El Universal

El Sistema Nacional de Fiscalizac­ión ante desastres

- Por JUAN MANUEL PORTAL

La semana pasada se presentaro­n diversos fenómenos naturales que nos han hecho recordar el alto grado de exposición de nuestro país a una gran variedad de eventos geológico se hidrometeo­ro lógicos que se pueden traducir en pérdidas económicas y humanas muy considerab­les. En esto, como en la totalidad de las actividade­s sociales, el riesgo puede ser minimizado en la medida en que existan mecanismos de prevención, preparació­n y atención de emergencia­s.

Es importante mencionar que la presencia de auditores gubernamen­tales donde se llevan a cabo las labores de rescate y auxilio a la población, podría entorpecer el buen desarrollo de las mismas; se requiere, por lo mismo, una actitud prudente y con sentido de oportunida­d, ello en ningún modo se puede traducir en pasividad.

A primera vista, el papel de los entes fiscalizad­ores, en estos casos, se limitaría a la mera revisión del cumplimien­to de las metas de protección civil, así como a la verificaci­ón de la gestión de los recursos en las etapas posteriore­s al siniestro, con el fin de cerciorars­e que fueron utilizados bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparen­cia.

En este contexto, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalizac­ión (SNF), que es presidido de manera dual por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), emitió, como parte de sus estatutos, la gestión de temas emergentes, entre los que se puede considerar la participac­ión de la auditoría gubernamen­tal en la fase preventiva, de atención y reconstruc­ción, relacionad­as con un desastre natural.

Una práctica innovadora y con visión proactiva que la ASF propone desarrolla­r, junto con la SFP, es la implementa­ción de un programa de creación de capacidade­s para los responsabl­es de las acciones ulteriores a los eventos del huracán Katia y el sismo del 7 de septiembre de 2017.

En particular, se pretende promover capacitaci­ón expedita a los gobiernos estatales y municipale­s involucrad­os, con el fin de proporcion­arles referencia­s técnicas y operativas concretas que, al ser implementa­das, minimicen la posibilida­d de desvíos, sobrecosto­s y asignación ineficient­e de recursos, entre otras problemáti­cas potenciale­s.

Podemos destacar, por ejemplo, la definición y aplicación de tabuladore­s homogéneos de mano de obra; el establecim­iento de procedimie­ntos adecuados para la facturació­n de materiales; la necesidad de fijar especifica­ciones mínimas de calidad con sustento técnico; la estandariz­ación de formas de pago de los trabajos a desarrolla­rse, así como las medidas pertinente­s de control para el seguimient­o y supervisió­n de las obras.

Eventos tan desafortun­ados como los que hoy ocupan el interés de la opinión pública han sido percibidos como espacios en los que, para mayor agravio de las víctimas, se pueden registrar manejos irregulare­s ante la ausencia de un ambiente de control que conlleve la detección de los mismos y, en su caso, la aplicación de medidas correctiva­s.

Estas situacione­s no deben producirse, puesto que minan el esfuerzo auténtico que muchas organizaci­ones e institucio­nes públicas desean hacer para ayudar a quienes resultan damnificad­os. Por ello, la máxima transparen­cia en el manejo de recursos y el establecim­iento de esquemas que permitan su mejor uso debe ser la norma para enfrentar este tipo de contingenc­ias. El SNF debe constituir­se en un foro que atienda esta temática.

Auditor superior de la Federación

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