15 ediles han declarado ante MP por moches
San Luis Potosí.—Quince alcaldes potosinos han rendido su declaración ante el Ministerio Público sobre la red de corrupción impulsada desde el Congreso local y la Auditoría Superior de Estado (ASE) para el blanqueo de cuentas públicas de las administraciones municipales mediante el pago de moches.
El visitador de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJRE), Oliver Meade Herveth, informó: “Los munícipes fueron requeridos para que rindieran sus testimonios en calidad de testigos. Entre ellos, están los de Villa de Reyes, Moctezuma Zaragoza y Santa María del Río”.
Luego de la difusión del video en el que se ve al diputado Enrique Flores Flores, ahora con licencia, negociar con el presidente municipal de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, el pago de 4 millones de pesos a cambio de limpiar su cuenta pública, la fiscalía citó “a la mayoría de los 58 alcaldes” de la entidad; sin embargo, sólo 15 han acudido hasta esta fecha.
Fue el pasado 12 de junio cuando Enrique Flores apareció en la grabación y se le relacionó al cobro de moches a sus homólogos Óscar Bautista (PRI), J. Guadalupe Torres (PRD), a Manuel Barrera Guillén y a la Auditoría Superior del Estado (ASE). De los cuatro legisladores implicados tres pidieron licencia al cargo y pese a las críticas en su contra Barrera Guillén permanece activo. El 31 de agosto, la PGJE solicitó por escrito al Congreso estatal iniciar la declaración de procedencia en contra del legislador con licencia Enrique Flores Flores debido a la denuncia por extorsión que presentó en su contra el alcalde de Ébano. La dependencia entregó el documento a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo para que se le dé el trámite respectivo.
Desafuero de magistrados. En la misma fecha, la fiscalía solicitó al Congreso local llevar a cabo el juicio de procedencia en contra de los magistrados del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Rigoberto Garza de Lira, Oskar Kalixto Sánchez, por los probables delitos de discriminación, ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad y falsificación de documento en contra de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes.
La magistrada formuló denuncia de hechos con apariencia de delito por lo que se integra un expediente en la Procuraduría de Justicia.
Antes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencia dentro del expediente SUPJDC-4370/2015, en la que quedó acreditada la violencia política, discriminación y acoso laboral de Pedroza Reyes.
La magistrada reveló que los magistrados la intimidaban para que renunciara al cargo.