Alejandro Hope
“En el tema de la fiscalía, a final de cuentas es más relevante la estructura que tendrá que el mecanismo para designar y remover fiscales”.
En estos días, no parece haber tema más importante en México que la identidad del primer fiscal general de la República. Desde hace varios meses, y con más intensidad en la última quincena, se ha argumentado que no puede haber fiscalía autónoma sin fiscal autónomo, que no se puede despolitizar la justicia si de origen hay un nombramiento político en la principal institución de procuración de justicia del país.
Eso es cierto e importante. Pero no es ni puede ser el tema central de la discusión. A final de cuentas, es más relevante la estructura de las fiscalías que el mecanismo para designar y remover fiscales.
Sobre esto, varios han escrito en estos días. Por ejemplo, Ana Laura Magaloni argumentaba recientemente que “lo que realmente cimienta la autonomía de la Fiscalía es la fortaleza de la institución, no la cabeza de la misma”. Por esa razón, pedía que la nueva Fiscalía no surja de la estructura de la PGR, sino que sea creada de cero y que, durante un periodo, coexista con una procuraduría que gradualmente pierda funciones.
Una visión aún más radical ha sido propuesta por Bernardo León, comisionado de Seguridad Pública en el municipio de Morelia, Michoacán, y una de las mentes más lúcidas en la discusión nacional sobre seguridad y justicia.
Hace un mes, en un foro organizado en el Senado sobre el sistema de justicia penal, el comisionado León afirmó lo siguiente: “la barbaridad más grande en nuestro sistema es este endiosamiento que tenemos con el Ministerio Público. Creamos un monstruo de mil cabezas que a la vez es policía, fiscal, mediador y juez.”
Y como el Ministerio Público hace todo, poco hace bien. El remedio pasa entonces por redefinir radicalmente sus funciones. Entre otras cosas, León propone lo siguiente:
—Las denuncias de delitos deben ser recibidas directamente por la policía (como sucede en la mayor parte del mundo), no por las fiscalías. Asimismo, se debe eliminar la necesidad de ratificar una denuncia. Con esas dos medidas, se obviaría la necesidad de contar con agencias del Ministerio Público.
—La puesta a disposición de un detenido debe ser directamente ante un juez, no ante el MP. Y el proceso debe tomar horas, no días. El MP no debe ser intermediario entre el juez y la policía para solicitar actos de molestia. Es decir, un investigador de la policía debería de poder ir directamente ante un juez para, por ejemplo, pedir una orden de cateo.
—Las fiscalías no deben contar con sus propias policías. Eso significaría acabar con las policías ministeriales y trasladar sus funciones de investigación a las policías hoy llamadas preventivas.
—En el mismo sentido, los servicios periciales deben ser un brazo de policía científica, mejor ubicados en corporaciones policiales que en las fiscalías.
En la visión del comisionado León, las fiscalías deben ser organizaciones mucho más compactas, orientadas a armar expedientes y procesar casos ante los tribunales, no a recibir denuncias o investigar delitos. Deben ser concebidas como los defensores de la sociedad y las víctimas, no como los abogados del gobierno, no como policías, no como jueces. Ahora, es posible que varios abogados o policías o jueces o ciudadanos de a pie tengan objeciones a una propuesta de esa naturaleza. Y es también posible que varias de esas ideas no sean viables en el corto plazo.
Pero, como sea, es el tipo de ideas y propuestas que deberían de ser el centro de la discusión, no el nombre o el proceso de designación del primer fiscal. El problema no es (por completo) Raúl Cervantes, sino la institución que preside. Sí, debemos oponernos al fiscal carnal, pero también, con mismo vigor, a la fiscalía disfuncional.