneficiario es el dueño de la tierra (…), la única manera de bajar el precio es evitar la especulación con los terrenos y dar verticalidad donde las condiciones urbanas lo permitan.

¿Cuáles son las cifras de Canadevi sobre producción de vivienda?

—La ciudad requiere 70 mil viviendas al año, en 2016 hicimos 13 mil y este año estamos atorados en 8 mil. Con la norma de vivienda [para trabajadores] queríamos detonar y llegar a las 20 mil y estamos detenidos totalmente por una ley condominal que salió y que obliga a una fianza que es inviable, no se puede sacar. Ya se prometió una modificación a la misma, pensamos que con los cambios podemos llegar a la cifra.

Lydia Álvarez recordó que en marzo pasado se publicaron reformas a la Ley de Propiedad en Condominio; uno de los cambios condiciona la creación de un régimen de propiedad condominal a contar con una póliza de fianza que el propietario del inmueble deberá entregar a la delegación, para garantizar la conformidad de la construcción con el proyecto y, en su caso, el cumplimiento de las medidas de mitigación que se les haya pedido.

¿Qué inversión estiman realizar?

—50 mil millones de pesos si logramos las 40 mil viviendas en dos años. Hoy la inversión es de 10 mil millones de pesos con las 8 mil unidades que ya fueron construidas.

A los vecinos les da miedo que a lado de su casa se construya un edificio muy alto, sobre todo por posibles daños y abuso a la ley, ¿se vale verticalizar la Ciudad?

—Hay zonas donde va a llegar la verticalidad, por ejemplo en la Calzada Ignacio Zaragoza, seguro te va a llegar la verticalidad pero también es bueno porque le da más valor a tu patrimonio, lo que no se vale es que [los que se oponen a las construcciones] digan “aquí no se mueve nada y el que grite más duro es el que va a ganar”, porque la falta de vivienda accesible ha expulsado a habitantes en la capital de la República, entendamos que tenemos que ceder al crecimiento, porque no somos la misma Ciudad que hace 50 años.

¿Qué hacen con los constructores que abusan de las normas?

—Lo que hacemos es expulsar a un desarrollador que violó la ley, pero hasta el momento no hay nadie de la Canadevi en la lista de inmuebles que el gobierno sancionó con demoliciones por rebasar la altura permitida.

¿Qué ocurre con las obras de mitigación?

—Se paga muchísimo dinero por eso, el problema es que no se ve en la zona donde se está construyendo, se va a la Tesorería y probablemente se usa en cuestiones de la Ciudad.

No estoy diciendo que se desvíen recursos, sino que se usan para objetivos diferentes para los cuales fueron pagados. Lo que estamos pidiendo encarecidamente es que se etiqueten esos recursos y se está pidiendo se genere una comisión de infraestructura, que todos esos recursos se pongan ahí, se cambien tuberías.

¿Cuánto aportan?

—Por concepto de pagos de derechos de mitigación y licencias de construcción al año se paga al menos 3 mil 500 millones de pesos. Creo que un porcentaje sí debería aplicar en la zona donde se haga una obra, para mejoras al espacio público y en corrección de tuberías secundarias.

Álvarez dijo que es necesario aprobar el Programa General de Desarrollo Urbano para dar congruencia a la normatividad de la Ciudad y que el crecimiento sea lo más homogéneo posible en la capital y no sólo en algunos sitios mediante normas particulares.

Como ejemplos mencionó las normas particulares creadas para Paseo de la Reforma, la lateral del Periférico o Santa Fe, donde ha surgido un

“boom inmobiliario” que libera un poco la presión pero terminan por concentrar muchas obras en algunos corredores viales, lo que “asfixia” a quienes ya vivían ahí antes de estos ordenamientos.

“El programa general es un esfuerzo por reunificar la cantidad de normas particulares y zonas que existen para que haya más lógica, su principal argumento es reconvertir la Ciudad para que volvamos a traer a la gente que se tuvo que ir”, aseguró la titular de la Canadevi Valle de México y comentó que para ello se pretende redensificar zonas céntricas en la actualidad desaprovechadas e inseguras.

“Si uno lee el programa no está en peligro ningún pueblo o zona patrimonial, estamos dando una congruencia al crecimiento urbano en la Ciudad y sí, impulsando la vivienda vertical, empezar a hacer edificios más altos”, agregó.

Explicó que los problemas de desarrollo urbano se remontan al terremoto de 1985, donde se cayeron muchas construcciones, por lo que después se generó una normatividad “a partir del temor”, la cual, enfatizó, es muy restrictiva en cuanto a alturas y en la que los usos de suelo “son ley como en ningún otro lugar del país”.

Recordó el bando dos de Andrés Manuel López Obrador, que tenía una buena intención, repoblar cuatro delegaciones centrales, pero al final afectó porque desde entonces los precios subieron mucho en la Ciudad debido a que no se cambió la política “de usos de suelo” y otro efecto fue que se agravó la expulsión de habitantes.

Dijo que al parecer “ganó la parte política” en la Asamblea Legislativa, donde el Programa General de Desarrollo Urbano se volvió a abrir a consulta, por lo que llamó a aprobarlo lo más pronto posible, pues aseguró que el proyecto sí se hizo con participación ciudadana. b